Puerto Rico: demanda contra FEMA por uso de fondos federales para reconstrucción de la red eléctrica podría retrasarse por políticas de Trump

hace 19 horas 2

Nueva York – Roberto Cruz, abogado de la región sureste de la organización LatinoJustice PRLEF, anticipó que la resolución en el caso iniciado por grupos medioambientales puertorriqueñas contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por el manejo de fondos federales para reconstrucción del sistema eléctrico en la isla podría tardarse más de lo anticipado por las políticas impuestas bajo la Administración Trump.

“El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico tiene la potestad de tomar el tiempo que sea necesario dentro de su discreción para emitir una sentencia. Nosotros entendemos que, debido a los cambios en la política federal en cuanto a asuntos ambientales, puede ser que este caso tome más tiempo que el que nosotros anticipamos al principio”, dijo Cruz a El Diario.

Uno de los aspectos que podría alterar el curso de los procesos a raíz de la demanda es la intención del presidente Donald Trump de reestructurar FEMA y los recortes a programas y dependencias que manejan directamente asuntos relacionados con cambio climático y justicia medioambiental.

“Estamos hablando que el rol de FEMA dentro del aspecto federal está cambiando. Se van a tomar esos fondos de FEMA y se le van a dar ahora a los estados y a los territorios para darle más autonomía en la forma en la que esos fondos se deben manejar. En la EPA (Agencia de Protección Ambiental), por ejemplo, se eliminó el departamento de derechos civiles que manejaba muchos de los asuntos de discrimen que nosotros estábamos argumentando en este caso. Argumentos que nosotros hemos presentado como de discrimen ambiental, están siendo atacados…”, mencionó.

Precisamente, esta semana, Trump anunció la composición de un Consejo que revisará la labor y el alcance de FEMA a tono con las órdenes ejecutivas que buscan delegar mayor control de los fondos por desastres a estados y territorios.

LatinoJustice junto a la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), capítulo de Puerto Rico, anunciaron a principios de mes que se unieron como amigos de la corte en el pleito que fue presentado, en el 2023, por varias organizaciones en Puerto Rico y Nueva York como Comité Diálogo Ambiental.

La entidad busca representar el interés público y asegurarse que el derecho del pueblo puertorriqueño a determinar su destino energético se haga valer con una participación más inclusiva de distintos sectores en el territorio.

La postura de LatinoJustice y de la ACLU es que, para continuar con proyectos como los que se tratan de encaminar en la isla con fondos federales, falta mayor información e insumo de la comunidad.

El abogado explicó que, como su organización y la ACLU no tienen un interés pecuniario, pueden ayudar al tribunal a determinar cuál es el verdadero interés público.

“Cuando uno es una parte demandante en este caso, no necesariamente tiene una visión objetiva del asunto que se está presentando, porque tiene un interés en el resultado final del caso. Pero, un amigo del tribunal actúa como si fuera un testigo, perito del tribunal que no tiene ningún interés en el resultado del caso. Por ejemplo, el Puente de Williamsburg es una parte demandante en este caso, pero ellos no solamente tienen el interés público, sino que tienen un interés pecuniario personal, porque ellos han solicitado fondos de la EPA para manejar asuntos que tienen que ver con mejorar el medioambiente…Nosotros no tenemos ningunos fondos que estamos solicitando al Gobierno. El ACLU en Puerto Rico tampoco tiene un interés pecuniario en cualquier resultado en este caso”, contrastó Cruz.

El argumento base de la demanda contra FEMA es que, alegadamente, la agencia falló en preparar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) sobre los proyectos para reparar el sistema eléctrico en la isla o no explicó adecuadamente las razones por las que un EIS no era necesario, lo que estaría en violación de la ley NEPA (Ley Nacional de Política Ambiental), y a la ley APA (Ley de Procedimientos Administrativos), según señala la demanda.

Parte de la moción presentada por LatinoJustice y la ACLU que el juez Jay A. García-Gregory admitió para reconocer la perspectiva jurídica de estas entidades indica: “La asignación de fondos de FEMA para reparar la obsoleta infraestructura de combustibles fósiles de Puerto Rico, en lugar de invertir en energía renovable, socava la resiliencia a largo plazo, la estabilidad económica y la salud ambiental del archipiélago. El enfoque de FEMA es contrario al interés público y a los principios del desarrollo sostenible”.

En este contexto, los amigos de la corte entienden que FEMA incumplió con su deber a la luz de NEPA.

“En la declaración de impacto que se hizo, no se tomó en cuenta la participación de la comunidad. Los demandantes representan un sector de esa comunidad. Pero también hay otras partes que no fueron representadas. Por ejemplo, hay estudios que hizo la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez explicando que esa política de reparar en vez de reemplazar va en contra de los mejores intereses ambientales en la isla. Eso no se incluyó en la declaración de impacto ambiental, porque no se abrió el espacio para comentarios del público, no solamente de los demandantes, también de los técnicos que viven en Puerto Rico y que pueden presentar un mejor marco…”, argumentó en portavoz de LatinoJustice.

“En pocas palabras, si yo lo que quiero hacer es una reparación de una planta eléctrica, yo lo que necesito es presentar los documentos de mis peritos estableciendo el impacto ambiental que tendría, si alguno, esa reparación, y con eso, FEMA tendría suficiente para aprobar ese permiso. Ahora, si estamos hablando de implementar la política pública de FEMA y del gobierno de Puerto Rico, expresada en el reglamento de FEMA y por el pueblo de Puerto Rico a través de legislación, pues hay que hacer un estudio un poco más abierto o una declaración de impacto ambiental que incluya el insumo de la comunidad”, continuó.

Según el portavoz de LatinoJustice, la inversión que se está haciendo para impulsar la red centralizada se desvía de la política que esbozaba la agencia federal al momento en que se le dio paso a los proyectos, que también estaba enfocaba a una mayor utilización de recursos renovables.

“Nosotros entendemos que esa inversión que se va a hacer en Puerto Rico no cae dentro de la política de FEMA emitida al momento en que se aprobó ese permiso, (que iba en la dirección) de utilizar mecanismos de energía renovable”, expuso el entrevistado.

Los demandantes argumentan que, en lugar de invertir fondos para proyectos de energía limpia, FEMA asigna y distribuye millones de dólares para iniciativas que promueven la dependencia en los combustibles fósiles.

Lo anterior, alegan las organizaciones, también va en contraposición a la Ley 17 de Puerto Rico de 2019 que establece el objetivo de un 100% de la producción energética en fuentes renovables para 2050 y los planes para promover la producción y almacenamiento de energía solar.

Hasta el año pasado, bajo las administraciones del presidente Joe Biden y del gobernador Pedro Pierluisi, se encaminaron varias iniciativas para armar hogares, clínicas y complejos de vivienda con paneles solares y baterías, particularmente, a través de programas el Departamento de Energía federal (DOE).

En el caso de FEMA, buena parte de los fondos, o más de $9,000 millones, fueron asignados para la reparación y modernización de la red eléctrica.

“La realidad es que la mayoría del dinero aprobado para FEMA es para la reconstrucción de la red eléctrica, no es para proyectos de energía renovable, y así fue asignado por el Congreso, ¿hasta qué punto esto podría complicarles el panorama a los grupos demandantes o retrasarles sus intereses en el tribunal porque es ya estaba asignado para ciertos fines y parte se ha empezado a desembolsar?”, preguntó este periódico.

“El Congreso puede establecer una cantidad de dinero destinada a ayuda ante una declaración de desastre natural. Ahora bien, un debido proceso es lo que se tiene que llevar a cabo para que entonces esos fondos se utilicen. Ese debido proceso se establece bajo la ley NEPA y establece las formas en que se van aprobar esos permisos de construcción. Dependiendo de la política ambiental que se esté implementando, hay unas maneras de salvaguardar el impacto que tendría una reconstrucción energética”, respondió Cruz.

“Aquí no se ha dicho que la decisión tomada está bien o está mal; estamos diciendo que no se le dio el debido proceso de ley al pueblo de Puerto Rico, porque no tuvo la oportunidad de expresarse a través de las organizaciones de derechos ambientales, a través de su clase intelectual representada por la Universidad de Puerto Rico, y otros grupos que querían dar su insumo antes de que se aprobara ese proyecto”, agregó.

“Economistas y distintos sectores han traído a colación que para que funcione un sistema integrado de energía renovable en Puerto Rico tiene que funcionar la red eléctrica, porque el sistema renovable no va a estar encendido todo el tiempo. ¿Hasta qué punto ustedes entienden que debe haber una inversión para estabilizar la red eléctrica?”, indagó este medio.

“Dentro de nuestra perspectiva, FEMA ha incumplido con su deber bajo la ley de política ambiental al no realizar las declaraciones de impacto ambiental completas. En este momento, hay muchas plantas que FEMA quiere reconstruir que están cerca de comunidades empobrecidas como la llamada ‘Ruta del hambre’, donde los niveles de cáncer y pobreza son registrados. Obviamente, nosotros queremos que haya energía en Puerto Rico, pero no a costa de las comunidades que se han visto afectadas por la contaminación ambiental. Estamos hablando de que la EPA ha presentado multas millonarias a entidades como AES (planta de quema de carbón en Guayama, P.R.)´, porque ellos están contaminando el ambiente a través de la generación de su energía. Nosotros no queremos entorpecer el proceso, pero queremos que se haga bien. Nos preocupa profundamente que la isla ahora se quiera convertir en un centro de gas natural”, cuestionó.

La gobernadora Jenniffer González defendió la extensión de la quema de carbón hasta el 2032 mediante una ley que impulsó y firmó, ya que esto producirá 500 megavatios energía fósil para responder al déficit de generación.

Bajo las medidas de la Administración González, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) también descartó las metas intermedias de transición a energía renovable que habían sido establecidas bajo la Ley 17 de 2019.

Entre las reclamaciones de los demandantes destaca que el plan de afianzamiento de combustibles fósiles viola la ley NEPA porque la definición del proyecto se hizo de forma “irrazonablemente limitada, presentándolo como la restauración y reparación de la red eléctrica centralizada de Puerto Rico que existía antes de los huracanes de 2017, en lugar de satisfacer las necesidades de los residentes del archipiélago de electricidad segura, resiliente y confiable”.

Las organizaciones argumentan que la Evaluación Ambiental Programática o PEA, falló en analizar en profundidad los impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos de incentivar los combustibles fósiles.

La PEA carecía de pruebas suficientes y de un análisis adecuado de los impactos ambientales del proyecto para respaldar su conclusión final de que no hubo impacto significativo.

Las organizaciones además alegan que FEMA violó la NEPA al no preparar una Declaración de Impacto Ambiental que incluyera los efectos contaminantes al aire, al cambio climático, a los animales terrestres y marinos y sus hábitats críticos, a los recursos culturales e históricos y en la justicia ambiental. La agencia tampoco explicó por qué varios factores de importancia de la NEPA no requieren la preparación de una de estas declaraciones.

“Nuestro rol es garantizar que las decisiones que se tomen sobre la reconstrucción de Puerto Rico sean transparentes, participativas y con justicia ambiental como norte. Así que en términos de cuál va a ser esa política energética, nosotros lo que queremos es articular las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Si el pueblo de Puerto Rico entiende que, por su situación, los combustibles fósiles se deben de utilizar por un tiempo, y que esa meta de alcanzar el 100% de energía renovable para el 2050 se tiene que aplazar, pues muy bien. Ahora, hay que darle la oportunidad a ese pueblo a que exprese ese sentir, y para eso está NEPA”, concluyó Cruz.

Otros grupos que forman parte de la demanda son: Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, Casa Taboaeñana de Formación Comunitaria y Resiliencia, Center for Biological Diversity y El Puente de Williamsburg.

En abril del año pasado, el caso que se estaba viendo en el Distrito de Columbia fue trasladado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.