¿Qué alcance tiene el freno impuesto por una jueza a planes de Trump de eliminar iniciativas DEI en escuelas y universidades?

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Nueva York – La Asociación Nacional de Educación (NEA) catalogó como una victoria el interdicto preliminar que concedió este jueves la jueza de distrito de New Hampshire, Landya McCafferty, que pone un freno temporal a las órdenes del presidente Donald Trump para eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Becky Pringle, presidenta de la NEA, planteó en un comunicado ayer que la ofensiva de Trump y sus aliados contra el financiamiento a programas e iniciativas DEI a través del Departamento de Educación responde a motivaciones políticas.

“El fallo de hoy permite que los educadores y las escuelas sigan guiándose por lo que es mejor para los estudiantes, no por la amenaza de restricciones ilegales y castigos. Lo cierto es que Donald Trump, Elon Musk y Linda McMahon (secretaria de Educación) están utilizando ataques con motivaciones políticas y directivas dañinas e imprecisas para reprimir la libertad de expresión y borrar lecciones cruciales para atacar la educación pública, mientras trabajan para desmantelar las escuelas públicas. Por eso, los educadores, padres y líderes comunitarios se están organizando, movilizando y utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros estudiantes y su futuro”, indicó Pringle.

La decisión de la jueza bloquea la carta “Dear Colleague” (Querico colega) del pasado 14 de febrero del Departamento de Educación contra los demandantes, sus miembros o cualquier entidad que emplea, contrata o trabaja con uno o más de los demandantes.

La carta es la manera en la que entidades gubernamentales, en este caso el Departamento de Educación, notifican su interpretación de leyes federales.

La NEA sostiene que el fallo del tribunal bloquea el intento “ilegal y sin precedentes” de la agencia de restringir los debates y programas sobre diversidad, equidad e inclusión en las instituciones educativas, y su amenaza de retener la financiación federal para participar en tales esfuerzos.

Para la NEA y las otras organizaciones que demandaron al Gobierno, la directriz “Querido Colega” contradice las protecciones legales de larga data relacionadas con libertad académica, y viola los derechos constitucionales de estudiantes y educadores al imponer restricciones vagas y coercitivas en currículos y programas.

La decisión de ayer básicamente detiene los intentos del Departamento de Educación de encaminar las acciones antiDEI mientras continúa el litigio.

La demanda fue presentada el 5 de marzo por la NEA y los capítulos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de New Hampshire y Massachusetts. Al pleito también se unió como demandante el Centro para el Desarrollo de Educadores Negros (CBED).

El texto de la orden de la jueza señala que, en la carta del 14 de febrero, el Departamento de Educación indicó a todas las escuelas y otras entidades que reciben fondos federales que debían cumplir con los requerimientos del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.

La misiva señala que, en contraposición a lo anterior, las escuelas en el país han “abrazado preferencias generalizadas y repugnantes basadas en la raza”, así como “otras formas de discriminación racial”, que han “emanado en todas las facetas del mundo académico”.

A juicio de la Administración Trump, bajo el enfoque DEI, los centros han incurrido en discriminación al adoctrinar de manera tóxica a estudiantes bajo la falsa premisa que Estados Unidos está construido sobre un racismo “sistémico y estructural”, “introduciendo estereotipos raciales y una conciencia racial explícita en el entrenamiento, la programación y la disciplina cotidianos”.

Según la carta, los programas DEI discriminan de maneras menos directas, pero igualmente insidiosas al preferir frecuentemente a ciertos grupos raciales y enseñar a los estudiantes que ciertos grupos raciales tienen cargas morales únicas que otros no tienen.

Trump y su equipo alegan que los programas DEI estigmatizan a los estudiantes que pertenecen a un grupo racial con base en “crudos estereotipos raciales”, y les niega a los alumnos la habilidad de participar completamente en la vida escolar.

Tras la carta, la Administración Trump circuló un comunicado de prensa, el 27 de febrero, en el que anunciaba el fin del portal en línea de DEI y lo sustituyó por la página web “EndDEI.Ed.Gov.”. La intención detrás del lanzamiento era que estudiantes, maestros y la comunidad en general utilizaran la nueva dirección para someter reportes sobre discriminación basada en raza o sexo en escuelas financiadas con fondos públicos.

El 14 de marzo, el Departamento de Educación anunció la apertura de investigaciones contra 14 universidades por supuestas violaciones al Título VI de la Ley de Derechos Civiles que estipula que ninguna persona puede ser objeto de discriminación por raza, color u origen nacional en programas o actividades que reciban asistencia financiera federal.

Demandantes probaron daño irreparable

La jueza estableció que los demandantes mostraron el daño irreparable al sufrir las violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución que incluye el derecho a la libertad de expresión.

Lo anterior, según determinó McCafferty, es resultado de la coerción impuesta por los demandados, o sea, el Gobierno, a las instituciones educativas al censurar el discursos de sus miembros.

“Muchos más miembros de las organizaciones demandantes se han autocensurado para proteger sus medios de vida. La NEA, la NEA-NH y la CBED enfrentan perjuicios en sus misiones organizativas y actividades principales porque la Carta 2025 disminuye o elimina el valor de gran parte de su programación y subvenciones diseñadas para impulsar las capacidades de los educadores y preparar a los estudiantes para el éxito en una sociedad diversa e interdependiente”, señala la orden.

Aunque la jueza no coincidió con el argumento de que el interdicto debe extenderse a nivel nacional, rechazó limitarlo a los demandantes y sus miembros como pidió el Gobierno, ya que la carta de febrero pasado y las medidas implementadas a la luz de las mismas también fueron dirigidas a entidades que no son parte del recurso legal, es decir, escuelas, distritos escolares y entidades educativas que reciben fondos federales.

En ese sentido, la decisión aplica a instituciones educativas que emplean a miembros de los demandantes o que trabajan con ellos.

La jueza concluyó que el Departamento no puede ejecutar “Dear Colleague”, incluyendo lo contenido en “Preguntas frecuentes sobre preferencias raciales y estereotipos según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles”. Además dejó sin efecto el cierre del portal “Fin a DEI” y los requisitos impuestos el 3 de abril para que las agencias educativas estatales y locales (SEA/LEA) certifiquen que no participarán en prácticas DEI a cambio de continuar recibiendo fondos federales.

Las acciones de la Administración Trump relacionadas con los programas DEI, no solo han tenido impacto en los estados, también en territorios como Puerto Rico.

De hecho, esta jurisdicción fue la primera en comprometerse, a través del Departamento de Educación local, a no poner en marcha estas iniciativas.