Presentan crudo documental sobre alegada violación de DDHH y usurpación en provincia argentina

El evento, coauspiciado por la comunidad de residentes argentinos en Miami y la organización Mía Argentina, buscó exponer un alegado episodio sobre abuso, impunidad y complicidad de autoridades en esa provincia argentina, que documentó el Comité de Derechos Humanos del IID.

La pieza audiovisual gira en torno a la historia de Ardiles, un ciudadano argentino y trabajador rural de 64 años, que fue presuntamente despojado de manera ilegal de su predio rural en Forres, Santiago del Estero, que era su medio de vida y hogar.

Según la presentación, el presunto responsable de esta violación de derechos humanos sería Federico López Alzogaray, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, quien posee un predio contiguo.

El caso Ardiles fue atendido por el Comité de Derechos Humanos del IID, que preside Armando Valladares, un expreso político cubano y exembajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La investigación del IID incluyó tres viajes a Santiago del Estero, donde se reunieron con la familia Ardiles y autoridades locales y nacionales. Según el comité, el caso quedó "absolutamente documentado" después de consultar con un prestigioso bufete de Buenos Aires.

Caso Ardiles

De acuerdo con el documental y los ponentes, la violación comenzó con el derecho de propiedad. López Alzogaray presentó una demanda de reivindicación alegando que una tatarabuela suya recibió esa tierra en 1780, un argumento calificado de ilegal y falso por miembros del Instituto.

A pesar de que Ardiles había vivido toda su vida en la propiedad, poseía el título "perfecto" heredado de su padre (quien la adquirió por prescripción adquisitiva o usucapión hace más de 100 años), fue despojado.

El desalojo se llevó a cabo con gran despliegue de fuerza policial, sacando a la familia, incluyendo un bebé, sin permitirles llevar ni siquiera una prenda de vestir, de acuerdo con videos incluidos en el documental.

Tras la acción, la casa fue destruida y luego incendiada, un acto calificado de "enseñamiento" y "perversidad absoluta". Además del despojo, a Ardiles se le quitó el canon de riego de sus 7 hectáreas en plena cosecha, lo que llevó a la pérdida de cultivos como algodón y caña escoba, y a la muerte de sus animales por hambre y sed. Los animales que quedaron tuvieron que ser malvendidos, según las denuncias.

Miembros del IID visitaron a Manuel Ascencio Ardiles poco antes de su fallecimiento. Lo encontraron en cama, visiblemente afectado. Ardiles falleció posteriormente. Varios ponentes vincularon su muerte directamente con el atropello sufrido. El embajador Valladares afirmó, a título personal, que "lo asesinó el juez", refiriéndose a López Alzogaray.

Caso de casos

El caso Ardiles no parece ser un incidente aislado. Los ponentes destacaron que existen "centenas de casos" o "miles de denuncias" de usurpación de tierras en Santiago del Estero, realizadas a través de coacciones, violencia y manipulación administrativa y judicial.

Esta usurpación se consolida poniendo simplemente un cartel con el nombre del nuevo dueño, sin importar títulos de propiedad o registros, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el IID.

Marcel Feraud, miembro del Comité de Derechos Humanos del IID, calificó estos hechos como un delito agravado porque se producen "bajo un disfraz, bajo un manto de legalidad".

Señaló que López Alzogaray habría actuado con alevosía y planificación, sabiendo que sus subalternos judiciales acatarían sus órdenes.

Feraud y otros ponentes describieron a Santiago del Estero como una provincia con un sistema "casi feudal" o "verdaderamente feudal", donde existe un orden piramidal vertical y connivencia entre el poder político y

En el documental se observa que cuando representantes del IID intentaron entregar una copia de su informe a López Alzogaray, este se inhibió, trasladando la recepción al Tribunal Superior.

Ricardo Israel, director del IID, resaltó que los derechos humanos se violan tanto en dictadura como en democracia, pero en democracia no debería haber impunidad ni protección a los abusadores.

Remarcó que el derecho a la propiedad privada figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 17) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Artículo 23), garantizando el derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie sea privado arbitrariamente de ella, siempre incluyendo la indemnización correspondiente.

La singularidad de este caso, señaló Israel, es que los principales acusados de violar los derechos están relacionados con la administración de justicia y se consideran "intocables", lo cual cuestiona el sentido de un sistema de protección.

Norberto Espángaro, director del Instituto y representante de la comunidad argentina en Miami, contrastó las infraestructuras modernas de Santiago del Estero (estadios, circuitos de carreras, canchas de golf) con el hecho de que es una de las provincias más pobres de Argentina y un supuesto centro de recepción y distribución de drogas.

Comparó la situación con la de otras provincias donde el "feudalismo tuvo su momento más increíblemente brillante" durante la pandemia y criticó el "silencio mediático y político" que ha rodeado el caso Ardiles.

Avance

El IID anunció que seguirá en este caso "hasta las últimas consecuencias", acudiendo a todas las instancias, sean locales en Argentina o internacionales.

Aunque hubo cierta ayuda gubernamental para la familia de Ardiles tras el desalojo (vivienda social, materiales para ampliaciones), se destacó que no les dieron escrituras ni se les reparó el daño, y la situación se agravó con amedrentamientos.

La intención original, según un abogado de López Alzogaray citado, fue siempre "obligar a Manuel Ardiles a abandonar su inmueble". La falta de preocupación por la situación jurídica o el Estado de derecho fue evidente, según el IID.