.png)
hace 9 horas
2
BUENOS AIRES. - Eduardo Casal, procurador general de la nación, dictaminó que debe revisarse la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y llevarla a 12 años de prisión.
De acuerdo con Casal, Fernández no solo debe ser castigada por el delito de fraude, también por asociación ilícita dentro de la causa por los hechos de corrupción relacionados con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Esta trama es conocida como el caso de "Vialidad".
El procurador respaldó el recurso extraordinario presentado por el acusador Mario Villar, según el cual los jueces de Casación habían repetido los argumentos del tribunal oral sin responder a sus críticas por desestimar el delito de asociación ilícita. También expresó que la asociación ilícita es un delito autónomo, de peligro abstracto, que se consuma con la sola participación en una organización con fines delictivos múltiples, independientemente de su ejecución.
El pasado 31 de marzo, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante el Tribunal Supremo en un intento por revertir la condena de seis años de prisión en su contra por corrupción.
Esta acción representó su última posibilidad legal para anular la sentencia, aunque sin el respaldo del Tribunal de Casación Federal, lo que reduce significativamente sus posibilidades de éxito.
La condena contra Fernández se basó en pruebas que demostraron un esquema de direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, beneficiando a Lázaro Báez, empresario cercano a la exmandataria y dueño de Austral Construcciones. La Justicia determinó que se trató de una maniobra de fraude contra la administración pública en la que participaron funcionarios de distintos niveles.
En manos de la Corte
A partir de ahora, la Corte Suprema estará en condiciones de estudiar el expediente de la expresidenta y dictaminar si confirma o no la sentencia acusatoria. Esta sentencia tendría dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El procurador Eduardo Casal también pidió que sean revocadas las absoluciones de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, y de Héctor Garro, expresidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz.
FUENTE: Con información de La Nación/Infobae/Clarín
English (US) · 
Spanish (ES) ·