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Hace unos meses, las autoridades identificaron y destruyeron dos antenas clandestinas usadas por los prisioneros en el penal de Challapalca. (Foto: El Peruano)El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, anunció un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de establecimientos penitenciarios en Lima Metropolitana y Callao, con el objetivo de cortar las comunicaciones entre internos y el exterior.
El Ejército custodiará estas zonas para garantizar la desinstalación de antenas que se encuentren dentro del límite de 200 metros de los penales, donde está prohibido instalar estructuras de telecomunicaciones.
Esta medida se produce luego de una inspección no anunciada en el penal de Lurigancho, donde el ministro, acompañado por el presidente José Jerí, verificó la presencia de dispositivos prohibidos.
Durante el operativo, las autoridades detectaron chips, celulares con dispositivo satelital, armas blancas y libretas de apuntes con números telefónicos, materiales clave para la organización de delitos desde el interior de los centros de reclusión.
La decisión llega en el contexto del reciente estado de emergencia en Lima y Callao, impulsado por el mandatario para enfrentar la creciente criminalidad.
Dentro de las cárceles, fue anunciado un apagón electrónico que permitirá energía eléctrica solo para iluminación mínima y refrigeración de alimentos, con cortes en celdas y pasillos para impedir el uso de cargadores y dispositivos electrónicos.
La estrategia del Ejecutivo también incluye restricciones en el régimen de visitas a internos. Los condenados bajo régimen cerrado ordinario recibirán una visita cada quince días, mientras que quienes estén dentro del régimen cerrado especial —considerados de alta peligrosidad— podrán tener dos visitas mensuales.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) obligará a todo su personal a presentar pruebas de polígrafo para fortalecer el filtro y evitar filtraciones de información o participación en actos ilícitos.
En los recientes operativos realizados en los penales de Lurigancho y Ancón I, participaron cien agentes penitenciarios y efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.
En estos lugares se incautaron manuscritos con números telefónicos, objetos punzantes, tarjetas de memoria, teléfonos móviles y sustancias ilícitas.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, subrayó que este tipo de intervenciones responde a la prioridad del Gobierno de cortar toda cadena delictiva desde las prisiones.
Además, el premier Ernesto Álvarez confirmó que los servicios de inteligencia de la PNP tienen identificados lugares de reunión de grupos dedicados a la extorsión y que las nuevas medidas legales facilitan la realización de allanamientos para detener a los responsables.
El INPE informó que continuará los operativos y acciones preventivas en penales para impedir que estos se conviertan en centros de comando para la delincuencia, alineándose con las nuevas disposiciones adoptadas durante el estado de emergencia.
Con la vigilancia militar, el control de las telecomunicaciones y la presencia reforzada en las periferias, el Gobierno busca cerrar los caminos de comunicación ilegítima y reducir la incidencia de extorsiones y otros delitos gestados desde las prisiones.
De otro lado, el INPE ejecutó durante la madrugada del lunes un operativo de seguridad que culminó con el traslado de 17 internos del penal de Piura a diferentes cárceles de máxima seguridad del país.
La medida busca fortalecer el control penitenciario y evitar la planificación de actividades ilícitas dentro de los establecimientos.
La decisión se adoptó luego de la fuga de un interno procesado por extorsión, hecho que derivó en la remoción del director y subdirector del penal Río Seco. Según el INPE, el movimiento de los reclusos responde a una estrategia para prevenir nuevas incidencias que comprometan la seguridad penitenciaria en el norte del país.
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