Para corregir errores, ¿por qué no?

De esta inversión se informó que falta ejecutar casi el 50%, es decir, 12 mil 261 millones de soles, según la Contraloría| Andina

Evidencias de que convivimos con un sistema de administración y ejecución de recursos públicos con fallas groseras las tenemos hace más de veinte años. El proceso de descentralización iniciado en nuestro país en 2002 no está generando el bienestar que se esperaba. Los veintiún años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia, y los últimos años de reactivación económica, no son percibidos por todos.

Las mejores oportunidades y el bienestar que prometía un sistema descentralizado nunca llegaron. Miles de obras y compras públicas donde se identifican casos de colusión desleal, falsedad genérica o negociación incompatible se detectan año tras año, según investigaciones de la Contraloría. Solo en lo que va del año se registran más de 2,400 obras paralizadas. ¿Los perjudicados? La población más vulnerable, que sigue careciendo de servicios básicos, y el modelo de promoción de la inversión privada, que continúa perdiendo legitimidad por la ineficiencia en la administración y ejecución de los recursos que genera a favor de la economía del país. Todo ello es responsabilidad del Estado: el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su más reciente Monitor Fiscal, plantea un cambio de enfoque en la política fiscal global. Sostiene que, con déficits fiscales persistentes, la deuda pública mundial alcanzará el 100% del PBI en 2029, el nivel más alto desde 1948. Por ello, hace un llamado a fortalecer la eficiencia del gasto público. Es decir, hace un llamado, no a gastar más, sino a gastar mejor.

En lo que respecta al Perú, el FMI señala que, si bien mantiene una deuda pública en alrededor del 30% de su PBI, el país enfrenta un serio problema de ineficiencia y rigidez presupuestal. Más del 40% del gasto público se concentra en remuneraciones, pensiones y transferencias, lo que deja un margen limitado para la inversión productiva. Además, del total de los recursos asignados para inversión pública, las municipalidades ejecutan poco más del 66% del presupuesto asignado, lo que deja cuantiosos recursos sin ser traducidos en servicios públicos de calidad para la población, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así pues, se tiene que el 94% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención se encuentran con capacidad instalada inadecuada; es decir, con obsolescencia de equipos médicos; más del 50% de los colegios de educación básica se encuentran en riesgo de colapsar; solo el 50% de los hogares a nivel nacional cuenta con acceso a agua las 24 horas del día; y aún tenemos un 21% de viviendas que no cuentan con acceso a desagüe, según datos de Susalud, el INEI y la Endes.

Los últimos resultados del Registro Nacional de Municipalidades 2025 evidencian las brechas de gestión que afectan el desempeño de la administración pública encargada de mejorar la calidad de vida de la población y brindar oportunidades. El 72.7% de las municipalidades sostuvieron que requerían capacitación en administración tributaria municipal; el 66.5%, en formulación y evaluación de proyectos públicos; y el 75.8%, en procedimientos administrativos. Con estos datos, ¿qué sentido tendría destinar mayores recursos a las municipalidades?

No obstante, en el caso del Perú, para corregir errores hay que ir más allá de capacitaciones, fiscalizaciones y sanciones. Es absurdo pretender que, bajo el mismo esquema de redistribución, se logren mejoras en el bienestar de la población. Urge repensar el sistema, o perderemos veinte años más. Se necesitan medidas audaces, asumiendo el costo político que ello genere.

¿Por qué no pensar en unidades ejecutoras que operen luego de algún periodo de tiempo en que no se vean resultados positivos en las gestiones de gobiernos regionales o municipalidades? ¿Por qué no implementar un sistema de selección de personal de alto nivel en la administración pública en el interior del país? ¿Por qué no realizar convenios con universidades, seleccionando a los alumnos más capacitados en evaluación y gestión de proyectos? ¿Por qué no?