
La posible libertad de los hermanos Menéndez se encuentra en manos del sistema de justicia de California, más de tres décadas después del asesinato de sus padres en Beverly Hills.
Erik y Lyle Menéndez, condenados en 1996 por homicidio en primer grado y conspiración, afrontan esta semana una audiencia ante la junta de libertad condicional del estado, un proceso que podría redefinir su destino y reaviva el debate nacional sobre los alcances de la reforma penal. De acuerdo con un reportaje de Newsweek, la audiencia marcará un punto decisivo para el caso, mediático y polémico desde sus inicios.
La decisión inmediata sobre el futuro de Erik Menéndez y Lyle Menéndez corresponde a la Junta de Libertad Condicional de California, que escuchará los alegatos de las partes y de los familiares de las víctimas antes de emitir su recomendación.
La historia de Erik Menéndez y Lyle Menéndez ha mantenido el interés público desde los años noventa, especialmente tras la difusión de sus juicios por televisión. El impacto mediático se ha renovado gracias a documentales recientes que alcanzaron a millones de espectadores y estimularon discusiones sobre las causas y consecuencias del doble homicidio.

Los hermanos, hoy de 54 y 57 años, respectivamente, han pasado más de 35 años tras las rejas desde el asesinato de José Menéndez y Kitty Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía argumentó que la motivación principal del crimen fue económica, destacando el interés de los hermanos por heredar la fortuna familiar.
Por su parte, la defensa presentó pruebas y testimonios centrados en la existencia de abuso físico, psicológico y sexual a lo largo de la infancia y adolescencia de los acusados, una versión de los hechos que los fiscales rechazaron y que dividió tanto al jurado como a la opinión pública.
La propuesta de reconsiderar la situación legal de los hermanos Menéndez responde a los cambios incorporados en la legislación de California durante los últimos años. Las reformas estatales han modificado las normas aplicables a condenados por delitos graves cometidos antes de los 26 años, otorgando oportunidades de revisión de sentencias y abriendo caminos para la petición de nueva condena.

En 2023, la defensa de los Menéndez presentó una solicitud formal para reevaluar el castigo original con el argumento de que no se valoró en su verdadera dimensión la juventud de los hermanos al momento de los hechos y el contexto familiar de abuso.
En mayo de 2025, un juez del condado de Los Ángeles revisó el caso y sustituyó la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por otra de 50 años a cadena perpetua, lo que habilitó el acceso inmediato a la audiencia de libertad. Esta decisión activó un proceso que será seguido de cerca por numerosos sectores y que coloca a los hermanos frente a uno de sus mayores desafíos legales desde su condena.
El equipo de abogados de los hermanos Menéndez está conformado por figuras conocidas en el ámbito legal de los Estados Unidos, como Mark J. Geragos, Alexandra S. Kazarian y Clifford Gardner. “Hoy es un gran día”, declaró Mark Geragos tras la reducción de la condena, sosteniendo que sus defendidos están “un gran paso más cerca de regresar a casa”.

Declaraciones recientes dan cuenta de la postura de los involucrados. Erik Menéndez manifestó ante el tribunal: “tuve que dejar de ser egoísta e inmaduro para comprender lo que vivieron mis padres en sus últimos momentos”.
Por su parte, Lyle Menéndez se dirigió a sus familiares: “les mentí y los expuse a una humillación pública”. Además, Anamaria Baralt, prima de los hermanos, afirmó ante la corte: “son hombres muy distintos a los jóvenes que fueron”.
El proceso legal contempla que, si se concediera la libertad condicional, el gobernador del estado, Gavin Newsom, podrá intervenir y revertir el dictamen de la junta, lo que agrega un nivel adicional de incertidumbre. Conforme al sitio oficial del gobernador, la revisión final del caso puede extenderse hasta 150 días después de la audiencia inicial.