Redadas de ICE: organizaciones en Puerto Rico piden a gobierno local datos claros sobre estatus de menores separados de sus padres

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Nueva York – Stephanie Figueroa, portavoz del Frente Amplio de Acción Social (FAAS) en Puerto Rico, denunció la falta de un protocolo de acción interagencial para los casos en los que menores son separados de sus padres como resultado de las intervenciones que realizan agencias federales como el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en la isla.

En entrevista con El Diario, la activista argumentó que agencias como el Departamento de la Familia tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad de los menores, independientemente de su estatus migratorio.

“No hay datos sobre cuántos menores se están quedando desprovistos de la figura que está llamada a protegerlos y garantizarles la seguridad; no hay unos protocolos interagenciales en donde, por ejemplo, en la escuela, el Departamento de Educación se comunica con el Departamento de la Familia y a la vez se integren otras dependencias gubernamentales”, cuestionó Figueroa.

La líder añadió que, para recibir cualquier servicio médico o gubernamental, los menores deben estar acompañados de sus padres o un tutor, pero que ni siquiera está claro qué ocurre con ellos una vez su padre o madre es arrestada.

“Adicional, no se conoce el estatus de salud de ese menor. A nosotros no se nos puede olvidar que un menor, para ir a un pediatra o a una sala de emergencia, tiene que estar acompañado por su mamá, papá o persona autorizada por los padres por un documento legal. O sea que estos menores que sus mamás fueron deportadas y que no están bajo la custodia del Departamento de la Familia…no sabemos el estado de salud de estos menores”, cuestionó.

Figueroa, quien además es directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, fue una de las activistas que la semana pasada participó en una conferencia de prensa en la que la coalición emplazó al gobierno de Puerto Rico, y a agencias como Familia, a brindar información precisa sobre menores cuyos padres o uno de ellos haya sido arrestado por las autoridades migratorias en la isla.

“¿Qué datos ustedes han recopilado (por su cuenta) de menores en Puerto Rico que estén desprovistos de sus padres o de uno de los dos?, ¿ustedes en efecto tienen algún caso que pueda contrastar con lo que dice el Gobierno?, porque la secretaria de la Familia insiste en que no tienen ningún caso”, indagó este periódico.

“El problema radica en eso mismo y es nuestro primer reclamo, es el acceso a los datos; saber de cuántos menores estamos hablando. Estamos recogiendo muchas anécdotas, de las personas que están trabajando con estas comunidades, organizaciones sin fines de lucro…”, respondió.

Figueroa agregó que el Frente tiene constancia de dos casos en que padres fueron intervenidos por agentes migratorios federales mientras se encontraban con sus hijos en espacios públicos. En uno, una menor, alegadamente, presenció la detención de su madre afuera de la escuela; y, en el segundo, otra niña se habría quedado sola en una vía pública desprovista de cuidado hasta que llegaron personas de la comunidad.

“Esos son los dos casos que podemos puntualizar, que nos han comentado y nos han dado la autorización de divulgar”, precisó.

Continuó: “Sabemos que las (detenciones) ascienden a 400 en estos poco más de 100 días de gobierno, así que, si nosotros multiplicamos esto por los 3 años y medio que nos quedan, estamos hablando que las deportaciones van a seguir en aumento, y hay muchas de las personas que están deportando que son madres y padres que no sabemos el paradero de los niños y las niñas, y ese es el reclamo: queremos saber y garantizar que estos niños estén bien”.

“O sea, ¿ustedes no le creen entonces al Departamento de Familia cuando dice que no tienen esa información y de que no le han retirado la custodia a ningún padre (que haya sido arrestado en redadas)?”, preguntó este medio.

“Podemos creer la información, pero, lo que nos levanta una bandera es la contestación, porque cuando eres una funcionaria principal de un departamento y dices que no tienes casos, es que realmente, a lo mejor no tienen casos, o sea que se está viendo la ineficiencia del Estado, porque, claramente, si hay una remoción, se supone o el protocolo aquí en Puerto Rico es que el Departamento de la Familia haga un análisis de dónde se están quedando esos menores; tiene que visitar y conocer la familia; tiene que brindar unos servicios en los casos que amerite. Lo que pudiera estar pasando es que personas se están haciendo cargo de estos menores con toda la buena intención, pero no están recibiendo el servicio que amerita un evento como este”, contestó.

En ese sentido, Figueroa dijo que cabe la posibilidad de que familias que se estén haciendo cargo de hijos de migrantes detenidos no acudan al Departamento a buscar servicios por temor a represalias o persecución.

La activista planteó que el hecho de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) haya entregado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) documentos con listas de indocumentados que tienen licencias para conducir es otra señal de alerta.

“Si las agencias están cooperando con ICE y brindándole esta información, el llamado es a que las agencias que están prestas a brindar servicios, protección y seguridad, que es el caso del Departamento de Educación y el Departamento de la Familia, que tienen personal de trabajo social y servicios humanos en su plantilla de empleados, tengan unos protocolos muy particulares con estas familias y que haya unas garantías de confidencialidad. Los trabajadores sociales tenemos unos lineamientos de confidencialidad y podemos regirnos por esos códigos de ética. Así que esa preocupación siempre va a estar”, expuso.

Figueroa explicó que, tras una intervención, es importante que, para garantizar los servicios al menor, se le brinde la custodia provisional al pariente a cargo.

“Si hay una intervención, en el mejor de los panoramas, estos menores serían reubicados con recursos de apoyo familiar. Esa es la primera puerta que se toca cuando hay una remoción regular…En el caso de migrantes, lo ideal es que el Departamento de la Familia pueda establecer un plan de servicios con estas personas que están asumiendo la custodia…El Departamento de la Familia es la agencia encargada de poder evaluar las condiciones en donde se está recibiendo al menor y poder brindar unos servicios a las familias que los están acogiendo y que se puedan brindar custodias provisionales”, abundó la entrevistada.

En una conferencia de prensa hace, aproximadamente, una semana, la secretaría de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró que no tiene bajo su custodia a menores que han sido separados de sus padres debido a arrestos migratorios.

“Nosotros no vamos a quitar una custodia por el simple hecho de un estatus migratorio no definido. Si se encuentran en la dificultad, al ser arrestados o de tener ellos mismos que voluntariamente repatriarse, entonces, el asunto de los niños será atendido por el Departamento de la Familia”, declaró la funcionaria a preguntas de la prensa.

Precisó, según citada por El Nuevo Día: “Si el menor es ciudadano, pues, se va a trabajar con la familia o los recursos que tenga esa familia para que el menor quede ubicado con un recurso familiar, o con un recurso de afinidad del menor. Si no hay recurso familiar o recursos de afinidad, entonces nosotros asumimos esa custodia de ese menor. Si es retornándolo junto con sus padres a su país de origen, pues, procederemos a hacerlo en ese momento”.

Roig Fuertes insistió en que han estado muy atentos, “no solamente con los niños, sino con los adultos mayores, tal vez ubicados en hogares de cuido prolongado, para asegurarnos que no quedan en el abandono involuntario”.

En cuanto al papel del Departamento de Educación, la portavoz del Frente consideró que la agencia debe asumir postura sobre si le van a facilitar a los agentes de ICE las intervenciones en el exterior de las escuelas.

“Escuelas e iglesias se consideran sitios tipo ‘santuario’, donde no se deberían dar estas intervenciones, así que el Departamento de Educación pudiera tener una postura sobre esto y decir, ‘estas intervenciones no se van a dar en el contexto escolar’. No necesariamente porque estás fuera del portón significa que estás fuera del plantel.Esas zonas deben ser zonas protegidas”, señaló.

Por otro lado, entiende que el Departamento debe manejar mejor el personal de trabajo social para responder a estos casos.

“El Departamento de Educación tiene trabajadoras sociales en las escuelas. Esas trabajadoras sociales, cuando advengan en conocimiento de que hay una familia pasando por una situación difícil, cuál es la comunicación que las trabajadoras sociales están teniendo con el Departamento de la Familia”, indicó.

Para Figueroa, el proceder de las autoridades federales en Puerto Rico a tono con las órdenes de la Administración del presidente Donald Trump de reforzar su política antimigratoria y de deportaciones agrava el panorama socioeconómico y de pobreza para las comunidades migrantes en la isla y familiares en el exterior.

“Hay dos perfiles (de migrantes). Está la mujer que está con sus hijos aquí en Puerto Rico, que los hijos son ciudadanos estadounidenses, que nacieron en Puerto Rico, y también tenemos madres que han dejado a sus hijos o hijas en su país de origen con el propósito de poder ayudarlos económicamente a esos niños para que puedan salir adelante desde sus países. Aquí se están viendo impactados tanto niños que pueden ser ciudadanos estadounidenses como niños sin estatus migratorio definido y niños que están fuera de Puerto Rico que van a ver el impacto de una pobreza que se les asoma porque son niños que ya tienen acceso a otras oportunidades que de la noche a la mañana esas oportunidades desaparecen”, estimó.

Enviaron carta a la gobernadora y a jefes de agencias

En la conferencia realizada el martes pasado, las, aproximadamente, 30 organizaciones y activistas que componen el Frente anunciaron el envío de una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón; la secretaria de la familia; Astrid Piñeiro Vázquez, Procuradora de las Mujeres; y a Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación. En la misiva, pidieron medidas urgentes que garanticen la transparencia y protección de menores migrantes afectados por redadas y operativos.

Entre otras cosas, el grupo exigió al gobierno de Puerto Rico informar públicamente si existen casos de menores bajo su custodia que hayan sido separados de sus familias por procesos migratorios, y que se detalle su ubicación, salud y situación legal. Además, emplazaron a la Administración González a garantizar la coordinación entre el Departamento de la Familia y las autoridades federales para evitar procesos que violen los derechos humanos. Otro de los pedidos fue aplicar el Protocolo de la Ley 57-2023 (enmendada por la Ley 200-2024) para incentivar la reunificación familiar, así como establecer refugios transitorios para menores afectados y crear una herramienta confidencial de denuncias para familias y personal escolar.