Ritchie Torres presenta proyecto para eximir de leyes de cabotaje a productos energéticos transportados a Puerto Rico

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Nueva York – Tres representantes en la Cámara federal, incluyendo el demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, presentaron legislación que busca enmendar las leyes de cabotaje con el fin de abaratar los costos de energía en territorios como Puerto Rico.

Torres, de origen puertorriqueño; Ed Case, demócrata de Hawaii, y el delegado republicano de Guam, James Moylan, introdujeron en la Cámara de Representantes la “Ley de Alivio y Acceso a la Energía para Zonas No Contiguas” mediante la que se busca enmendar el título 46 del Código de Estados Unidos para permitir el transporte de “productos energéticos” en embarcaciones a las que se aplican las leyes de cabotaje entre puntos en los Estados Unidos a puertos en Alaska, Hawái, Guam o Puerto Rico.

Básicamente, esos productos estarían exentos de las disposiciones de ley federal.

Según el texto de la legislación, que tiene fecha del 29 de abril, productos energéticos se refiere a cualquier equipo, componente de equipo o fuente de energía para la generación, almacenamiento, transmisión y distribución de electricidad.

Los legisladores argumentan que, de ser aprobada, la medida se traduciría en una reducción en los costos de energía para familias y empresas en estados y territorios no contiguos; ampliaría las oportunidades para las empresas energéticas estadounidenses y la producción nacional de energía; y mejoraría el acceso a infraestructura energética crítica, incluyendo generación, distribución y transmisión.

La Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida popularmente como Ley Jones o leyes de cabotaje, establece que solo embarcaciones construidas en Estados Unidos, de propiedad estadounidense, con bandera estadounidense y con tripulación del país norteamericano pueden transportar mercancías entre puertos estadounidenses. Las limitaciones que impone la ley obligan a jurisdicciones como Puerto Rico a importar recursos energéticos de países extranjeros, ya que no hay suficientes buques calificados disponibles para transportar los producidos en territorio continental.

A juicio de los legisladores, esto restringe la habilidad de estados y territorios para acceder a productos energéticos domésticos.

“Por ejemplo, estudios han demostrado que Hawaii y Puerto Rico a menudo dependen más de fuentes de energía extranjeras que de la energía proveniente de Estados Unidos continental, simplemente porque es más accesible bajo las regulaciones actuales. Recientemente, la naviera estadounidense Crowley logró reabanderar un buque cisterna de gas natural licuado (GNL) de fabricación francesa aprovechando una laguna legal para suministrar GNL a Puerto Rico; sin embargo, es poco probable que este éxito aislado sea una solución escalable”, expone el comunicado de prensa en el que se anunció el proyecto de ley.

Para Guam, una exención a la Ley Jones podría significar una reducción a los costos de envío. En el caso de Alaska, a pesar de sus vastos recursos de petróleo y gas natural, la energía no puede enviarse eficientemente a otras regiones debido a la escasez de buques que cumplan con las normas.

En Puerto Rico, donde una de las discusiones clave relacionadas con la crisis energética es la falta de generación que se traduce en apagones constantes, este asunto reviste particular importancia.

El enfoque de la gobernadora Jenniffer González va precisamente en la línea de impulsar la conversión de más plantas eléctricas a gas natural para entender el déficit de generación.

“El alto costo de la energía en lugares como Puerto Rico, Guam, Hawaii y Alaska no es inevitable: es el resultado de políticas obsoletas que ya no sirven al interés público. La Ley Jones se ha convertido en una barrera para el acceso y la asequibilidad de la energía en regiones no contiguas, y es hora de cambiar eso. La Ley de Alivio y Acceso a la Energía para Zonas No Contiguas es una reforma sensata que reducirá los costos de la energía, fortalecerá las cadenas nacionales de suministro de energía y brindará un alivio largamente esperado a millones de estadounidenses que se ven injustamente agobiados por estas limitaciones”, consideró Torres.

El representante del Distrito 15 de NY ha seguido de cerca la crisis energética en Puerto Rico. Sus esfuerzos incluyen el envío de cartas oficiales, y la presentación de varias resoluciones y proyectos de ley dirigidos a atender el problema energético que recientemente se tradujo en un apagón masivo que dejó a más de 1 millón de boricuas en la isla sin el servicio durante Semana Santa.

El 24 de abril pasado, Torres junto al representante republicano de Nueva York, Nick Langworthy, le envío una carta al secretario del Departamento de Energía (DOE), Chris Wright; al administrador interino de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), Cameron Hamilton; el administrador de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), Lee Zeldin, y al director interino de Servicio de Pesca y Vida Silvestre, Paul Souza, sobre la necesidad de que LUMA Energy avance con los trabajos de despeje de vegetación en las líneas eléctricas para reducir los apagones en Puerto Rico.

“La abundancia de vegetación en Puerto Rico está generando escasez de energía confiable y asequible. Si bien la limpieza de vegetación tiene el potencial de reducir los apagones a casi la mitad, el progreso ha sido extremadamente lento. De las 16,000 millas que necesitan limpieza, solo 80 millas se han abordado en los últimos años. El principal obstáculo no es la falta de fondos ni de mano de obra, sino la maraña burocrática del gobierno federal, una metáfora adecuada para el problema en cuestión”, expusieron Torres y Langworthy en el documento.

En febrero pasado, Torres presentó una resolución para pedirle al presidente Donald Trump y a las agencias federales correspondientes a que tomen acción inmediata para atender la crisis de la red eléctrica y reconstruir el sistema.

Pocos días antes, junto a los también demócratas en la Cámara, Darren Soto (Florida) y Pablo José Hernández (comisionado residente en Washington D.C.), envió una carta a Trump en la que le pide que declare una emergencia energética en la isla.

En la misiva, en la que se hizo referencia al apagón masivo reportado en diciembre pasado en la víspera de Año Nuevo, el trío solicita intervención ejecutiva para agilizar el proceso de reconstrucción de la red eléctrica en la isla.

“El acercamiento actual bajo los planes y programas de recuperación federal existentes- particularmente esos enfocados en la infraestructura a largo plazo- no han sido suficientes para atender los retos inmediatos que enfrentamos. Puerto Rico necesita un acercamiento expedito y práctico para estabilizar la red a corto plazo y construir la resiliencia necesaria para resistir futuros desastres naturales e interrupciones inesperadas”, indicaron.

En septiembre del año pasado, Torres presentó legislación para que se autorizara al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos a brindar asistencia a Puerto Rico ante la falta de generación y los constantes apagones.

La legislación ordenaba al Secretario del Ejército, a través del Jefe de Ingenieros, que, con previa solicitud, proporcione asistencia temporal para contribuir a la estabilización de la red eléctrica y para otros fines. En un plazo máximo de 10 días, tras recibir el pedido de asistencia de un estado o territorio afectado, el secretario podrá proporcionar asistencia para la estabilización, incluyendo asistencia técnica, generación de electricidad temporal, equipos, etc.

La asistencia se prestará hasta que el secretario, en coordinación con el estado o territorio, determine que la red eléctrica se encuentra estabilizada. El proyecto de ley además disponía para que los comités de la Cámara de Representantes y el Senado presentaran un informe con datos sobre los niveles de generación, el progreso en la estabilización de la red eléctrica, las asignaciones adicionales necesarias y el cronograma para la finalización de las obras.

El proyecto de ley presentado esta semana revive un tema que durante eventos de emergencia como huracanes tiende a ser uno de los que acapara la discusión dentro y fuera de Puerto Rico.

En el 2017 y tras el embate de María en la isla, se concedió una exención de 10 días a las disposiciones de las leyes de cabotaje tras un pedido del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

La intención era facilitar el flujo de suministros de emergencia.

Durante el periodo de prórroga, se permitió transportar productos desde Estados Unidos a Puerto Rico en barcos extranjeros.

Tras el huracán Fiona, en el 2022, el gobierno federal concedió una exención temporal y limitada de la Ley Jones para recibir envíos de combustible.

Para esa fecha, la también representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, presentó una legislación para permitir exenciones a las leyes de cabotaje para barcos u operadores que provean asistencia por desastre a Puerto Rico.

La congresista también envió una carta al entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para que dejara sin efecto por un año las disposiciones de la Ley Jones, ya que limitaban el ingreso de barcos extranjeros con suministros a Puerto Rico.