La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este jueves que la administración del presidente Donald Trump exija que los solicitantes de pasaportes sean identificados en el documento según su sexo biológico al nacer en lugar de su identidad de género.
La decisión representa un nuevo golpe para los derechos de las personas transgénero y no binarias en el país, en un contexto donde la mayoría conservadora del tribunal ha impulsado cambios significativos en la política de reconocimiento de género.
La medida es consecuencia directa de una orden ejecutiva firmada por Trump después de asumir su segundo mandato en enero. En este documento, la Casa Blanca establece que solo existen dos sexos reconocidos oficialmente, masculino y femenino, lo que pone fin a la posibilidad de elegir una tercera opción, la “X”, reservada para personas no binarias, intersexuales o de género no conformista en los pasaportes estadounidenses.
En aplicación de la orden ejecutiva, el Departamento de Estado comenzó a requerir que los pasaportes emitieran como información fundamental el sexo asignado al nacimiento, marcado con “M” o “F”. Esta política revierte la normativa establecida durante la administración de Joe Biden, periodo en el cual se permitía seleccionar la opción “X” en los pasaportes desde octubre de 2021.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) inició un desafío judicial contra la nueva política por considerar que discrimina a las personas transgénero y no binarias. Un juez federal de distrito ordenó reanudar la emisión de pasaportes con marcador “X”, sentencia que fue sostenida en apelación. Sin embargo, el Departamento de Justicia, liderado por los abogados del gobierno, recurrió al Supremo para solicitar la suspensión urgente de esas órdenes.
El alto tribunal, a través de un auto breve y sin firma, falló a favor de la administración Trump permitiendo que la política se mantenga mientras continúan los litigios en instancias inferiores. En el texto de la mayoría se argumentó que mostrar el sexo de nacimiento en el pasaporte “no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”.
Los tres jueces de tendencia progresista presentaron una disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson escribió que la política “provoca un daño inmediato sin justificación suficiente”, afirmando que deriva directamente de la orden ejecutiva de Trump, que describía la identidad transgénero como “falsa” y “corrosiva”. Los disidentes subrayaron que portar pasaportes que no reflejan la identidad de género expone a las personas transgénero a un mayor riesgo de violencia, acoso y discriminación, incluyendo denuncias de agresiones sexuales, cacheos forzosos e interrogatorios en controles de seguridad.
Imagen de archivo de la jueza Ketanji Brown Jackson junto al presidente Joe Biden el 8 de abril de 2022 (REUTERS/Kevin Lamarque)Al respecto, Jon Davidson, asesor sénior de la ACLU, criticó la decisión de la Corte Suprema y aseguró que la batalla legal continuará: “Esto apaga la libertad de todos para ser ellos mismos y alimenta el clima de hostilidad que la administración Trump ha generado contra las personas transgénero y sus derechos constitucionales”. Davidson añadió: “Seguiremos luchando contra esta política y trabajando por un futuro donde nadie sea privado de la autodeterminación sobre su identidad”.
La postura del gobierno se sostiene en consideraciones sobre identificación confiable y seguridad en documentos oficiales. El procurador general D. John Sauer señaló ante el tribunal que permitir a cualquier persona decidir su marcador de sexo dificulta los sistemas de identificación y que la autoridad para regir los pasaportes corresponde constitucionalmente al presidente, dada su relevancia para asuntos de política exterior.
Desde mediados de los años setenta, los pasaportes estadounidenses incluyen el marcador de sexo. Los requisitos para modificar este dato fueron flexibilizándose a partir de la década de 1990 y, bajo Biden, se eliminó la exigencia de documentación médica para cambiar el género o elegir la opción “X”.
Esta decisión del Supremo se enmarca en una serie de resoluciones favorables a restricciones impulsadas por el ejecutivo, entre ellas una prohibición de la atención sanitaria de transición para menores transgénero y otra sobre la participación de personas trans en competencias deportivas femeninas.
Algunos demandantes mencionaron temores a situaciones de riesgo al usar un pasaporte que no refleja su identidad o expresión de género ante controles fronterizos, citando casos de detenciones y rechazos. La administración Trump sostiene que las medidas son necesarias para mantener la integridad y fiabilidad de los documentos oficiales. La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo, afirmando que existen “dos sexos” y que el Departamento de Justicia continuará defendiendo esa “verdad simple”.
(Con información de AFP, AP y EFE)
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