
La Cámara Baja del Congreso chileno aprobó este miércoles por amplia mayoría un proyecto que obliga al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales a realizarse un test de drogas obligatorio antes de postular a dichos cargos y, ya en ejercicio, repetirlo al menos una vez al año, siendo su resultado público.
Según reza el documento, quedarán inhabilitadas para postular aquellas personas con dependencia a drogas o sustancias psicotrópicas, a excepción de quienes presenten un certificado médico que justifique su consumo.
Así, quienes aspiren a un alto cargo público estarán obligados a esgrimir un examen de pelo y una declaración jurada ante un escribano.
El proyecto de ley, patrocinado por la oposición, contó con votos del oficialismo y fue aprobado por 99 votos a favor, 12 abstenciones y solo dos votos en contra, de las diputadas del Frente Amplio, Lorena Fries y Maite Orsini.
“Aprobar este proyecto de ley es la oportunidad para que demos las señales correctas a la ciudadanía. Los cargos públicos deben ser ejercidos de manera limpia en todo aspecto", señaló una vez terminada la votación la diputada independiente Paula Labra, quien llevó adelante el proyecto junto a Pamela Jiles (PH) y Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano).
“Si muchos chilenos por su trabajo se realizan test de drogas, ¿por qué nosotros no?”, razonó la legisladora, quien de paso instó a Gabriel Boric a ser “el primer presidente en realizarse el test”.
De la misma opinión fue el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), quien sostuvo que “una persona puede haber consumido antes y un día decir ‘no quiero consumir más y quiero dedicarme a la política’, es absolutamente factible, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Eso es lo que plantea este proyecto”.
Debido a que en su trámite se ingresó una indicación, la iniciativa pasó ahora a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Su presidente, el también independiente Rubén Oyarzo, ya anticipó que le dará urgencia.
“Creemos que es importante que este proyecto de ley salga antes de las elecciones (de noviembre), para que así los candidatos presidenciales se hagan el test de drogas, (igual) que todos los que quieran postular a un cargo público, desde ministros, subsecretarios, concejales, alcaldes”, complementó.

Por su parte, la diputada oficialista Lorena Fries explicó en entrevista con radio BioBío sus razones para votar en contra y aseguró que “no me interesa andar persiguiendo diputados y diputadas”.
Según la parlamentaria, el proyecto aprobado en general hasta ahora “no se hace cargo” si la persona es adicta o consumidora ocasional, ni pide ni establece medidas para que el infractor inicie un tratamiento médico.
Tampoco estuvo de acuerdo con que el resultado del test sea público: “Me parece que dar el nombre es una cuestión bastante severa. Uno no busca cortar cabeza”, aseveró.
La diputada aseguró que el proyecto sólo apunta al “morbo y la exposición pública”.
“Si lo que buscas con un test así es perseguir el narcotráfico, no llegaremos a nada”, remató.
Cabe recordar que en 2022, tras una modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados, se realizó un test de drogas obligatorio a 75 diputados -todos con resultado negativo-, aunque tres parlamentarios se abstuvieron de participar.