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Por Marlyn Montilla
02 Abr 2025, 13:57 PM EDT
La batalla del Partido Republicano contra el aborto y Planned Parenthood podrían terminar limitando la atención médica de los pacientes de Medicaid para asuntos que no tienen que ver con el aborto, como las pruebas de detección de cáncer, exámenes de sangre y los chequeos médicos anuales.
Si esto ocurriera, podría aclararse en una audiencia de la Corte Suprema este miércoles, que coincide con la iniciativa republicana más extensa de recortes a Medicaid en todo Estados Unidos.
La cuestión jurídica técnica que se plantea a los jueces trata de si las personas que usan el programa de asistencia de bajos ingresos pueden elegir a sus proveedores y demandar para hacer valer sus derechos.
El caso inició antes de que la mayoría republicana del Supremo anulara el derecho al aborto federal en 2022. Cuatro años atrás, el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, había tratado prohibir la participación de las clínicas de aborto en Medicaid, y el estado dijo a Planned Parenthood que ya no podía atender a los beneficiarios de Medicaid.
Esto sugirió cuestiones legales en virtud de una parte de la Ley Federal de Medicaid conocida como la disposición de “libre elección de proveedor”, que dice que los estados deben permitir que cualquier persona elegible para recibir asistencia obtenga la atención de cualquier proveedor “calificado”.
Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló en contra del estado el año pasado, alegando que la disposición “especifica un derecho otorgado a cada beneficiario de Medicaid: elegir su proveedor calificado preferido sin interferencia del estado”, reportó MSNBC.
En un dictamen escrito por J. Harvie Wilkinson, designado por Reagan, el panel destacó que su fallo no se refería al aborto, sino más bien a “si el Congreso confirió un derecho individualmente exigible para que los beneficiarios de Medicaid elijan libremente a su proveedor de atención médica”.
Wilkinson indicó que si las clínicas de Planned Parenthood cerraran en Carolina del Sur, “otras clínicas financiadas por Medicaid en el estado tendrían más dificultades para satisfacer la demanda de servicios de planificación familiar”. A favor del proveedor y de una mujer asegurada por Medicaid que quería acudir allí, el magistrado expresó que esa era “precisamente la posibilidad que el Congreso quería evitar”.
El estado apeló ante el Supremo, representado por el grupo cristiano Alliance Defending Freedom, que denuncian sobre el aborto y otros asuntos alineados con las políticas republicanas. En su solicitud al tribunal, el estado denominó el tema de “gran importancia nacional”. Los jueces concedieron la revisión y fijaron la audiencia oral para este miércoles.
Entre los que apoyan a Planned Parenthood están los beneficiarios de Medicaid que dijeron a los jueces en un escrito amicus curiae que dependen del proveedor para servicios de atención médica que no tienen que ver con el aborto, “incluidos exámenes físicos anuales, análisis de sangre, exámenes para varias formas de cáncer, infertilidad y servicios prenatales; de hecho, algunos pacientes dependen de Planned Parenthood para prácticamente todas sus necesidades de atención médica”.
Redactaron que sus experiencias muestran “cuán importante es que la puerta del tribunal permanezca abierta cuando los estados intentan impedir que los pacientes asegurados por Medicaid busquen atención del proveedor calificado de su elección”.
Se espera una decisión en el caso, conocido como Medina vs. Planned Parenthood South Atlantic, para el mes de julio, cuando el tribunal por lo general termina de emitir los fallos de período.
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