Más de 700 mil venezolanos en EEUU buscan protección: “Venezuela es un paìs hostil”

MIAMI — Asociaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos manifestaron este miércoles que se hallan entre la espada y la pared por la adversidad migratoria que enfrentan en EEUU, que los sitúa al borde de la deportación; al tiempo que aseguran que retornar a Venezuela no es una opción porque serían objeto "de una represión atroz".

"No se puede llegar a Venezuela porque es un país hostil", dijo en una conferencia de prensa en Florida el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José A. Colina, que agregó que "tampoco se pueden quedar en los Estados Unidos porque le están quitando todas las protecciones (temporales) que tienen para poder permanecer" en el país, indicó, en referencia a las consultas que recibe su organización de parte de migrantes que desconocen cómo actuar.

En el fondo se encuentra la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 350.000 migrantes venezolanos decretado por el Gobierno de Donald Trump, y que recibió en mayo el fallo favorable del Tribunal Supremo.

¿Solución?

Según Colina, quien estuvo acompañado por otros líderes comunitarios y activistas, la solución se encuentra en buscar una protección migratoria o en la aprobación de la iniciativa Venezuela TPS Act of 2025, presentada el pasado 9 de mayo en el Congreso, con el objetivo de proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos.

Y es que a la retirada del TPS se sumó la semana pasada el cese del llamado "parole humanitario", un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que retiró la protección legal concedida por la Administración de Joe Biden (2021-2025) a 532.000 migrantes.

Las cifras por nacionalidad fueron: 110.000 cubanos, 117.000 venezolanos, 211.000 haitianos y 93.000 nicaragüenses.

Ambas medidas del nuevo Gobierno están dirigidas, de acuerdo con el activista, a "forzar" a los venezolanos "a que se autodeporten" a Venezuela, donde los líderes comunitarios indicaron que persiste un clima de represión y tortura.

La administración del demócrata Joe Biden, que mantuvo una política de fronteras abiertas, permitió el ingreso de más de 10 millones de personas que cruzaron ilegalmente la frontera; miles se convirtieron en una carga social para el país.

Biden también aprobó programas de migración "legal" a través del llamado "parole humanitario" designado por un periodo de 2 años, medidas que la nueva administración de la Casa Blanca trata de revertir, asegurando que su foco principal son las personas con antecedentes criminales.

Respetar el principio de no devolución

En un comunicado conjunto leído por la presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), Helene Villalonga, las asociaciones exigieron a las autoridades de Estados Unidos "respetar el principio de no devolución" y proteger a las familias venezolanas.

Villaonga dijo que en 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoció oficialmente a Venezuela como "una nación donde se violan sistemáticamente los derechos humanos", lo que indicó que establece que "los venezolanos son personas refugiadas y no removibles".

"Exigimos una respuesta humana, legal y responsable. La migración forzada venezolana no puede tratarse con indiferencia ni con medidas punitivas. Lo que está en juego son vidas", añadió.

Para ejemplificar la represión que denuncian que se vive en Venezuela, los líderes comunitarios se refirieron a ataques del régimen a las ONG Provea o Foro Penal, así como al arresto de activistas.

Escalada represiva

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, vinculó el miércoles de la semana pasada al Foro Penal, junto a las ONG Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, en una presunta "estructura terrorista" que tendría planes para sabotear las elecciones regionales y legislativas que se celebraron el 25 de mayo.

Un acto que, según la activista venezolana Zarai Maza, de la fundación Guardians of Human Rights (Guardianes de los Derechos Humanos), supone una "afrenta directa a la legalidad y la ética y a la lucha de la dignidad humana".

"Ambas organizaciones con años de trayectoria intachable han acompañado a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela", dijo, insistiendo en que "cuando el estado se convierte en verdugo, que es lo que está pasando, la sociedad civil se convierte en la última línea de resistencia".

FUENTE: Con informaciòn de EFE/Redacción