Por qué la izquierda necesita un Ecuador debilitado

El narcotráfico, la guerrilla y la izquierda: una alianza implícita

Es importante señalar que no contamos con evidencia directa que demuestre una relación explícita entre la izquierda y la criminalidad organizada en América Latina. Sin embargo, los patrones históricos y las decisiones políticas durante ciertos gobiernos sugieren una complicidad funcional que ha beneficiado al narcotráfico y a las guerrillas. En el caso de Ecuador, durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), se observan claros indicios de esta dinámica, marcada por la tolerancia hacia grupos narcoguerrilleros, la alianza con el chavismo y decisiones como la terminación del convenio de la base militar de Manta.

En Ecuador, la influencia de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC se hizo evidente en la frontera norte, donde encontraron refugio tras el conflicto armado en Colombia, expandiendo sus operaciones y estableciendo vínculos con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque no hay documentos que prueben un pacto formal, la izquierda, a través de gobiernos aliados como el de Correa, parece haber facilitado esta expansión al priorizar agendas ideológicas sobre medidas efectivas de seguridad, ofreciendo un entorno de impunidad que las redes criminales aprovecharon.

Los cárteles proporcionan financiamiento y logística a los grupos guerrilleros, mientras que las guerrillas ofrecen seguridad territorial y entrenamiento militar. La izquierda, por su parte, ha contribuido con una narrativa antiimperialista que, en la práctica, ha debilitado las instituciones y permitido que estas alianzas prosperen. Este modelo, visible en Venezuela con el Cartel de los Soles y el régimen de Maduro (Ellis, 2021), depende de un Estado frágil. En Ecuador, la desestabilización sirve como terreno fértil para que la izquierda culpe al "neoliberalismo" y promueva agendas populistas, potencialmente financiadas por flujos ilícitos.

La pesca artesanal: un eslabón clave en el transporte de cocaína

Un aspecto poco discutido pero crucial en la expansión del narcotráfico en Ecuador es el rol de la industria de la pesca artesanal, cooptada por las redes criminales para el transporte de cocaína. Los pescadores artesanales, que operan principalmente en provincias costeras como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, se han convertido en un recurso humano esencial para el narcotráfico, utilizando embarcaciones como go-fasts, semisumergibles y embarcaciones de bajo perfil para mover droga hacia Centroamérica y Estados Unidos (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023).

La pesca artesanal en Ecuador abarca una flota significativa, con estimaciones que varían entre 11,323 embarcaciones según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y hasta 50,000 según otras fuentes (UNODC, 2023). Sin embargo, los pescadores enfrentan condiciones de extrema precariedad: según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 91% tienen ingresos menores a la canasta familiar básica (710 dólares), y el 68% ganan menos que el sueldo básico (386 dólares) (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2010). Esta pobreza, combinada con la falta de políticas públicas efectivas, ha hecho que muchos pescadores sean blanco fácil para las mafias del narcotráfico.

Las redes criminales aprovechan las habilidades marítimas de los pescadores, su conocimiento de las rutas del Pacífico y el acceso a combustible subsidiado para convertirlos en eslabones clave de la cadena del narcotráfico. En Esmeraldas, por ejemplo, se estima que millones de galones de gasolina destinados a la pesca artesanal son desviados anualmente para actividades ilícitas, incluyendo el suministro de combustible a embarcaciones que transportan cocaína. Este combustible, que se vende a precios subsidiados, es transportado a lugares como Tumaco, Colombia, donde su precio se triplica, beneficiando a las redes criminales.

Las embarcaciones utilizadas por los pescadores para el narcotráfico incluyen:

- Go-fasts: Lanchas rápidas que permiten evadir patrullas marítimas, aunque su uso ha disminuido con el avance de la tecnología de detección.

- Semisumergibles (narcosubmarinos): Diseñados para ser indetectables por radar o sonar, pueden transportar hasta 10 toneladas de cocaína a 3,200 kilómetros. En 2010, las autoridades ecuatorianas incautaron un narcosubmarino en la frontera con Colombia, capaz de sumergirse hasta 20 metros (BBC News, 2010).

- Embarcaciones de bajo perfil: Modificaciones de barcos comunes que minimizan su visibilidad, ideales para evadir detección.

Los pescadores no siempre participan voluntariamente; muchos son víctimas de extorsión o reclutamiento forzado. En Manabí y Esmeraldas, las mafias extorsionan a los pescadores, robando motores fuera de borda y dejándolos a la deriva, mientras que otros son cooptados con promesas de dinero rápido. Se estima que cientos de pescadores ecuatorianos están encarcelados en países como EEUU, Guatemala y Colombia por delitos relacionados con el narcotráfico.

Esta situación refleja la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras y la complicidad de un sistema corrupto que ha permitido el desvío de recursos y la falta de control marítimo. Durante el gobierno de Rafael Correa, la tolerancia hacia grupos narcoguerrilleros como las FARC y el ELN en la frontera ecuatoriana, combinada con la decisión de cerrar la base de Manta, facilitó la expansión de estas redes criminales, que hoy explotan a los pescadores como peones en un juego más amplio de poder regional (Semana, 2008).

Los piratas de la cocaína en 2014: un ejemplo de complicidad bajo Correa

Un episodio revelador de esta dinámica ocurrió en 2014, durante la administración de Rafael Correa, con el auge de los llamados "piratas de la cocaína". Estos grupos, operando desde las costas de Manabí, Esmeraldas y Guayas, eran pescadores artesanales cooptados o extorsionados por redes criminales para transportar droga en altamar. En marzo de 2014, Insight Crime documentó cómo estos piratas secuestraban barcos pesqueros o los convertían en estaciones de servicio para narcos colombianos y mexicanos, aprovechando la falta de control marítimo tras el cierre de la base estadounidense en Manta en 2009, una medida emblemática de Correa que simbolizó su rechazo a la cooperación con EEUU.

Un caso notable tuvo lugar ese año, cuando las autoridades ecuatorianas, con apoyo internacional, interceptaron embarcaciones en Jaramijó y Manta cargadas con cocaína. Los pescadores relataban asaltos nocturnos por piratas armados con AK-47, quienes les robaban combustible o los reclutaban con ofertas irresistibles en medio de su pobreza extrema. Algunos, como Marco Sánchez, un pescador de Jaramijó citado en reportes de la época, se unieron por necesidad tras años de abandono estatal, mientras otros eran abandonados a la deriva si se resistían. Este fenómeno no fue un accidente: la salida de la base de Manta, que realizaba miles de operaciones antidroga anuales, dejó un vacío que los piratas llenaron rápidamente, con la aparente complacencia de un gobierno que priorizó la soberanía ideológica sobre la seguridad.

Bajo Correa, la tolerancia hacia las FARC y el ELN en la frontera, evidenciada por los documentos de Raúl Reyes tras el bombardeo de Angostura en 2008, y la extensa relación con el chavismo, que financiaba agendas afines con petrodólares, crearon un entorno permisivo. En 2014, el narcotráfico marítimo ya era una industria consolidada, con narcosubmarinos y embarcaciones de bajo perfil transportando toneladas de cocaína hacia Centroamérica. La corrupción en puertos y la falta de patrullaje permitieron que los piratas operaran con impunidad, mientras el gobierno promocionaba una falsa "isla de paz" que encubría el avance del crimen organizado. Aunque no hay pruebas directas de un acuerdo explícito entre Correa y los narcos, estas políticas y omisiones sugieren una complicidad práctica que benefició a las redes criminales.

El transporte marítimo en contenedores: una autopista para la cocaína

Además de la pesca artesanal, la industria del transporte marítimo internacional a través de contenedores se ha consolidado como uno de los métodos preferidos por las redes de narcotráfico para exportar grandes cargamentos de cocaína con notable facilidad. Este sistema aprovecha el enorme volumen de mercancías legales que se mueven diariamente por los puertos del mundo, lo que dificulta la inspección exhaustiva de cada contenedor. Los traficantes ocultan la droga entre productos legítimos, como banano, atún o materiales de construcción, o incluso dentro de las estructuras mismas de los contenedores, explotando la falta de controles rigurosos y la corrupción en algunos puntos de la cadena logística (UNODC, 2023). La capacidad de mover toneladas de cocaína en un solo envío, combinada con la dificultad de detección, hace de esta modalidad una opción eficiente y de bajo riesgo relativo para las organizaciones criminales.

Ecuador, con puertos estratégicos como Guayaquil, se ha convertido en un epicentro para esta actividad. La droga producida en laboratorios clandestinos en Colombia y Perú, o trasladada desde la frontera ecuatoriana, es canalizada hacia estos puertos para su exportación a mercados globales, especialmente Europa y Estados Unidos. En Europa, este método ha sido evidente en varias incautaciones récord que destacan la magnitud del problema. En febrero de 2021, las autoridades aduaneras alemanas y belgas confiscaron 23 toneladas de cocaína en los puertos de Hamburgo y Amberes, consideradas la mayor incautación de la historia europea hasta ese momento. La droga, procedente de Paraguay, estaba oculta en contenedores con latas de masilla y pintura, y su valor en el mercado se estimó en varios miles de millones de euros (Deutsche Welle, 2021).

A esta modalidad marítima se suma el uso de avionetas como un método ágil y directo para transportar cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, utilizando Centroamérica como puente. Estas pequeñas aeronaves, a menudo operadas desde pistas clandestinas en zonas rurales o selváticas como las provincias de Manabí, Esmeraldas o Sucumbíos, aprovechan la geografía accidentada y la falta de vigilancia aérea para despegar con cargamentos que oscilan entre 300 y 1,000 kilogramos por vuelo (UNODC, 2023). Las rutas suelen incluir paradas en países como Honduras, Guatemala o México, donde la droga es transferida a otros medios de transporte o almacenada antes de cruzar la frontera estadounidense. En mi experiencia en Guatemala (2017-2022), observé cómo estas operaciones dependían de la corrupción de autoridades locales y la precariedad de los sistemas de radar, un patrón que se repite en Ecuador.

Estas operaciones, tanto marítimas como aéreas, revelan cómo el narcotráfico ha diversificado sus estrategias en Ecuador, desafiando a las autoridades por su escala y sofisticación. La falta de control en los puertos y el espacio aéreo, exacerbada por la corrupción institucional que floreció bajo gobiernos permisivos como el de Rafael Correa, ha convertido al país en una plataforma ideal para estas modalidades de tráfico. La izquierda, al debilitar las instituciones y tolerar el avance del crimen organizado, ha permitido que el narcotráfico se incruste en sectores clave de la economía y la logística, perpetuando la inestabilidad que les beneficia políticamente.

Las llamadas de auxilio de Daniel Noboa y la falta de respuesta internacional

El presidente Daniel Noboa ha lanzado múltiples llamados de auxilio a la comunidad internacional para frenar la crisis de violencia y narcotráfico que enfrenta Ecuador. Desde su llegada al poder, ha declarado al crimen organizado como enemigo del Estado, implementado medidas de emergencia y pedido apoyo a organismos internacionales.

Sin embargo, la respuesta ha sido limitada. Los países vecinos no han hecho lo suficiente para contener la expansión del narcotráfico, y la izquierda regional ha buscado minimizar la gravedad de la crisis ecuatoriana, ya que un Ecuador caótico fortalece su narrativa de que el “modelo neoliberal” ha fracasado. La participación de los pescadores artesanales, el uso de contenedores marítimos y las avionetas en el narcotráfico, alimentados por la falta de control estatal y la corrupción, son ejemplos claros de cómo la inestabilidad beneficia a las agendas de la izquierda, que prefieren un país débil y permeable al crimen organizado.

Las organizaciones criminales han respondido con ataques directos al gobierno de Noboa. Las cárceles ecuatorianas, controladas por mafias del narcotráfico, se han convertido en centros de operaciones criminales, desafiando el control del Estado. Mientras tanto, el crimen organizado ha lanzado ataques coordinados en las principales ciudades, con asesinatos de fiscales, atentados contra periodistas y secuestros de funcionarios públicos.

La falta de apoyo internacional pone en riesgo la estabilidad de Ecuador y de toda la región. Noboa ha pedido cooperación en inteligencia, financiamiento para reforzar las fuerzas de seguridad y un mayor compromiso de los países vecinos para frenar el flujo de drogas y armas. Sin embargo, el silencio de muchas naciones muestra una peligrosa indiferencia ante la amenaza que enfrenta Ecuador, dejando al país en una posición vulnerable frente a un enemigo que trasciende sus fronteras.

Una propuesta para la estabilidad regional: Reducir los cultivos de coca como clave

En este contexto de crisis regional, una estrategia que he planteado desde mi experiencia en la lucha contra el narcotráfico es reducir los cultivos de coca en Colombia de 253,000 hectáreas —según el Informe de la UNODC de 2023— a al menos 150,000 hectáreas, un recorte del 40% que podría disminuir la producción de cocaína en cientos de toneladas anuales. Esta medida, basada en mi observación de cómo la oferta de droga alimenta la violencia en países como Ecuador y Haití, requeriría políticas agresivas: erradicación forzada en zonas como Nariño y Putumayo, cerca de la frontera ecuatoriana, combinada con programas de sustitución de cultivos y un fortalecimiento del control fronterizo con apoyo internacional.

La reciente visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, a Colombia el 27 de marzo de 2025, durante su gira por El Salvador, Colombia y México, ofrece un marco relevante para esta propuesta. Noem firmó un acuerdo con la canciller colombiana Laura Sarabia para ampliar el intercambio de datos biométricos, buscando fortalecer la cooperación contra el crimen transnacional, incluido el Tren de Aragua, una banda venezolana vinculada al narcotráfico y clasificada como organización terrorista por la administración Trump. Sin embargo, las tensiones durante esta visita, especialmente por el tema del narcotráfico, reflejan las dificultades de alinear intereses con el gobierno de Gustavo Petro, cuya visión de izquierda prioriza soluciones sociales sobre enfoques militarizados.

Mi propuesta de reducir los cultivos de coca podría complementar esfuerzos como los de Noem, debilitando económicamente a grupos como el Tren de Aragua, los cárteles mexicanos (Sinaloa y CJNG) y las pandillas haitianas, que dependen de la cocaína para financiar su violencia. En Ecuador, donde el narcotráfico ha cooptado la pesca artesanal, los puertos y las rutas aéreas, y en Haití, donde las bandas aprovechan el caos estatal, cortar la oferta de droga desde Colombia limitaría los recursos de estas redes, aunque no su capacidad inmediata de adaptación. La viabilidad de esta reducción enfrenta retos logísticos y políticos, desde la corrupción hasta la resistencia de comunidades cocaleras, pero representa una solución estructural frente a la inestabilidad que beneficia a agendas de izquierda.

Esta visión de atacar el problema en su origen no solo responde a las súplicas de Noboa, sino que ofrece una alternativa concreta a la limitada respuesta internacional. Al reducir la base económica del narcotráfico, se podría aliviar la presión sobre Ecuador y otros países vulnerables, sentando las bases para una estabilidad regional que contrarreste las narrativas populistas que prosperan en el caos.

Ecuador busca apoyo de EEUU: Armamento y la reunión con Mario Díaz-Balart

Complementando esta visión estratégica, Ecuador ha intensificado sus esfuerzos por fortalecer su capacidad interna contra el narcotráfico. El 3 de abril de 2025, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, se reunieron en Washington, D.C. con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que controla los fondos de defensa de EEUU para América Latina. El encuentro, calificado como "fructífero" por el gobierno ecuatoriano, buscó concretar acuerdos para la adquisición de armamento, tecnología y entrenamiento militar, un paso clave en la lucha contra el crimen organizado (Vera, 2025).

El significado de esta alianza trasciende lo militar: representa un intento de Ecuador por alinearse con EEUU para contrarrestar la influencia de la izquierda regional y sus aliados criminales. Díaz-Balart, con su historial de sanciones contra regímenes como el de Maduro y su rechazo a la tolerancia de grupos como las FARC, encarna una visión que ve en un Ecuador fuerte una barrera contra el avance del narcoterrorismo y el socialismo en América Latina. Esta cooperación, junto con propuestas como la reducción de cultivos de coca en Colombia, podría blindar al país desde dos frentes: cortando la oferta de droga en su origen y fortaleciendo su capacidad de respuesta interna. Sin embargo, la efectividad de este apoyo dependerá de la capacidad de Noboa para implementar reformas internas y combatir la corrupción que facilita las operaciones de las mafias, desde la pesca artesanal hasta los puertos y las rutas aéreas.

El rol de la corrupción en la consolidación del crimen organizado

Ningún esquema de narcotráfico de esta magnitud puede operar sin un elemento fundamental: la corrupción institucional. Desde altos funcionarios gubernamentales hasta jueces, fiscales, policías y militares, muchos han sido comprados por el crimen organizado, lo que ha permitido la consolidación de Ecuador como un centro del narcotráfico. La pesca artesanal, el transporte en contenedores y las avionetas son ejemplos claros de este problema: el desvío de combustible subsidiado, la falta de patrullaje marítimo y aéreo, así como la permeabilidad de los puertos, son posibles gracias a la corrupción en las autoridades locales y nacionales, que han permitido que las mafias operen con impunidad (Transparency International, 2023).

En mi experiencia en la región, he observado cómo la corrupción facilita la fuga de información, permite la liberación de narcotraficantes capturados y garantiza la impunidad de redes criminales. Sin una estrategia firme para erradicar la corrupción, cualquier intento de recuperar el control del país ya sea mediante apoyo externo o propuestas como la reducción de cultivos de coca se verá bloqueado desde adentro.

Para agravar la situación, Ecuador es el único país en América Latina que utiliza el dólar estadounidense como su moneda oficial, un factor de suma relevancia para los cárteles de la cocaína. Adoptado en el año 2000 tras una crisis económica (Banco Central del Ecuador, 2020), el dólar es la moneda preferida del crimen organizado, ya que permite transacciones internacionales sin la volatilidad de las monedas locales y facilita el lavado de dinero a gran escala (UNODC, 2023). Esta característica convierte a Ecuador en un centro financiero clave para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, ya que los cárteles pueden mover sus ganancias directamente en la divisa dominante del comercio global, evitando conversiones riesgosas o rastreables. Como resultado, el uso del dólar no solo debilita aún más la economía ecuatoriana al integrarla al flujo ilícito, sino que también expone al país a sanciones internacionales y refuerza su atractivo como base operativa para las mafias.

La izquierda y el caos como estrategia de poder

Desde mi experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en América Latina, he observado patrones comunes en cómo los gobiernos de izquierda aprovechan la inestabilidad: deslegitimar a líderes promercado y anticorrupción, facilitar la expansión del crimen transnacional, garantizar la corrupción como herramienta de control, utilizar la crisis migratoria como herramienta de presión y desestabilizar la economía para justificar mayor control estatal.

La cooptación de la pesca artesanal, el uso de contenedores marítimos y las avionetas por el narcotráfico son ejemplos de cómo la izquierda, al tolerar o incluso facilitar la presencia de redes criminales, perpetúa la inestabilidad para avanzar su agenda. Los pescadores, atrapados entre la pobreza y la coerción de las mafias, y los puertos y rutas aéreas, vulnerados por la corrupción, son víctimas de un sistema que la izquierda ha ayudado a crear al priorizar el control político sobre la seguridad y el desarrollo económico.

La relación entre Chávez, Correa y Uribe: un caso de desestabilización

La relación entre Hugo Chávez, Rafael Correa y Álvaro Uribe ilustra cómo la izquierda utiliza la inestabilidad para debilitar a sus oponentes ideológicos. Chávez, presidente de Venezuela (1999-2013), y Correa, presidente de Ecuador (2007-2017), compartían una visión alineada con el Socialismo del Siglo XXI, un proyecto antiimperialista y antiestadounidense. Ambos formaban parte de la "marea rosa" latinoamericana y se aliaron a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), a la que Ecuador se unió en 2009 (Petras & Veltmeyer, 2016). Chávez, con los recursos petroleros de Venezuela, financiaba a gobiernos afines para contrarrestar la influencia de EEUU y de líderes promercado como Uribe, presidente de Colombia (2002-2010).

Uribe, con su política de Seguridad Democrática, combatió a las FARC y el ELN con mano dura, reduciendo los homicidios en Colombia en un 50% y desmantelando gran parte de las estructuras guerrilleras, según datos del Ministerio de Defensa colombiano (Ministerio de Defensa de Colombia, 2010). Esto lo convirtió en un aliado clave de EEUU y en un objetivo para Chávez y Correa, quienes lo veían como una amenaza a su proyecto bolivariano.

- El bombardeo de Angostura (2008): El 1 de marzo de 2008, Colombia bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, matando al líder guerrillero Raúl Reyes. Este ataque desató la Crisis Andina de 2008: Correa y Chávez acusaron a Uribe de violar la soberanía ecuatoriana, rompiendo relaciones diplomáticas y movilizando tropas a la frontera. Documentos encontrados en el campamento sugirieron que las FARC habían financiado la campaña de Correa en 2006, y que su gobierno toleraba la presencia de guerrillas en la frontera, lo que alimentó las tensiones con Uribe (Semana, 2008).

- Apoyo a las guerrillas: Chávez permitió que las FARC y el ELN operaran desde Venezuela, mientras que Correa, al no clasificar a las FARC como terroristas, facilitó su presencia en Ecuador. Esto no solo debilitó a Uribe, sino que también permitió que las redes criminales se expandieran hacia sectores como la pesca artesanal, el transporte marítimo y las rutas aéreas, que hoy son explotados por el narcotráfico (Ellis, 2021).

- Aislamiento diplomático: En foros como la UNASUR, Chávez y Correa aislaron a Uribe, presentándose como un líder belicista al servicio de Washington. Esta estrategia de deslegitimación buscaba evitar que el modelo de Uribe, basado en la seguridad y el libre mercado, se replicara en la región (Petras & Veltmeyer, 2016).

La extensa relación entre Correa y el chavismo, incluida la adhesión a ALBA y la alineación ideológica, reforzó un entorno donde la tolerancia hacia el crimen organizado floreció, como se vio con el cierre de la base de Manta y el auge de los piratas de la cocaína.

Ecuador: el próximo campo de batalla en la guerra geopolítica

A lo largo de mi carrera, he trabajado en Ecuador, Perú y Guatemala, países donde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción ha sido clave para la estabilidad. Si Ecuador logra fortalecerse y recuperar el control de sus instituciones, la izquierda pierde. Por eso buscan debilitarlo, evitar que siga los pasos de Argentina con Javier Milei o El Salvador con Nayib Bukele, y asegurarse de que permanezca atrapado en un modelo de crisis permanente.

Ecuador no es solo una nación en crisis; es un reflejo de la lucha ideológica que define el futuro de América Latina. Un Estado fuerte y con instituciones resilientes es la única barrera real contra el avance de las agendas de la izquierda radical y el crimen organizado. La pesca artesanal, el transporte marítimo en contenedores y las avionetas, cooptados por el narcotráfico, son ejemplos de cómo la inestabilidad beneficia a la izquierda: al mantener a las comunidades pesqueras en la precariedad, permitir que las mafias operen con impunidad en los puertos y el espacio aéreo, y tolerar la corrupción, se perpetúa un ciclo de violencia y pobreza que la izquierda puede explotar para justificar su retorno al poder.

Si no se frena esta espiral de violencia, Ecuador podría convertirse en el próximo bastión del narcoterrorismo en la región, consolidando un corredor de inestabilidad que conecta Venezuela, Colombia y México bajo un mismo modelo criminal. La lucha por Ecuador no es solo un tema de seguridad; es una batalla por el futuro de la democracia en América Latina, donde propuestas como la reducción de cultivos de coca y alianzas estratégicas con países como EEUU podrían marcar la diferencia entre el caos y la recuperación.

Referencias

Banco Central del Ecuador. (2020). Dolarización en Ecuador: 20 años después. https://www.bce.ec/index.php/publicaciones

BBC News. (2010, julio 3). Ecuador finds drug-smuggling submarine. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-10501347

Deutsche Welle. (2021, febrero 24). Record cocaine seizure in Germany and Belgium. https://www.dw.com/en/record-cocaine-seizure-in-germany-and-belgium/a-56678912

Ellis, R. E. (2021). Transnational organized crime in Latin America and the Caribbean: From evolving threats to integrated responses. Lexington Books.

Insight Crime. (2022). Narco-politics in Latin America: The nexus of crime and governance. https://insightcrime.org/investigations/narco-politics-latin-america

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-2010

Ministerio de Defensa de Colombia. (2010). Informe de resultados: Seguridad Democrática 2002-2010. https://www.mindefensa.gov.co/informes/seguridad-democratica

Petras, J., & Veltmeyer, H. (2016). The new extractivism: A post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century? Zed Books.

Semana. (2008, marzo 8). Los computadores de Raúl Reyes: FARC y Correa bajo la lupa. https://www.semana.com/nacion/articulo/los-computadores-raul-reyes/90876-3

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2022. https://www.transparency.org/en/cpi/2022

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World Drug Report 2023. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html

Vera, M. (2025, abril 3). Tras visita a Washington, ministros anuncian nuevos acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Primicias. https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-estados-unidos-reunion-bloque-seguridad-narcotrafico-93193/

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute.