MinTrabajo en el centro de la polémica: sindicato denuncia orden de Antonio Sanguino para fotos de Petro

Min Trabajo Antonio Sanguino | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Un rechazo rotundo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (SINALTRAEMPROS) surgió tras la supuesta directriz emitida desde el despacho del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que los directores territoriales del ministerio colocaran fotografías del presidente Gustavo Petro y del propio Sanguino en las áreas de atención al ciudadano.

Según el comunicado del sindicato conocido por la Revista Semana, la medida contraviene el ordenamiento jurídico y resulta preocupante porque el país se encuentra en etapa preelectoral, lo que podría interpretar la acción como propaganda política y de gobierno.

Foto oficial de Gustavo Petro que está en los establecimientos gubernamentales (Foto: Presidencia de la República)

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SINALTRAEMPROS enfatizó que ni el ministro ni el presidente pueden ordenar la colocación de imágenes personales en entidades públicas. La Ley 2345 de 2023 prohíbe la publicidad estatal para autopromocionar funcionarios y estableció un Manual de Identidad Visual, con el objetivo de unificar la imagen del Estado y eliminar marcas de gobierno.

El sindicato recordó que el Ministerio del Trabajo debe ser ejemplo de implementación de políticas laborales y alertó que la directriz podría coartar la autonomía de los servidores públicos si se obliga a los directores territoriales a ejecutar la orden.

En el comunicado de dos páginas, SINALTRAEMPROS afirmó: “Esto es contrario al ordenamiento jurídico, aunado a lo anterior el país se encuentra en una etapa preelectoral, y lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual, no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales”.

El sindicato reiteró que las funciones de la entidad deben centrarse en la protección social y el desarrollo de políticas laborales, sin que se conviertan en un canal para la promoción de funcionarios en el poder.

Expertos en derecho administrativo señalan que el uso de recursos o espacios de entidades públicas para proyectar imágenes de mandatarios puede vulnerar principios de imparcialidad y neutralidad del Estado, especialmente en contextos preelectorales.

Antonio Sanguino es denunciado por sindicato por dar la orden presuntamente de colgar su fotografía y la de Petro en zonas donde se da atención a los usuarios de varias dependencias gubernamentales - crédito @AntonioSanguino/X

La denuncia también advierte sobre la posible presión sobre los directores territoriales, quienes podrían sentirse obligados a cumplir con la orden, generando tensiones internas y afectando la autonomía institucional.

El hecho se produce en un momento preelectoral, lo que aumenta la atención sobre el uso de espacios públicos y recursos del Estado. La Ley 2345 de 2023 busca limitar la propaganda gubernamental y proteger que las entidades cumplan funciones misionales sin favorecer a personas o partidos específicos.

SINALTRAEMPROS puntualizó que cualquier instrucción para instalar imágenes de funcionarios puede interpretarse como uso indebido de la administración pública, con posibles repercusiones legales para quienes la ejecuten.

El sindicato exigió el retiro inmediato de las imágenes en áreas de atención al público y solicitó que se verifique si se emplearon recursos estatales para la instalación de las fotografías.

También solicitó que se investigue si hubo presión sobre directores territoriales para cumplir con la directriz, resaltando que las órdenes no deben exceder competencias ni vulnerar normas de publicidad estatal.

El sindicato advirtió que, de no atenderse sus requerimientos, podrían acudir a la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría para determinar eventuales faltas disciplinarias o uso indebido del poder.

Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa/Sergio Acero

Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha emitido pronunciamiento público sobre la denuncia. El episodio genera debate sobre cómo equilibrar la comunicación institucional con la prohibición de usar espacios públicos para fines políticos.

El caso evidencia la necesidad de que los ministerios y entidades públicas mantengan neutralidad y respeto a la normativa vigente, garantizando que las funciones misionales se cumplan sin interferencias políticas.