La senadora María Fernanda Cabal cuestionó a la exministra Irene Vélez por su visión progresista - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/ColprensaTras la reciente consulta interna del Pacto Histórico celebrada el 26 de octubre, la senadora y precandidata presidencial Maria Fernanda Cabal presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la ministra (E) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, por supuesta participación indebida en política.
De acuerdo con la precandidata presidencial, Vélez habría vulnerado el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) al promover en sus redes sociales la mencionada consulta, incurriendo en una posible intervención prohibida para funcionarios públicos.
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Según lo consignado en la queja formal, la senadora sostiene que la acción de Vélez viola los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019, los cuales impiden a los empleados estatales influir o participar en procesos electorales o en controversias políticas partidistas desde su posición pública.
El documento advierte que este comportamiento podría constituir una falta gravísima, dada la prohibición expresa de utilizar el cargo para respaldar actividades de partidos o movimientos políticos, así como para “presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política”, según los términos legales estipulados.
Cabal enfatizó que “la ley es para todos. Ser petrista no los exime de cumplirla”, recordando la obligación que tienen los servidores públicos de acatar el principio de legalidad y la neutralidad política en el ejercicio de sus funciones.
La senadora solicitó a la Procuraduría analizar los hechos descritos y verificar si se configura la falta disciplinaria definida en el artículo 60 de la mencionada ley. En caso afirmativo, pidió que se impongan contra Vélez Torres las sanciones correspondientes que la normativa prevé.
Al presentar esta acción, Maria Fernanda Cabal manifestó su reiterado compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, agregando que el empleo de la función pública con fines políticos “es un abuso que atenta contra la institucionalidad y la confianza ciudadana”.
El proceso disciplinario dependerá ahora de la investigación y decisión que adelante la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación de la ministra (E) Irene Vélez Torres.
hace 3 semanas
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