Puntos centrales del primer Mensaje de Estado de la gobernadora de Puerto Rico: salir de la Junta, resolver crisis energética y fondos Medicaid

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Nueva York – En su primer Mensaje de Estado, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, priorizó su intención de que la isla se libere pronto de la Junta de Control Fiscal (FOMBRP), ente que controla las finanzas del territorio desde el 2016 como resultado de la aprobación de la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) en el Congreso de Estados Unidos.

Mi Administración tiene como una de sus prioridades culminar con la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en la isla, y comenzar el camino hacia una transición de Puerto Rico post PROMESA”, expuso desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes en San Juan.

González argumentó que, para salir de la Junta, hay que tener disciplina fiscal, y que, a esos fines, su Gobierno ha empezado a trabajar en coordinación con el organismo federal para lograr presupuestos balanceados.

El primer paso y el cual está en nuestro control, es lograr la aprobación de los presupuestos balanceados, conforme la Sección 209 de la Ley PROMESA. Esto ya lo comenzamos a ejecutar. A comienzos de este mes, logramos la entrega del Presupuesto en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado, mediante un proceso colaborativo con la Junta, en el cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sirvió de principal canal de comunicación entre la Junta y las entidades gubernamentales”, declaró.

De acuerdo con la primera ejecutiva, es la primera vez que se presenta un presupuesto de manera conjunta.

“Hemos adoptado una metodología de presupuesto por resultados para vincular las asignaciones presupuestarias con las metas estratégicas, resultados medibles y mitigación de riesgos. Este nuevo enfoque sistemático aseguró que las recomendaciones finales se adhirieran a restricciones fiscales realistas, y, al mismo tiempo, se alinearan con las metas estratégicas establecidas en nuestro Programa de Gobierno”, resaltó. 

La mandataria añadió que, como parte de las nuevas partidas presupuestarias acordadas, se separó dinero para el reclutamiento de 800 nuevos cadetes para la Policía de Puerto Rico, “a quienes también le haremos justicia, pagando a tiempo las horas extras que trabajan diariamente por necesidad de servicio”.

González mencionó fondos para la contratación de nuevos médicos residentes y la compra de equipo médico con una inversión de $24.3 millones o $14.8 millones adicionales.

A los municipios, la gobernadora dijo que se les hará disponible $387 millones. El incremento es resultado de una partida que no se utilizó durante el pasado año fiscal. 

La gobernadora además recalcó sobre la creación de un grupo de trabajo de salud (task force) para abogar por la paridad en fondos para programas como Medicaid, ya que, según dijo, no va a esperar a que se acerque el llamado “abismo fiscal”, en el 2027, para que se aseguren fondos desde el Congreso para la operación de ese programa en Puerto Rico.

El grupo, al que dijo que sumará al comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, llevará los reclamos directamente a Washington de manera “estructurada”.

“Tal y como lo hice cuando fui comisionada residente y logré el acuerdo que aseguró la tarjeta de salud por cinco años hasta el 2027 con $19 billones. El grupo también trabajará para lograr pagos de Medicare más justos para nuestros proveedores de servicios de salud, continuará educando sobre nuestras necesidades y orientando al Gobierno Federal sobre la realidad del cuidado de salud en Puerto Rico”,  se adjudicó.

El reto de la crisis energética

González indicó que el mayor reto del Gobierno es la crisis energética, ya que los puertorriqueños merecen una red eléctrica que funcione y “que no falle cada vez que llueve”. 

Añadió que ha tomado acción para atender el problema con varias medidas concretas como la creación de la figura del “zar de Energía” y del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico.

“Todos estamos de acuerdo como sociedad en que no hay desarrollo económico sin un sistema energético confiable y eficiente”, planteó.

González reafirmó: “¡LUMA se va!”, esto en referencia a la compañía privada encargada de la transmisión y distribución de electricidad en la isla que ha sido incapaz de evitar los constantes apagones.

En esa dirección, aseguró estar fiscalizando, no solo a LUMA Energy, sino a los demás operadores privados que incluyen a Genera PR, encargada de la generación.

Hemos emitido más de 27 comunicaciones al operador de transmisión y distribución, y más de 15 al operador de generación, todas dirigidas a señalar incumplimientos contractuales de alto impacto, entre los que se puede mencionar el manejo de fondos federales y el retraso en la obtención de reembolsos, la implementación de los planes de emergencia para la temporada de huracanes, el atraso en la ejecución de los proyectos de reconstrucción, la falta de reconciliación en el uso de fondos federales yla falta de cooperación con los procesos regulatorios, tanto federales como estatales. ¡La salida de este problemático contrato va a ser una realidad!”, insistió.

Además mencionó los acuerdos alcanzados con el Departamento de Energía federal (DOE) para transformar el sistema energético con la aprobación de manera expedita de diversos proyectos ante la consideración de las agencias federales.

La funcionaria hizo hincapié en su plan para suplir con gas natural a unidades de generación, cuya aprobación espera se complete a mediados de junio.

González defendió la Ley 1-2025 que presentó como medida administrativa y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside.

“Con esta ley aseguramos tres asuntos importantes: la continuidad de 500 MW de generación base (base load) más costo-efectiva del sistema eléctrico hasta 2032, que no teníamos otra forma de sustituir al momento; flexibilizamos las metas de energía renovables manteniendo la meta del 100% renovables para el 2050; y establecimos la política pública de sustituir la generación mediante el uso de carbón, con generación equivalente no intermitente (base load) mediante extensiones de contratos o renovación de permisos existentes”, especificó.

Este asunto ha provocado controversia y cuestionamientos, principalmente, por parte de activistas que han alertado de su impacto en el medioambiente y en comunidades aledañas a la planta de carbón AES en Guayama; además de que mantiene a Puerto Rico bajo de un sistema centralizado de suministro de energía y sujeto a los vaivenes del mercado.

La gobernadora también destacó la firma de cinco órdenes ejecutivas entre las que se encuentra la 016 mediante la que declaró estado de emergencia energética de Puerto Rico para alinear las prioridades  del gobierno local con las del presidente Donald Trump.

“¿Por qué es importante?  Porque va a permitir que los sistemas de transmisión y distribución, generación, así como unidades hidroeléctricas y la infraestructura auxiliar, operen de forma más eficaz, confiable, asequible y en cumplimiento con las leyes aplicables incluyendo las regulaciones ambientales”, apostó.

La reforma contributiva

En otro tema, la mandataria insistió en la necesidad de que la Legislatura apruebe la primera parte de la reforma contributiva que anunció a principios de abril, y que incluye, entre otras medidas, la simplificación de requisitos de cumplimiento de los agricultores bonafide; extensión de las exenciones contributivas a los hospitales;  congelación del impuesto al inventario; creación de cuentas able para personas con diversidad funcional; y flexibilización y agilización de aprobación de solicitudes de exención contributiva a entidades sin fines de lucro.

La gobernadora dijo que podría estar firmando el próximo mes las 14 medidas si son aprobadas en el Capitolio, a pesar de las reservas de la Junta que cuestionó la falta de claridad sobre de dónde saldría el dinero para compensar las exenciones fiscales.

Sé que la Junta de Supervisión Fiscal ha expresado sus reservas, y me encuentro en diálogo con ellos, pero ante la inflación que hemos vivido durante los pasados años, nuestra gente necesita un alivio urgente a su bolsillo y ya estamos siendo responsables con las finanzas de Puerto Rico así que ya es hora de darle al Pueblo el respiro contributivo que necesitan”, sostuvo.

Un punto controversial de la propuesta de la gobernadora es la tasa de un 4% en impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos a nuevos solicitantes de decretos bajo la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico), que a su vez es parte de la Ley 60 o Código de Incentivos de Puerto Rico. Al mismo tiempo, el plan de la Administración es extender la Ley 60 hasta el 2055.

En cuanto a desarrollo económico, González mencionó el avance con la reforma de permisos, parte central de su programa gubernamental.

Mediante la Orden Ejecutiva 2025-003, se han identificado 737 proyectos prioritarios, de los cuales 394 ya han sido aprobados mediante el proceso expedito. Todos estos proyectos están relacionados con la reconstrucción de infraestructura crítica, incluyendo carreteras, sistemas de agua potable y proyectos de vivienda de interés social”, mencionó.

El estatus de Puerto Rico

González hizo referencia al tema del estatus más entrado el mensaje y brevemente. La gobernadora señaló que, más que un asunto político, se trata de dignidad.

“Por nuestros cerca de 100,000 veteranos, que han defendido nuestra Nación, es que también queremos honrarlos y queremos que tengan todos los servicios que se merecen”, expresó.

De acuerdo con la primera ejecutiva, su Gobierno seguirá promoviendo su política pública a favor de la estadidad, acorde con los resultados de los últimos cuatro plebiscitos criollos realizados en el territorio.

Seguiremos comunicando, promoviendo y ejecutando la política pública a favor de la estadidad. Lo haremos con acciones concretas, tanto en la capital federal, como en la isla. Puerto Rico ya escogió. Ahora nos toca a todos, desde el gobierno, honrar ese mandato. La estadidad no es solo una meta: es un derecho”, puntualizó.

Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por González establece implementar el mandato a favor de la estadidad por parte de toda agencia, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, “según expresado mayoritaria y consistentemente por los electores de Puerto Rico en los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 y 2024”.

Entre otras cosas, el decreto además dispone que cada agencia prepare un informe sobre los programas federales dispombles dentro del ámbito de su desempeño y jurisdicción programática, comparando el funcionamiento, financiamiento y disponibilidad de dicho programa en Puerto Rico y en los estados de la Unión.

González ha tenido que lidiar con la resistencia de congresistas y otros líderes federales republicanos, partido en el que milita a nivel federal, que no tienen como prioridad resolver el estatus de Puerto Rico y menos favorecen que Puerto Rico se convierta en estado

González culminó su mensaje con la afirmación de que a ella nunca se la han puesto fácil o que siempre le han puesto la vara más alta, pero que, aún así, seguirá trabajando para cumplir sus promesas.

Sé lo que es ganarse cada espacio con esfuerzo, porque a mí nunca me lo han puesto fácil. Y tal vez por eso, pienso y valoro cada paso que he dado con más fuerza y responsabilidad”, señaló. 
 
“A mí nunca me lo han puesto fácil. He tenido que abrir puertas que otros ya encontraban abiertas, y caminar caminos cuesta arriba. Pero esa ha sido mi fuerza: luchar”, recalcó.

Oposición cataloga de promesas contenido del mensaje

En respuesta al discurso de la gobernadora, líderes de la oposición, como los de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) catalogaron de promesas el contenido.

“Estos son los hechos hasta el momento, te prometió una reforma de permisos: INCUMPLIÓ; te prometió una reforma contributiva: INCUMPLIÓ; te prometió sacar a LUMA: también INCUMPLIÓ. En su mensaje de Situación de Estado vuelve a hablar de promesas… La pregunta es ¿cuándo las cumplirá? Basta de promesas señora Gobernadora. ¡Póngase a Gobernar! En Jenniffer no se puede creer. #FiscalizaciónPPD”, lee una publicación desde la cuenta de Facebook del portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández.

Los populares además tildaron de falso el anuncio de González sobre el presupuesto para los municipios.

Los miembros del PPD alegaron que el presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa tiene un recorte de más de $350 millones y solo se le garantizará a los municipios $143 millones.

El comisionado residente, que se encontraba entre los asistentes al mensaje, describió el gobierno de González como el del “desorden”.
 
“Reitero mi disposición a trabajar con la gobernadora y la legislatura en los temas donde existen coincidencias, como proteger los fondos de salud y el PAN (Programa de Asistencia Nutricional)”, compartió por redes justo después de que finalizara la exposición de la gobernadora.

“Sin embargo, la palabra que ha definido el gobierno de la Hon. Jenniffer González Colón desde el primer día es: desorden. Desorden en las agencias, con tres secretarios de Estado, dos de Justicia y d de Trabajo en menos de seis meses”, continuó.

Además, cuestionó la orden de la gobernadora que busca regular el uso y otorgar tablillas a ciertos vehículos todoterreno.

“Desorden en las carreteras, donde se promueve la violación de la ley por parte de vehículos todoterreno”, criticó.

Hernández también tronó contra el manejo del tema energético, y, particularmente, el contrato de LUMA por parte de la Administración.

“Desorden en la energía, con improvisación sobre el futuro de LUMA y serias dudas sobre la contratación de generadores temporeros”, añadió.

El comisionado considera que González tampoco ha manejado efectivamente el asunto de los recortes federales bajo la Administración Trump que favorece.
 
“Desorden en el manejo de los recortes federales, que un día niegan y al otro anuncian”, indicó.

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