Médicos en Puerto Rico se enfrentan a 15 años de cárcel por terapias de cambio de género a menores, según nueva ley

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Nueva York – La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico adelantó este jueves que presentará un pleito judicial para impugnar la constitucionalidad del proyecto que la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley que prohíbe los tratamientos de cambio de género en menores.

A juicio de los miembros de la entidad, la medida 350 convertida en ley el miércoles con la firma de González es un ataque a los menores trans y sus familias, así como a los profesionales de la salud que les brindan servicios.

Pedro Julio Serrano, presidente de la entidad, catalogó como una “vergüenza” que la primera mandataria le diera paso a la legislación.

“¡Qué vergüenza! Jenniffer González, con sus actos, se declara la gobernadora más enemiga de la equidad en la historia. Ignoró a su propio secretario de Salud y a las asociaciones médicas que avalan tratamientos a menores trans. Al convertir en ley el Proyecto del Senado 350, acaba de poner en peligro a menores trans y sus familias y de criminalizar a profesionales de la salud por cumplir con su deber”, dijo el activista por medio de declaraciones escritas que citan medios en la isla.

La Ley 63-2025 (PS 350) fue presentada por miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

La medida es de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora por acumulación Joanne Rodríguez Veve. El senador de distrito de Aguadilla, Jeison Rosa, fungió como coautor.

La “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”prohíbe procedimientos médicos o quirúrgicos que alteren la biología sexual de los menores como parte de una transición de género, incluyendo intervenciones hormonales irreversibles.

El estatuto aplica a personas menores de 21 años.

La legislación establece una pena de 15 años de reclusión para los infractores y una multa de $50,000 si se trata de personas jurídicas.

De acuerdo con los legisladores, estas prácticas médicas pueden generar consecuencias irreversibles en el desarrollo natural de los menores.

Antes de su aprobación, el proyecto había sido devuelto al Senado por parte de La Fortaleza con el pedido de enmiendas por parte del secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos Otero.

Una entrada en la página web del Senado sobre el trámite legislativo, especifica que se enmendó el proyecto para añadir que aplicará “excepto en aquellos casos en donde ocurra una variante de hermafroditismo u otros casos que contengan alguna disfunción genética y/u hormonal fisiológica certificada por un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra; quienes podrán realizar el tratamiento que las guías médicas permitan”.

“Además, la prohibición antes dispuesta no aplicará al tratamiento de condiciones médicas ajenas a la definición de mutilación química y quirúrgica contenidas en esta ley”, especifica la información.

Oposición de diversas organizaciones en Puerto Rico

La Federación no es la única entidad que ha repudiado el proyecto. Varias organizaciones incluyendo el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) le pidieron a la gobernadora que no firmara la legislación.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, le solicitó a la funcionaria que vetara el proyecto, ya que criminaliza a los profesionales de la salud por tomar decisiones médicas junto a los padres de personas trans.

“Le solicitamos, respetuosamente a la gobernadora Jenniffer González Colón a que vete el Proyecto del Senado 350, pues no tan solo atenta contra la relación sagrada entre médico y paciente; sino que amenaza con enviar a la cárcel con 15 años en prisión a los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género que han sido validadas por todas las asociaciones médicas nacional e internacionalmente”, expuso el portavoz.

En una carta a González, el líder argumentó que las entidades de salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, son esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans.

“Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”, añadió.

La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Yesenia Delgado Castillo, hizo el mismo llamado también mediante carta.

“La Asociación de Psicología apoya estas terapias de afirmación de género”, lee la misiva.

En el documento, la especialista añade que apoya el acceso a la atención psicológica y el tratamiento basado en la evidencia para niños, adolescentes y adultos trans de género diverso y no binario. “Las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres y tutores, los expertos médicos y psicológicos y los propios jóvenes”, señala.

Por su parte, en otra carta que la ACLU dirigió a la gobernadora, se plantea que la medida crea dos categorías distintas de hijos.

“El P. del S. 350, como está escrito, no solamente excluye, sino que crea dos categorías distintas de hijas e hijos, una que permite a los padres acceder y autorizar tratamientos si se trata de hijos cuya identidad se alinea con el sexo asignado al nacer, y otra que le prohíbe a padres el mismo derecho, si la identidad de su hijo es distinta“, indicó Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Asuntos de Política Pública de la organización.

A juicio de la experta, los cambios en el proyecto sugeridas por Ramos Parés no subsanan la violación de derechos constitucionales, civiles y humanos fundamentales.

La ACLU cuestionó que, además de ignorar la postura de especialistas en el asunto, la legislación no toma en cuenta el riguroso proceso de consulta médica y especializada que antecede la decisión de los padres de autorizar estos tratamientos.

Para la abogada, la ley tendrá un impacto devastador en la vida de muchos jóvenes puertorriqueños y en la práctica médica en la isla.

“La ACLU rechaza de manera contundente la aprobación de una medida que no solo criminaliza a madres, padres y médicos, sino que discrimina de forma directa contra las personas transgénero y niega la existencia de la niñez y la juventud trans, cuya vida incluso puede estar en peligro”, argumentó, por su parte, la directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona.

En ese sentido, para Martínez Orabona, la medida no considera la evidencia médica que respalda estos procesos de transición.

“El proyecto ignora evidencia y casos en Puerto Rico que ejemplifican que el uso de tratamientos de afirmación de género en menores es una decisión acompañada por una batería de médicos y especialistas que concluyen que dicha acción responde al mejor interés del menor y el desarrollo óptimo de todo su ser”, puntualizó la portavoz.