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NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, presentó una legislación que, entre otras cosas, busca equiparar los pagos de Medicare Advantage (MA) a beneficiarios en Puerto Rico con los de los estados.
La Ley de Integridad de Medicare Advantage (Medicare Advantage Integrity Act) fue radicada con el fin de “garantizar pagos justos y equitativos de Medicare Advantage para Puerto Rico y asegurar que el aumento de la financiación federal beneficie directamente a los pacientes y proveedores de atención médica en toda la isla”, indicó el representante en un comunicado enviado a El Diario este jueves.
La representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, es co-auspiciadora original del proyecto del comisionado residente.
El también representante de Florida, pero demócrata, Darren Soto, se sumó a la lista de co-auspiciadores de la medida.
El H.R.6031 fue introducido el 12 de noviembre, horas después de que se lograra un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno federal.
La legislación fue remitida a los comités de Medios y Arbitrios, y de Energía y Comercio de la Cámara Baja.
La legislación persigue que se establezca un límite mínimo razonable para las tarifas de referencia en regiones en Puerto Rico con alta penetración de Medicare Advantage. El proyecto además dispone para que, al menos el 50% de cualquier aumento futuro en los pagos de Medicare Advantage, se reinvierta directamente en beneficios esenciales como visitas médicas, hospitalización, cobertura de medicamentos recetados, entre otros, lo que, según sus impulsores, se traduciría en una mejorar en el servicio al paciente y en el fortalecimiento el sistema de salud de Puerto Rico.
En defensa del proyecto de ley, Hernández Rivera planteó que la medida se centra en las personas, no en las fórmulas. “Se trata de la abuela de Bayamón que no debería tener que viajar a territorio continental para consultar a un especialista y del médico de Ponce que sigue sirviendo a su comunidad a pesar de recibir un salario menor que sus colegas”, expuso el comisionado residente.
“Esta legislación garantizaría que, cuando aumenten los fondos de Medicare, se destinen a donde corresponde: a una mejor atención para los pacientes, a un salario justo para nuestros proveedores y a la estabilidad de los hospitales y clínicas de Puerto Rico”, apostó Hernández Rivera.
“Durante demasiado tiempo, al pueblo de Puerto Rico se le ha negado el acceso equitativo a la atención médica de calidad que todo estadounidense merece”, señaló Salazar en el comunicado conjunto.
Para la congresista, de convertirse en ley, el esfuerzo ayudará a cerrar la brecha entre Puerto Rico y los estados al ampliar el acceso a servicios esenciales y, al mismo tiempo, “garantizar la equidad en la forma en que se remunera a los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico por su trabajo”.
La Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), organización sin fines de lucro de Puerto Rico dedicada a mejorar el financiamiento de los programas de salud federales en la isla, respaldó la medida.
Su presidenta Solange De Lahongrais consideró que la presentación de la medida es un paso fundamental para abordar las disparidades en los pagos que “históricamente han perjudicado a Puerto Rico dentro del programa Medicare Advantage”.
“Al establecer un mínimo razonable para las tarifas de referencia en regiones con alta penetración de Medicare Advantage, esta ley garantiza que las personas mayores en Puerto Rico tengan acceso a atención y beneficios comparables a los de Estados Unidos continental. Esta medida fortalece la integridad del programa y garantiza que el aumento en los pagos llegue realmente a los pacientes y proveedores que más lo necesitan”, destacó la portavoz de MMAPA en las declaraciones escritas.
El tema del cuidado de salud y la cobertura a estadounidenses fue precisamente la ficha de tranque en las negociaciones que llevaron este martes a la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de financiamiento que permitió la reapertura del gobierno después de 43 días de cierre.
Como parte del acuerdo, republicanos y demócratas deberán discutir el futuro de los subsidios bajo “Obamacare” o Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que expiran a finales de diciembre, principal reclamo de los demócratas. El próximo mes, los legisladores deberán votar sobre ese asunto como parte de un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades de ambas delegaciones.
Por la condición territorial de Puerto Rico, aunque puede presentar legislación, el comisionado no tiene derecho al voto sobre medidas en el pleno de la Cámara.
Medicare es un programa de seguro médico que administra el gobierno federal que aplica a personas de 65 años o más o a pacientes de menor edad que sufren una discapacidad, como enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). Medicare Advantage, que es la Parte C, es una alternativa que ofrecen compañías privadas que incluye las Partes A y B, es decir, que agrupa la cobertura de Medicare Original y beneficios adicionales.
Medicare Original le permite al beneficiario consultar a cualquier médico que acepte su cobertura, mientras que, bajo Medicare Advantage, los inscritos están sujetos a una red de proveedores.
Más de 660,000 personas cuentan con MA en Puerto Rico y 96% de los adultos mayores de 65 años en Puerto Rico están inscritos en el programa.
Al igual que otros programas federales, en el territorio, Medicare Advantage no aplica en igualdad de condiciones.
MMAPA y otros grupos y voces, incluyendo del gobierno de Puerto Rico, han insistido para que se equipare la fórmula que aplica a Puerto Rico, mínimo, a los niveles de las Islas Vírgenes.
Sin embargo, los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) adscritos al Departamento de Salud federal (HHS) no han alterado la fórmula para que a Puerto Rico se le otorgue, al menos, el mismo ajuste por región geográfica que al otro territorio.
En específico, las organizaciones y entidades han abogado para que CMS cambie la fórmula que aplica a la estructura de pagos para los planes que operan en Puerto Rico y aumente las tarifas MA con la base mínima del factor geográfico de 0.70 en los pagos correspondientes a las Islas Vírgenes.
Lo anterior representaría entre $1,000 y $1,200 millones adicionales anuales para el sector en la isla.
Este año, la brecha entre Puerto Rico y los estados es de un 39%. Para el 2026 se proyecta que el pago de prima esté por debajo del promedio nacional en un 41%, según los datos que maneja MMAPA.
Esta disparidad, a su vez, ha llevado a las aseguradoras a limitar el número de médicos y hospitales con los que pueden trabajar, lo que afecta los servicios a los pacientes.
La situación también ha contribuido al éxodo de profesionales de salud a los estados, lo que se ha traducido en falta de médicos y especialistas en la isla.
Para rechazar el reclamo de MMAPA y sus aliados, CMS ha alegado, entre otras cosas, que las políticas de CMS han aumentado continuamente el pago que las compañías aseguradoras bajo MA reciben por beneficiario inscrito en Puerto Rico.
En ese sentido, han argumentado que los incrementos en pagos a aseguradoras no se han traducido en que las compañías incrementen las transferencias de fondos a doctores y proveedores médicos.
HHS ha planteado además que las aseguradoras destinan más cantidad de la que deberían a servicios suplementarios en lugar de a los esenciales. Los beneficios suplementarios van desde visión, audición y transporte hasta cuidado de mascotas.
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