Los 5 grandes desafíos que le esperan a Laura Fernández, presidenta electa, al frente de Costa Rica: ¿cómo será la relación con Trump?

Laura Fernández, politóloga de 39 años, fue elegida este domingo como presidenta electa de Costa Rica en primera vuelta, con el 48,3 por ciento de los votos. Su campaña se centró en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, un tema que preocupa a los costarricenses tras varios años de aumento de homicidios ligados al narcotráfico.

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Fernández, quien asumirá el 8 de mayo próximo, se convertirá en la segunda mujer en gobernar Costa Rica tras Laura Chinchilla (2010-2014), y su victoria reafirma la consolidación de la derecha en la región, como ya ocurrió en Chile, Perú, Bolivia y Honduras.

La heredera política del actual presidente Rodrigo Chaves tendrá varios retos por delante, especialmente en términos de seguridad y economía, en un país que, hasta hace pocos años, era considerado un referente de estabilidad y paz en el continente. Estos son los 4 grandes retos que deberá asumir y lo que se espera que ejecute tras sus promesas de campaña.

1. Frenar el crimen organizado: ‘mano dura’ será su bandera

La promesa de Fernández de aplicar “mano dura” contra el crimen organizado fue el eje central de su campaña. En los últimos años, Costa Rica registra un alarmante aumento de la violencia que se ha visto reflejado en su tasa de homicidios: alcanzó 16,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, la tercera más alta en la historia del país, según el Organismo de Investigación Judicial. De estos homicidios, casi siete de cada diez están vinculados al narcotráfico.

Durante la campaña, Fernández aseguró que, de ser electa, podría declarar estados de excepción en zonas con alta tasa de conflictividad y suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales para enfrentar delitos graves ligados al crimen organizado.

Entre sus medidas también figura la construcción de una megacárcel con capacidad para 5.000 detenidos, un enfoque similar al adoptado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Desde la oposición, sin embargo, señalan que este centro de alta seguridad —ya anunciado, pero aún sin iniciar obras—, inspirado en el cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, no resolverá el problema de la inseguridad y advierten sobre los riesgos de replicar un modelo sobre el que recaen denuncias de abusos.

2. Con mayorías legislativas, pero obligada a negociar grandes reformas

El prometido programa a profundidad de Fernández para Costa Rica, en el que incluso habló de una reforma constituyente, enfrenta un panorama complejo en la nueva Asamblea Legislativa, también elegida el domingo.

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Si bien la mandataria electa había pedido a sus votantes acudir a las urnas para elegir al menos 40 de los 57 escaños que estaban en juego, cifra necesaria para tener amplia gobernabilidad, los resultados, aunque positivos, no fueron suficientes.

“La presidenta requiere de una mayoría calificada que su partido (Pueblo Soberano) no logró. Con los 31 diputados que obtuvo, de los 57 en juego, Fernández tiene mayoría en el Congreso para aprobar leyes que antes no pudo sacar su antecesor Chaves, pero no le alcanza para reformar la Constitución ni para cambiar radicalmente el equilibrio de poderes”, advirtió a este diario Eugenia Soto, jefa de Nacionales y Política del diario La Nación de Costa Rica (GDA).

“Lo que estamos viendo es que replicar el modelo Bukele en Costa Rica no será fácil, así como otras medidas reformistas”, puntualizó la analista, quien, no obstante, señala que para lograrlo, la presidenta electa deberá demostrar la capacidad de su partido “de negociar con la oposición en la Asamblea Legislativa”.

3. Reforma judicial y herencia de Chaves: una promesa que alerta sobre los equilibrios democráticos en Costa Rica

Dentro de esas transformaciones radicales, Fernández manifestó durante la campaña su intención de reformar el Poder Judicial, al que acusa de permitir la impunidad de los criminales.

Para ello, propone avanzar con el proceso iniciado por su heredero político, Rodrigo Chaves, una medida que analistas y organizaciones consideran peligrosa para la división de poderes y una amenaza directa a la Constitución.

La agenda impulsada por Chaves incluye la reorganización de funciones de la Fiscalía, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Sala Constitucional, además de restricciones a la rotación de jueces.

De hecho, Fernández asumirá el poder con la influencia del actual mandatario e incluso ha señalado que quiere que sea su ministro de la Presidencia o de Hacienda, algo inédito en Costa Rica.

Dicha cercanía genera dudas sobre si Fernández podrá liderar de manera independiente y diferenciarse así del estilo confrontativo de su antecesor.

Estas preocupaciones se ven reforzadas por críticos que alertan sobre los riesgos de concentrar poder político y replicar modelos autoritarios de la región.

El expresidente Óscar Arias, premio Nobel de la Paz 1987, advirtió que “lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder”, en referencia a las propuestas de reformas a la carta magna.

No obstante, en su primer discurso a la nación, Fernández aseguró que lejos está de buscar una concentración de los poderes. “Yo, como nueva presidenta de la República, no voy a permitir nunca el autoritarismo y la arbitrariedad que nadie quiere en Costa Rica”, dijo ante sus seguidores.

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4. Reducir la desigualdad y atender el envejecimiento de la población, entre los retos económicos

Además de la seguridad, Fernández enfrentará varios desafíos económicos. Costa Rica reportó en 2025 un crecimiento cercano al 5 por ciento, una inflación negativa y una caída del desempleo a menos del 7 por ciento, según datos del Gobierno. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica se logró a costa de recortes en la inversión social, la educación y la salud.

En su informe Costa Rica: balance económico y social 2025 y desafíos para la próxima administración, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional de Costa Rica señala que Fernández debe combinar el crecimiento económico con la reducción de la desigualdad, mejorar el transporte público y buscar tasas de interés más bajas, mientras enfrenta el desafío del envejecimiento de la población. Además, advierten que los impuestos aprobados en 2018 ya no alcanzan para cubrir las necesidades del país.

En ese sentido coincide el informe de perspectivas económicas de la Ocde de diciembre de 2025. Según el organismo, “la situación fiscal ha mejorado, pero garantizar la sostenibilidad fiscal requiere un estricto cumplimiento de la regla fiscal para contener el gasto público, implementar revisiones del gasto para mejorar su eficiencia y aumentar la recaudación mediante la ampliación de las bases imponibles”.

La Ocde agrega que la economía de Costa Rica ha crecido gracias a la diversificación en manufactura, servicios y exportaciones tecnológicas, y que el déficit fiscal se ha reducido parcialmente por el control del gasto. Sin embargo, prevé que el crecimiento se modere en 2026 y 2027 por factores externos, como la caída de las exportaciones y la incertidumbre global, lo que —dicen— “podría frenar la inversión y la creación de empleo”.

Gran parte de esta vulnerabilidad se explica por la alta dependencia de Costa Rica de la demanda de exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, especialmente en sectores médicos, turismo y servicios, lo que hace que la economía sea sensible a cambios externos y a la evolución de la economía global.

“La política comercial de Estados Unidos y la apreciación del colón frente al dólar podrían afectar negativamente el dinamismo del sector del turismo”, dice el informe del Observatorio Económico y Social.

“Costa Rica mantiene una relación de fuerte dependencia con Estados Unidos y, en materia de política exterior, suele alinearse con Washington. Es previsible que Laura Fernández continúe esa misma línea iniciada por Rodrigo Chaves durante el mandato de Donald Trump”, añade Soto, de La Nación.

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5. El giro a la derecha en la región: ¿de qué corte se espera que sea Laura Fernández?

La elección de Fernández refuerza la presencia de gobiernos de derecha en América Latina y ocurre en un año clave para la región, marcado por elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y Perú, los dos primeros bajo gobiernos de izquierda y el último en plena crisis política tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” y ahora dirigido por el centroderechista José Jerí.

En los últimos meses, líderes con propuestas de mano dura vienen ganando terreno en la región, en buena medida por la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y la criminalidad.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast ganó la presidencia centrando su campaña en el combate al crimen a través de megacárceles y mayores poderes para la fuerza pública. En Honduras, el conservador Nasry Asfura, respaldado por sectores afines a la política estadounidense, asumió con compromisos similares para enfrentar la violencia.

En Bolivia, tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), los votantes eligieron al centrista Rodrigo Paz. Su plataforma incluye apertura económica y el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, lo que refleja la tendencia regional hacia una política más conservadora y orientada al mercado.

En Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de inseguridad y violencia que ha llevado al país a niveles de homicidios récord, también se observa una alineación con políticas de mano dura.

Noboa propone construir prisiones de máxima seguridad inspiradas en modelos centroamericanos, además de recurrir a las fuerzas armadas para tareas de seguridad ciudadana.

Sin embargo, este giro hacia la derecha no es igual en todos los países ni sigue un solo modelo. Queda por verse hacia qué tipo de derecha se inclinará Fernández: si optará por un enfoque más pragmático y de acuerdos, o por una línea más confrontativa y cercana a Estados Unidos en temas de seguridad, comercio y política exterior.

A nivel regional, este giro hacia gobiernos de derecha puede tener efectos claros en temas como seguridad, migración y comercio. Los gobiernos que promueven la mano dura suelen impulsar una mayor coordinación entre policías y fiscalías, el intercambio de información y acuerdos bilaterales para enfrentar al crimen organizado. No obstante, estas políticas también han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles recortes a las libertades civiles si no existen controles institucionales sólidos.

STEPHANY ECHAVARRIA - Editora Internacional

CAMILO A. CASTILLO - Subeditor Internacional