Puerto Rico: informe revela cuál sería el impacto de revocar Casos Insulares de la Corte Suprema en el pago de impuestos federales en los territorios

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Nueva York – Un reporte de la organización no partidista “Right to Democracy” arrojó que, si se revocaran los Casos Insulares de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo anterior no se traduciría en una extensión automática de impuestos federales sobre la renta en territorios como Puerto Rico y otros cambios relacionados.

Por los pasados años, organizaciones como la mencionada han insistido en la revocación de la doctrina por entender que justifica el régimen colonial antidemocrático que afecta a jurisdicciones como Puerto Rico.

Los Casos Insulares son una serie de decisiones del máximo foro que se remontan a los 1900 y que justifican el trato desigual a los residentes de los territorios no incorporados de EE.UU. debido a la lógica y lenguaje racista que los caracteriza.

“Overruling the Insular Cases: What About Federal Taxes?” (Anulando los casos insulares: ¿Qué pasa con los impuestos federales?) pone en cuestionamiento la idea de que lo anterior desencadenaría en la imposición automática de impuestos federales sobre la renta y otros cambios fiscales que muchos residentes en los territorios temen.

Por otro lado, la investigación realizada por Neil Weare, codirector de Right to Democracy; y los expertos en el tema impositivo, Sumaya H. Bouadi y Alex Golubitksy, rechaza la creencia generalizada de que las políticas federales relacionadas con impuestos y beneficios benefician a los habitantes de los territorios estadounidenses.

En el 2023, los habitantes de Puerto Rico y los otro cuatro territorios pagaron más de $5,000 millones en impuestos federales. Sin embargo, la mayoría no paga el impuesto federal sobre la renta.

Muchos argumentan que el tratamiento fiscal en los territorios de Estados Unidos es resultado de los Casos Insulares, y que, un cambio en la prevalencia de los mismos tendría impacto en términos de las obligaciones fiscales de sus residentes. Pero, los autores del estudio, plantean, entre otras cosas, que el poder sobre ese particular recae principalmente en el Congreso federal.

“En este tiempo del año, cuando las personas tienen los impuestos en mente, es un buen momento para disipar el mito persistente que anular los racistas Casos Insulares desencadenaría en nuevos impuestos o alteraría el marco fiscal actual. La gente no tiene que elegir entre desafiar los Casos Insulares y proteger su billetera”, indicó Weare en el comunicado de prensa que acompaña el reporte.

Golubitsky, por su parte, argumentó que descartar la jurisprudencia no impediría un tratamiento fiscal único para las personas en territorios estadounidenses como Puerto Rico.

“La Corte Suprema volvió a enfatizar, tan recientemente como en 2022, que el Congreso tiene poderes especiales —poderes no relacionados con los Casos Insulares— cuando se trata de cuestiones de impuestos y beneficios federales en los territorios estadounidenses”, expuso.

Bouadi añadió que lo anterior aplica al tema de impuestos, y que, en ese sentido, la rama legislativa tiene la potestad de tratar diferente a los estados.

“Aunque a muchos les sorprenda, el Congreso tiene amplias facultades bajo la Constitución, no solo para tratar a las personas en territorios de forma diferente a las personas en los estados, sino también para tratar a las personas dependiendo del estado de forma diferente, basándose en diferencias geográficas y consideraciones económicas”, explicó la experta en impuestos.

“La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dejado claro durante décadas que la Cláusula de Uniformidad de la Constitución no exige la uniformidad estricta que muchos suponen”, añadió.

¿Qué dice el informe sobre impuestos federales en Puerto Rico?

El informe señala que la estructura de impuestos federales varía dependiendo del territorio.

Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, se considera una jurisdicción de “código no espejo”, lo que significa que la exclusión del pago de impuestos sobre la renta al gobierno federal se limita a los ingresos provenientes de Puerto Rico.

Eso quiere decir que un empleado del gobierno federal que viva en Puerto Rico tiene que pagar los impuestos sobre los ingresos por ese empleo.

El estudio señala además que el Congreso le permite a cada territorio promulgar impuestos adicionales o proveer ciertos reembolsos por ingresos basados en el territorio.

Tres categorías de impuestos

El texto argumenta que los impuestos federales caen en tres categorías para cada una de las que aplican distintas provisiones de la Constitución. En el caso de impuestos directos, estos son regulados por la Cláusula de Prorrateo (Apportionment Clause); los indirectos, por la Clausula de Uniformidad (Uniformity Clausule); y los de la renta, que son regulados por la Sexta Enmienda.

Los estudiosos afirman que la revocación de los Casos Insulares no tendría efecto en ninguno de los tres casos. Por ejemplo, en cuanto a impuestos indirectos, señalan que la Corte Suprema ha sostenido que, incluso cuando aplica la Cláusula de Uniformidad, el Congreso puede imponer un impuesto de una manera no uniforme si se justifica con base en ciertos factores geográficos y no geográficos. “De este modo, la aplicación de la Cláusula de Uniformidad no va a limitar el poder del Congreso para distinguir entre los territorios y los estados”, lee parte del documento de 27 páginas.

Sobre este particular, el análisis específica que ciertos impuestos indirectos ya aplican en los territorios en cumplimientos de la Cláusula como la cubierta de impuesto al ron o “rum cover over”.

“Para impuestos indirectos como este que ya son recolectados de manera uniforme en los estados y territorios, la aplicación de la Cláusula de Uniformidad a los territorios no presentan problemas”, sostiene el informe.

De todas formas, la Cláusula, según destaca la investigación, no requiere que estos impuestos sean estrictamente uniformes, ya sea entre estados o entre estados y territorios.

Con respecto a los impuestos por ingresos, la Sexta Enmienda le da completa discreción al Congreso a imponer u optar por no establecer impuestos sobre la renta, incluyendo los relacionados con el territorio.

En cuanto a los impuestos directos que la Constitución requiere que sean prorrateados con base en la población, el texto señala que ya no son una parte significativa de la estructura de impuestos federales. “Así que revocar los Casos Insulares no cambiaría nada”, afirma el estudio.

El análisis concluye: “La ley es clara: el Congreso tiene amplia discreción, independiente de los Casos Insulares, para regular la política fiscal federal, tanto en los territorios y en todo Estados Unidos“.

La misión de Right to Democracy

Particularmente, desde los pasados dos años, Right to Democracy se ha insertado ampliamente en la discusión sobre el impacto de los Casos Insulares de la Corte Suprema y su potencial revocación.

La misión base de los activistas que conforman la organización es enfrentar y desmantelar el ordenamiento jurídico-constitucional antidemocrático y colonial que afecta a los residentes de los cinco territorios, que aparte de Puerto Rico, son Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y Samoa Americana.

El Diario le ha dado particular seguimiento a esta discusión desde que, en febrero del año pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR), a través del comité asesor de Puerto Rico, publicó un memo en el que se confirma que la doctrina del Supremo discrimina contra los ciudadanos puertorriqueños en la isla.

“Los Casos Insulares han establecido una justificación constitucional para la consolidación de normas diferentes y desiguales que han determinado la indefinida relación entre los territorios y Estados Unidos. Los casos también han establecido un marco político y racial que trata a los habitantes (de los territorios) de manera desigual y sin representación con derecho a voto, sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos”, determinó el reporte que se basó en ponencias de distintas personas y grupos de interés.

El documento divulgado por el comité consultivo fue el primero desde que el organismo fue establecido en 2022.

Desde esa fecha para acá, el comité ha realizado varias audiencias presenciales y virtuales para abordar el impacto de la jurisprudencia en los distintos renglones de la vida de los ciudadanos en el territorio.

En el marco de la discusión, Right to Democracy logró que, en abril del año pasado, un grupo de 43 legisladores federales tanto de la Cámara de Representantes como del Senado (la mayoría demócratas) firmaran una carta en la que le pedían al entonces secretario del Departamento de Justicia federal, Merrick Garland, condenar el lenguaje racista de los Casos Insulares.

El Departamento aseguró que comparte el compromiso de los congresistas en proteger los derechos civiles y el trato justo, digno y compasivo para todos, incluyendo los de los residentes en los territorios.

“De hecho, el Departamento enfatiza afirmativamente en una reciente presentación que los ‘estereotipos raciales’ invocados por los Casos Insulares son ‘indefendibles y repugnantes’. El Departamento inequívocamente condena la retórica y el razonamiento de los Casos Insulares, y sin ambigüedades comparte su visión de que ese razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundacionales de Estados Unidos de equidad, justicia y democracia”, señalaron desde la agencia en respuesta al pedido de los legisladores.

En febrero pasado, Andrés Córdova Phelps, presidente del comité asesor de Puerto Rico de la USCCR, dijo en entrevista con El Diario que la doctrina es racista en su fondo contra los residentes en Puerto Rico y discrimina contra los ciudadanos estadounidenses en el territorio.

El abogado y profesor argumentó que los efectos de las decisiones del alto foro son un lastre en el desarrollo político y económico de Puerto Rico y que el asunto tiene que resolverse.

“Nuestra encomienda (la del comité), fundamentalmente, es exponer que la situación actual es intolerable; que tiene que haber un manejo de la figura del territorio no incorporado. Cómo se maneja; cómo se resuelve, eso es una tarea política. Nuestra recomendación, fundamentalmente, y así lo hemos hecho en los primeros dos informes que ya han sido publicados, es que tiene que atenderse el caso de la doctrina y tiene que atemperarse, amoldarse o revocarse; hay diferentes posiciones dependiendo a quién le preguntes. Pero el comité está claro y consciente en que tiene que atenderse; no puede dejarse en el tintero”, emplazó el también presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico.