
El anuncio de incrementos de dos dígitos en las facturas de electricidad y gas para más de un millón de residentes del estado de Nueva York ha generado una fuerte reacción social en la región. Las compañías Rochester Gas & Electric (RG&E) y New York State Electric & Gas (NYSEG) propusieron elevar las tarifas, provocando rechazo en audiencias públicas celebradas en Rochester.
La iniciativa consiste en un aumento del 26% en tarifas eléctricas y del 22,2% en gas natural en el área servida por RG&E, lo que representaría un incremento de hasta 600 dólares anuales en la factura para algunos usuarios. La solicitud contempla que la tarifa eléctrica suba más de 33 dólares mensuales y la del gas alcance los 18,87 dólares, como recogen cifras difundidas por Newsweek.
Por su parte, NYSEG —empresa que presta servicios en más del 40% del norte del estado— solicitó aumentos de 33 dólares en electricidad y 33,50 dólares en gas. Ambas compañías pertenecen a Avangrid. De acuerdo con los argumentos presentados ante los reguladores, estos aumentos buscan cubrir inversiones en infraestructura, incorporar nueva tecnología y responder a la creciente demanda.

Los representantes de Avangrid aseguraron que los fondos permitirán la creación de alrededor de 1.100 empleos en el estado, así como la actualización de una red eléctrica desgastada. Además, planean pedir que su retorno de capital autorizado pase del 9,2% al 10%, lo que implicaría una mejora de 16,2 millones de dólares en ingresos, según datos de la agencia estadounidense.
Las protestas surgieron en una audiencia pública en el Rochester Public Hall, en la que decenas de ciudadanos expresaron preocupación por el impacto de la medida. Uno de los participantes, Kyle Rosenthal, advirtió, citado por el Democrat and Chronicle, que la propuesta podría funcionar como una distracción frente a otras subas y sostuvo: “si queremos seguir siendo un estado de oportunidades, con energía limpia y tarifas asequibles, estas subidas —incluido el incremento en el retorno de capital— deben ser rechazadas”.
La postura crítica también fue manifestada por representantes de organizaciones sociales. Suzanne Shady, miembro de la Asociación de Trabajadores de Servicios del Este, aseguró a la emisora local WHAM: “estoy absolutamente en contra de que RG&E suba las tarifas”. Añadió: “quienes vivimos en esta comunidad y en el estado tenemos la obligación de buscar opciones para que la vida sea más sostenible y positiva para todos”.
El rechazo al proyecto fue respaldado por integrantes del gobierno local. Miguel Melendez, presidente del Concejo Municipal de Rochester, declaró ante el juez encargado que su objetivo es impulsar un sistema energético basado en la asequibilidad, la innovación y la confiabilidad, sin que la carga recaiga de modo constante sobre los consumidores.

El concejal remarcó que “es evidente que nuestra red está obsoleta y hay una mayor demanda por servicios estables, pero debemos encontrar modos más inteligentes y sostenibles de generar y distribuir la energía, en lugar de modelos costosos”, según consignó el sitio RochesterFirst.
Las compañías eléctricas han enfrentado cuestionamientos recientes por el mal desempeño en la atención al cliente. Tanto RG&E como NYSEG recibieron este año una sanción conjunta de 20 millones de dólares por incumplimiento en los estándares de servicio, según lo indicó Newsweek.
La decisión final sobre los aumentos está en manos de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York (PSC), que continuará el proceso con nuevas audiencias, incluyendo otra sesión prevista para el 8 de octubre en el Ithaca Town Hall, en la ciudad de Ithaca.
Según explicó Alexis Arnold, responsable de Comunicación de Avangrid, en diálogo con Newsweek, “esto es apenas una propuesta inicial; la cifra final dependerá del acuerdo al que se llegue, y el alza podría implementarse en dos, tres, cuatro o incluso cinco años”.