Nueva York – Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), dijo que la potencial relocalización de empresas en Puerto Rico en respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones dependerá, entre otros factores, del alcance y permanencia de los mismos.
“Muchas compañías, el cálculo que hacen es, ‘¿estos aranceles son permanentes o no?’. Si no son permanentes, no van a hacer nada; no tienen muchos incentivos para moverse porque capean la tormenta, esperan que esto pase, vendrá otro presidente. Si ellos ven que esto es real y que va a estar aquí por los próximos 5, 6, 7 años o más, pues ahí tiene un escenario en el que venir a manufacturar a Puerto Rico puede ser atractivo porque Puerto Rico está dentro de la zona de aduanas de Estados Unidos, y, por lo tanto, esos productos no estarían sujetos a los aranceles nuevos”, declaró el economista a preguntas de El Diario.
El gobierno de Puerto Rico, encabezado por Jenniffer González, ha apostado al potencial manufacturero y al hecho de que la isla está bajo la jurisdicción de Estados Unidos como algunas de las ventajas para que empresas de otras jurisdicciones se reubiquen en el territorio.
Como parte de los esfuerzos para impulsar una estrategia de “reshoring”, la gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 012 para establecer e implementar un plan en esa dirección.
“La Orden alinea todos mecanismos del Gobierno para tener una sola voz en cuanto al tema de manufactura, identificar nuevas oportunidades de inversión y recomendar al Gobierno alternativas de política pública”, señaló González en un mensaje público al cumplir sus primeros 100 días en la posición. Adicional, creó un “Grupo de Trabajo de Reshoring”.
La primera ejecutiva dijo que aprovecharían las nuevas medidas arancelarias de la Administración Trump para promover el retorno de la manufactura a Puerto Rico, lo que describió como “Made in America, Made in Puerto Rico”.
En ese sentido, el entrevistado matizó con el argumento de que parte de lo que podría desalentar a potenciales inversionistas son los altos costos de la electricidad y la inestabilidad del sistema.
“¡Ojo!, Puerto Rico es un lugar caro para manufactura por el costo de energía que es relativamente alto; la aplicación de las leyes de cabotaje también”, alertó Marxuach.
“Vamos a asumir que eres una compañía americana que está produciendo en Asia; en Singapur, digamos. Van a decir, ‘bueno, a lo mejor debo mirar más cerca de EE.UU., porque si lo sigo haciendo en Singapur, me van a cobrar 10% adicional sobre el producto (por los aranceles de Trump)’. ‘Producir en Puerto Rico, con el costo más alto de energía y con el costo más alto de embarcación a Estados Unidos, ¿cómo saldría (beneficiado)?’, ‘¿me ahorro 10%, salgo igual o me sale más caro en Puerto Rico?’. Ese es el análisis que van a hacer las compañías y depende de cada producto y de cada compañía. No te puedo decir tantas van a decir que sí; tantas van a decir que no. En algunos casos, hará sentido. En otros, pues le saldría muy caro hacerlo en Puerto Rico, porque, aunque se ahorren el arancel, tienes que pagar el costo de energía más alto y tienes que pagar también el barco de bandera americana, si tu mercado es en EE.UU.”, explicó el experto.
El analista otorgó un peso sustantivo al argumento de que hacer negocios en Puerto Rico y no en otras jurisdicciones implicaría un mayor grado de seguridad para EE.UU.
“Hay contratos que el Pentágono otorga que solamente se pueden hacer en EE.UU.; productos de seguridad nacional que solo pueden hacerse en EE.UU., en bandera americana, ahí Puerto Rico pudiera tener una oportunidad también. Ahora, estás compitiendo con los 50 estados. Pero, pudiera haber una oportunidad, especialmente en áreas en los que Puerto Rico ya tiene cierta huella en piezas aeroespaciales, componentes electrónicos…”, mencionó.
Sin embargo, Marxuach insistió en que el proceso no es uno automático, y que el Gobierno tiene que presentar y promover un plan concreto.
“Como te digo, no es automático. Estamos compitiendo con los otros 50 estados que también van a hacer sus propuestas. Pero hay una ventaja de ser jurisdicción norteamericana y de estar dentro de la zona de aduanas, que otras jurisdicciones no tienen”, resaltó.
“Puerto Rico tendría que hacer un análisis, caso por caso, de en qué sectores y productos puede tener una ventaja, y hacerles un acercamiento directo a esas compañías. Tampoco es esperar aquí a que nos caiga del cielo, porque hay otras jurisdicciones que se van a mover más rápido; son más agresivas. Hay que tener un plan, y yo creo que, para ser justos, el nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico (Sebastián Negrón Reichard), por lo menos lo que ha dicho públicamente, es que están mirando esas alternativas y oportunidades”, puntualizó sobre las posibilidades.
El experto explicó que, tras los retos que trajo en el 2020 la pandemia de COVID-19 a la salud pública y a la cadena de suministros, la Administración Biden empezó a repensar su política sobre las importaciones en vista de la dependencia comercial en países a los que no controla.
“Nos dimos cuenta en el 2020 que muchas cosas que creíamos que se manufacturaban en EE.UU., resulta que no. Desde cosas tan básicas como mascarillas de papel, que teníamos que ir a comprarlas en Asia, mayormente a China, a maquinaria, equipo, una serie de productos que, aunque acababan dentro de un producto que se hacía en EE.UU., había partes o piezas que venían de la cadena de distribución de países extranjeros. Cuando está terminando el primer cuatrienio de Trump y cuando empiezan los cuatro años de Biden, el gobierno de EE.UU. dice, ‘mira, tal vez lo que hemos estado haciendo durante los últimos 40 años de enviar toda esta manufactura a EE.UU., a Asia, América Latina, y en menor grado a Europa, porque sale más barato, a lo mejor tiene un riesgo grande en términos de salud pública y la seguridad nacional de EE.UU.’”, abundó.
En ese sentido, destacó que el expresidente Joe Bien aumentó los aranceles a China y dejó los que había impuesto Trump en su primer mandato.
“Empieza una política bien agresiva de parte del gobierno de EE.UU. para tratar de convencer a estas compañías de manufactura americana que regresen la manufactura, sino a EE.UU., por los menos a países cerca o amistosos o aliados a EE.UU., y eso fue una política bien agresiva”, describió.
Marxuach consideró que, a grandes rasgos, la llegada de empresas sería mayormente beneficioso para Puerto Rico, que desde la derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos ha perdido miles de empleos en manufactura.
“Puerto Rico ha perdido muchos empleos de manufactura desde que se fue la 936; la apertura del mercado de China; NAFTA también afectó mucho la manufactura de EE.UU., muchas compañías se fueron de México… O sea, que, en la medida en que Puerto Rico, pueda tomar ventaja, uno, de que somos territorio de bandera americana; dos, que estamos dentro de aduanas, pues pudiera ver una oportunidad de crear empleos de manufactura en Puerto Rico otra vez a un nivel relativamente alto. Pero, repito, no va a suceder por sí solo, y tenemos que hacer una propuesta de por qué manufacturar y producir esto en Puerto Rico tiene sentido y cómo vamos a bregar con las desventajas que tenemos en términos del costo de energía, las leyes de cabotaje, principalmente. Hay que analizar bien”, insistió.
El fin de la sección se tradujo en la eliminación de los beneficios económicos a las empresas que se establecían en la isla, ya que eximía a las compañías estadounidenses del pago de impuestos federales sobre sus ingresos.
Los críticos de la Sección 936 argumentaban que la disposición privilegiaba a grandes corporaciones estadounidenses y no a las locales. También señalaban que, para cuando se eliminó la provisión en el 1995 como resultado de una ley firmada por el presidente Bill Clinton, muchas de esas empresas ya estaban abandonando la isla.
Sobre informes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) que apuntan a que el sector de la manufactura se encuentra en tendencia positiva particularmente en cuanto a las farmacéuticas, Marxuach planteó: “Lo que pasa es que hemos perdido en los últimos años decenas de miles de empleos. En el balance neto, hemos perdido más de lo que hemos creado…Si comparas a Puerto Rico con los años 80, por ejemplo, pues había muchos más empleos en manufactura que los que hay hoy día. Ahora, eso no quita que se hayan creado empleos nuevos el año pasado”.
La carta de la gobernadora de Puerto Rico al “zar de los aranceles”
El 2 de abril, la Administración González informó que había enviado una carta al director de la Oficina de Política Pública sobre Comercio y Manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, en la que expone el “rol primordial de Puerto Rico en la cadena de suministros y en la manufactura general a nivel nacional”.
En la misiva, la gobernadora la hace cuatro pedidos al asesor de Trump.
Los primeras dos son: incluir a Puerto Rico como un componente específico en la política estratégica de manufactura de la Administración Trump, particularmente en el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos; y crear incentivos específicos para las empresas que reubican su producción de China, México y Canadá a Puerto Rico, como una alternativa nacional segura.
La primera mandataria además solicitó acelerar los procesos de aprobación federal para las instalaciones de manufactura, y ordenar a agencias federales como el Departamento de Defensa y el de Salud y Servicios Humanos, que adquieran productos farmacéuticos, equipos médicos, componentes aeroespaciales y bienes de defensa de fabricantes nacionales, incluyendo Puerto Rico.
A Navarro se le ha identificado en reportes de prensa como el “zar de los aranceles”, ya que es una de las figuras claves detrás de la política arancelaria de Trump.
A principios de este mes, Invest Puerto Rico informó que recibió a representantes de siete empresas, entre las que se encuentra una de Eslovenia, con interés en mover o expandir sus operaciones a la isla por los beneficios geopolíticos que representa.
“Es algo que necesita ser evaluado y básicamente valorado de tal manera que puedan mitigar riesgos. Y pueden, sí, aprovechar probablemente la oportunidad (de invertir) una vez que se presente, porque ahora mismo muchas cosas siguen siendo inciertas, y ese tipo de incertidumbre es lo que a nuestros clientes les gustaría abordar y mitigar a largo plazo”, dijo a El Nuevo Día Carlos Sánchez, director para incentivos de Newmark.
Cabe señalar que los aranceles anunciados por Trump incrementarían el costo de diversos productos en la isla debido al hecho de que la mayoría de lo que se consume en el territorio es importado.
Precisamente, este miércoles transcendió sobre una circular informativa divulgada por la Casa Blanca en la que se señala que China podría encarar aranceles de hasta el 245 %.
Trump también ha encomendado un análisis sobre los riesgos para la seguridad nacional que tiene EE.UU. al depender de países como China.
La guerra comercial declarada por la Administración Trump se intensificó el 2 de abril cuando el presidente anunció “aranceles recíprocos” para distintos países. Una semana después y en respuesta a las caídas de los mercados, el Gobierno informó de una pausa de 90 días a los aranceles, pero dejando en vigor el mínimo general de 10%. En cuanto a China, Trump aumentó los gravámenes a un 145 %.
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