Reducción de fondos para la Defensoría del Pueblo llega en el peor de los momentos para Colombia, dice HRW: ¿cuáles son las razones?

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) presenta este lunes una crítica a los recortes propuestos por el Gobierno colombiano al presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026, ya que constituyen una grave amenaza para la protección de los derechos humanos, en un momento en que la violencia se intensifica y el país se prepara para un proceso electoral de alto impacto.

LEA TAMBIÉN

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Gustavo Petro, la Defensoría sufriría una disminución de hasta el 3 % en su financiación con respecto a 2025.

En cifras concretas, esto equivaldría a un déficit de 32,3 millones de dólares, lo que representa un 9,7 % menos del monto que la entidad considera necesario para garantizar un funcionamiento eficaz en 2026.

Más preocupante aún, sostuvo la organización en un comunicado que EL TIEMPO conoció de forma anticipada, es el recorte del 30% a los recursos de inversión, cruciales para expandir operaciones en zonas afectadas por la violencia y fortalecer el monitoreo de riesgos.

Según HRW, la Defensoría había solicitado un modesto aumento para 2026, no solo para compensar una inflación cercana al 5 % anual, sino también para responder al recrudecimiento de la violencia política y social en Colombia.

Iris Marín, actual defensora del Pueblo, advirtió recientemente ante la Cámara de Representantes que sin esos recursos será imposible reforzar la capacidad de monitoreo de amenazas relacionadas con las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2026.

El impacto también se sentirá en el Sistema de Alertas Tempranas, herramienta clave para advertir sobre riesgos inminentes contra la población civil en zonas de conflicto.

LEA TAMBIÉN

La preocupación de HRW se enmarca en un contexto particularmente delicado. Colombia acaba de presenciar un nuevo hecho de violencia política con el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crimen que refleja el deterioro de la seguridad en vísperas del calendario electoral.

Ya en los comicios locales de 2023, la Misión de Observación Electoral de la OEA había documentado 176 actos de violencia contra candidatos, incluidos seis asesinatos, una tendencia que, lejos de revertirse, se ha agravado. 

“En medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el próximo año, es fundamental que la Defensoría del Pueblo cuente con los recursos que necesita. Al reducir su capacidad en un momento crítico, el Gobierno y el Congreso están socavando las herramientas del Estado para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos”, dice Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

LEA TAMBIÉN

Colombia, afirma la organización, es desde hace años uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos. Desde 2016, al menos 1.500 líderes sociales han sido asesinados, según cifras de la propia Defensoría. La institución no solo monitorea los riesgos que enfrentan, sino que también alimenta con información crucial las políticas de protección del Estado.

El deterioro de la seguridad se refleja, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), en los 1,45 millones de personas que se vieron afectadas por la violencia en el primer semestre de 2025, cuatro veces más que en el mismo período del año anterior, y más de 70.000 personas fueron desplazadas forzosamente, un incremento del 30 % respecto a todo 2024.

El Ministerio de Defensa, por su parte, reportó un alza del 3,1%  en los homicidios y del 53 % en los secuestros.

A esta situación se suma un debilitamiento del apoyo internacional. En junio de 2025, Ocha en Colombia anunció el despido de casi la mitad de su personal y el cierre de tres oficinas en zonas críticas. La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) suspendió programas como InspiraPaz, valorado en 20 millones de dólares, y destinado a prevenir violaciones de derechos humanos en áreas de conflicto.

De acuedo con HRW, el golpe combinado de la reducción en la cooperación internacional y los recortes internos deja a la Defensoría con un margen de acción cada vez más estrecho.

LEA TAMBIÉN

Goebertus advierte que “debilitar la Defensoría en este momento minaría la capacidad de Colombia para responder a los crecientes desafíos en materia de derechos humanos. Si la defensa de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno, ello debe reflejarse en la asignación presupuestaria”.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal EL TIEMPO - Washington