Nevada pagará 753,000 dólares por demoras en atención de salud mental a acusados ​​considerados no aptos para ser juzgados

Multas acumuladas por retrasos en la atención psiquiátrica a acusados penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Nevada deberá pagar más de 753.000 dólares en multas debido a los retrasos en la atención de salud mental para acusados penales considerados mentalmente incompetentes para ser juzgados.

Según reportó The Associated Press (AP), la sanción fue ordenada por un juez del tribunal de distrito del condado de Washoe, quien declaró al estado en desacato en abril de este año por no proporcionar tratamiento oportuno en el Centro Lakes Crossing, ubicado en la ciudad de Sparks.

La multa está relacionada con el caso de nueve acusados que no recibieron tratamiento médico dentro del tiempo estipulado por la ley.

Un fallo judicial confirmó multas diarias de 500 dólares por incumplimientos en tratamientos de salud mental en Nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la orden judicial, el estado debe pagar 500 dólares por cada día de retraso en el tratamiento. Hasta mediados de abril, las sanciones acumulaban un total de 216.000 dólares, pero se proyecta que el costo total para el año fiscal en curso alcance los 753.500 dólares.

Este monto será destinado al fondo general del condado de Washoe, según un memorando de la División de Salud Pública y Conductual (DPBH), la agencia estatal responsable de brindar atención de salud mental.

Nevada ocupa el último lugar nacional en servicios de salud mental para jóvenes, reflejando problemas estructurales arraigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información presentada a los legisladores a principios de este año, aunque los tiempos de espera han disminuido, pasando de un promedio de 122 días en 2022 a 74 días en febrero de 2023, las autoridades estatales reconocen que el problema persiste. La agencia ha señalado que su objetivo es reducir los tiempos de espera a 20 días, pero aún está lejos de alcanzar esta meta.

En un memorando de abril, la DPBH anticipó que las multas podrían ascender a 3.6 millones de dólares durante el próximo ciclo presupuestario bienal. Entre septiembre de 2022 y octubre de 2024, la agencia ya ha pagado aproximadamente 181.000 dólares en sanciones.

Además, la Corte Suprema de Nevada confirmó hace 18 meses una decisión previa que obliga al estado a continuar pagando las multas diarias de 500 dólares, tras un fallo de desacato en el condado de Clark por demoras similares.

Para abordar esta problemática, la agencia ha implementado varias iniciativas en los últimos dos años. Entre ellas, se encuentra el aumento de la capacidad de tratamiento para acusados en el sur de Nevada y la construcción de una nueva instalación en esa región, cuya apertura está programada para 2029.

También se han desarrollado programas financiados por el Plan de Rescate Estadounidense, aunque algunos de estos proyectos expirarán en el próximo ciclo presupuestario. No obstante, el presupuesto bienal de la agencia incluye fondos para continuar con ciertos programas, como el internamiento de pacientes de larga duración en centros de enfermería especializada.

El presupuesto también asigna 17.6 millones de dólares para la creación de 21 camas adicionales para pacientes en el sur de Nevada y la contratación de 53 nuevos empleados relacionados con la atención de acusados penales.

Estas medidas buscan aliviar la presión sobre el sistema de salud mental del estado, que ha enfrentado múltiples demandas desde 2005 por no proporcionar tratamiento oportuno.

Una de estas demandas resultó en un decreto de consentimiento que obligaba al estado a trasladar a los acusados incompetentes a centros de tratamiento en un plazo de una semana tras recibir la orden judicial. Sin embargo, este acuerdo expiró en 2020.

A pesar de los esfuerzos recientes, Nevada sigue ocupando el último lugar en el país en cuanto a servicios de salud mental para jóvenes, según datos nacionales. La situación refleja un problema estructural que ha afectado al estado durante años, dejando a muchos acusados penales sin el tratamiento necesario para restablecer su capacidad mental y enfrentar un juicio justo.