
Durante años, distintas figuras del narcotráfico mexicano han logrado reducir sus sentencias en Estados Unidos mediante un recurso tan polémico como efectivo: la cooperación con la justicia. A través de testimonios estratégicos, varios de estos capos consiguieron beneficios legales y protección para sus familias, al tiempo que sus declaraciones han desatado consecuencias de gran alcance en México.
Uno de los casos involucró a un antiguo líder de un cártel ahora inexistente, cuya decisión de hablar ante las autoridades estadounidenses tuvo un impacto directo en procesos judiciales clave.
Su colaboración no solo marcó un punto de quiebre en su propia historia criminal, sino también en la de altos exfuncionarios mexicanos señalados por sus vínculos con el narcotráfico.

Óscar Nava Valencia, mejor conocido dentro de la esfera criminal como “El Lobo”, era líder del ahora extinto Cártel del Milenio. Su carrera al frente del grupo delictivo se acabó a finales de octubre de 2009, cuando un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México logró capturarlo en Guadalajara, Jalisco. En 2014, “El Lobo” fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 25 años en prisión, sin embargo, su condena se redujo a 16 años y medio en 2019.
A pesar de estas sentencias, diversos medios de la prensa mexicana reportaron que el otrora líder del Cártel del Milenio había sido liberado por la justicia estadounidense el 27 de noviembre de 2023 tras pasar 14 años en prisión.
La reducción de su condena ocurrió gracias a que negoció con autoridades de EEUU y testificó en contra de aliados y rivales. Su objetivo más importante fue quizás Genaro García Luna, quien sirvió como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón entre los años 2006 y 2012.

“El Lobo” testificó contra el ex funcionario en una corte de Nueva York nueve meses después de ser puesto en libertad.
García Luna fue condenado a finales del año pasado por la justicia estadounidense a 38 años y 8 meses en prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Además del tiempo en prisión, el juez Brian Cogan emitió una multa por un total de dos millones de dólares “por ayudar durante una década al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”, según declaraciones recogidas por la BBC.
Además de sus declaraciones en contra del ex funcionario de alto rango mexicano, “El Lobo” Valencia fue elegido como primer testigo en el juicio contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”; hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Gracias a estos acuerdos, Nava Valencia no solo se ganó su libertad, sino que también consiguió protección federal, un pago de 7 mil dólares de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y que su esposa e hijos fueran trasladados a EEUU, según reportó el periodista Ángel Hernández en octubre de 2024.

Jesús Reynaldo Zambada, alias “El Rey”; hermano del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, cayó en manos de la justicia mexicana en 2008 y fue extraditado a EEUU tiempo después.
“El Rey” estaba a cargo del control del aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias a su operación, el cártel lograba transportar cientos de toneladas de narcóticos hacia EEUU, según reportó el periodista Luis Chaparro en noviembre de 2023.
Presuntamente, Reynaldo Zambada arregló que un helicóptero recogiera a Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su escape de prisión en 2001. El poderoso capo de la droga y fundador del Cártel de Sinaloa fue llevado a la Ciudad de México con una escolta policial, de acuerdo con Chaparro, quien cita detalles revelados por la fiscalía de EEUU durante el juicio en contra de García Luna.

Luego de ser arrestado y condenado a prisión, “El Rey” encontró una oportunidad única para reducir su sentencia y conseguir protección para él y su familia: colaborar con las autoridades estadounidenses y testificar en el juicio contra “El Chapo” Guzmán.
“El Rey” afirmó haber pagado cantidades millonarias en sobornos al ya mencionado ex secretario de Seguridad Pública. De acuerdo con la prensa mexicana, la primera de estas transacciones tuvo lugar en 2005, cuando García Luna estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Años más tarde, durante el juicio contra el funcionario, “El Rey” confirmó sus declaraciones de 2018.
A pesar de que en 2020 recibió una condena de 12 años en prisión, ya había cumplido ese tiempo tras las rejas, por lo que fue puesto en libertad bajo supervisión de EEUU, según información compartida por la BBC.

Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, nació en 23 de noviembre de 1987 en Culiacán, Sinaloa. Su padre es Dámaso López Núñez, conocido también como “El Licenciado”, prominente figura del Cártel de Sinaloa y quienes las autoridades identificaron como un personaje cercano a “El Chapo” Guzmán.
En 2018, el “Mini Lic” se declaró culpable en un tribunal federal de EEUU tras haberse entregado en el puerto de entrada de Calexico West el 27 de julio de 2017, según informaron en aquel entonces funcionarios de la DEA en un comunicado de prensa.
“Se cree que López Serrano, de 29 años, es el líder de mayor rango de un cártel mexicano que se ha entregado en Estados Unidos”, se lee en el boletín.
John P. Cronan, entonces fiscal general adjunto interino, declaró que su condena suponía “un duro golpe para el liderazgo del Cártel de Sinaloa” y a sus actividades delictivas.

Luego de que, según reportó Infobae en el pasado, López Serrano colaborara con el gobierno de EEUU, recibió una sentencia reducida, con la que pudo salir bajo libertad supervisada en 2022.
A pesar de haber salido de prisión, el “Mini Lic” fue recapturado por agentes del FBI en el estado de Virginia en 2024 como resultado de una operación encubierta.
Se declaró culpable el 28 de mayo de 2025 en la Corte del Distrito Este de Virginia por conspiración para distribuir al menos 400 gramos de fentanilo, un delito que, según la legislación federal de EEUU, conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y puede alcanzar la cadena perpetua.
La acusación formal, fechada el 13 de diciembre de 2024, se fundamenta en los artículos 841 y 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos, que establecen sanciones severas para quienes participen en la distribución o conspiración para distribuir sustancias controladas, como el fentanilo.