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NUEVA YORK – Dos congresistas demócratas se sumaron este viernes a la lista de voces que alertan sobre el supuesto intento del presidente Donald Trump de nombrar como nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico (FOMBPR) a personas aliadas a los intereses de bonistas “buitres” que buscan que se les pague la totalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, anticipó que, de concretarse los pronósticos que han traído diversos sectores desde que trascendieron los despidos de seis de los siete miembros del organismo creado bajo la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica), los puertorriqueños sufrirán las consecuencias.
“Donald Trump despidió a casi todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico porque, al parecer, no fueron lo suficientemente amables con sus compinches de Wall Street. No se equivoquen: el pueblo puertorriqueño sufrirá las consecuencias, con aumentos en las tarifas eléctricas o recortes en la salud y la educación”, compartió la senadora a través de su cuenta en la red social X.
Warren es miembro de alto rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, desde donde maneja legislación relacionada con los servicios financieros y la economía, la vivienda, el desarrollo urbano, entre otros temas.
A ese comité responden, a su vez, los subcomités de Política Económica, de Instituciones Financieras y Protección del Consumidor, y Valores, Seguros e Inversiones.
Raja Krishnamoorthi, quien se encuentra en su quinto término como representante de Illinois en la Cámara federal, fue más contundente al hacer un llamado para derogar PROMESA.
“El repentino despido de casi toda la Junta fiscal de Puerto Rico por parte del presidente Trump plantea serias preocupaciones sobre la priorización del favoritismo político por encima de la ciudadanía. Los puertorriqueños ya enfrentan mayores costos y una deuda abrumadora; el Congreso debe derogar PROMESA para frenar el abuso y proteger su derecho a un futuro financiero justo y democrático”, expuso por la misma red social.
En un mensaje compartido horas antes, Krishnamoorthi informó de una reunión con el excongresista del mismo estado, Luis Gutiérrez.
“Siempre agradezco encontrarme con mi amigo Luis Gutiérrez, un pionero en el Congreso, cuyo liderazgo y lucha incansable por las familias trabajadoras, los inmigrantes y la Justicia han dejado un legado perdurable. Su ejemplo me sigue inspirando a seguir adelante con los valores que él defendió”, divulgó junto a una imagen del encuentro.
En el intercambio había representantes de la coalición de organizaciones de la diáspora Power4PueroRico.
También se encontraba el excandidato a la gobernación de Puerto Rico bajo la “Alianza de País” y secretario general del Parido Independentista (PIP), Juan Dalmau.
Krishnamoorthi es miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental y miembro de mayor rango del Subcomité de Atención Médica y Servicios Financieros.
El “House Committee on Oversight and Government Reform” es el principal comité de investigación de la Cámara de Representantes federal y tiene la facultad de indagar en los temas de su jurisdicción, así como cualquier asunto concerniente a otros comités permanentes de la Cámara.
Power4PuertoRico, que desde sus inicios ha asumido una postura firme en contra de la Junta, aplaudió los pronunciamientos de los legisladores.
En referencia al mensaje de Warren, el grupo expresó desde sus cuentas de redes sociales: “¡Gracias senadora Warren! Ya es hora de que el Congreso acabe con la Junta que fue impuesta en Puerto Rico en 2016. #NoKings #NoJunta”
A la publicación de Krishnamoorthi, Power4PuertoRico replicó: “Gracias congresista Raja por ser un aliado para abolir la ley colonial que ha dañado a Puerto Rico por casi una década”.
Trump no se ha expresado públicamente sobre sus razones para, prácticamente, desmantelar de súbito el organismo creado en el 2016, con el fin de reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico y que la isla reingresara al mercado de bonos.
Desde que trascendió la noticia el 4 de agosto, se han disparado las especulaciones sobre quiénes compondrán la llamada “Junta 4.0”. Sin embargo, hasta el momento lo anterior no ha logrado que Trump o algún miembro de su equipo reaccionen al debate o suelten prenda sobre los candidatos ante la consideración de las autoridades federales, incluyendo los de Cámara y Senado federal que deben dar sus recomendaciones al presidente.
Miembros de organizaciones como la Comisión Ciudadana para una Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico, especializada en la investigación y análisis de la quiebra y las implicaciones de los procesos judiciales bajo el Título III de PROMESA en la isla, han sido enfáticos en que detrás de la movida del gobierno federal está la intención de asegurar un pago más alto en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE que, inevitablemente, se traducirá en aumentos en la tarifa eléctrica.
Como sostén a su argumento argumentan, entre otras cosas, que las firmas en el caso por la quiebra ahora controlan casi el 90% de los bonos de la AEE, luego de que se reportara que bonistas que antes respaldaban el PAD cambiaron de bando y se unieron a los que piden que se les pague la totalidad de la deuda.
En la más reciente versión del Plan de Ajuste presentado por la Junta se descartaba la imposición del llamado “cargo heredado” en la factura de electricidad para pagarle a los bonistas.
Aunque fue en el Congreso que se aprobó de manera bipartidista la Ley PROMESA que creó la Junta, ha sido poco lo que ha hecho la legislatura federal para fiscalizar el alcance de la funciones del organismo o para ponerle freno a sus medidas de austeridad.
Aunque legisladores como el demócrata de Nueva York, Richie Torres, han presentado medidas para facilitar la salida anticipada de la Junta, las que han sido coauspiciadas por otros miembros de la delegación, el organismo ya lleva casi 10 años en la isla sin impulsar ningún plan de desarrollo económico, mientras, por otro lado, gasta miles de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en salarios y asesores.
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