Las mayores bandas criminales brasileñas reiniciaron su guerra, operan en EEUU y afectan la relación entre Lula da Silva y Donald Trump

Vehículo de la Policía Federal en Río de Janeiro. REUTERS/Sergio Moraes

La tregua entre los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), anunciada en febrero, naufragó al cabo de solo dos meses. El 28 de abril, fue el Comando Vermelho el que anunció su fin, confirmado también por el PCC, que declaró que “así como la alianza se alcanzó con respeto, el fin se alcanzó con respeto y humildad por ambas partes”. Una facción del CV, sin embargo, declaró la “guerra abierta” al PCC, calificándolo de “enemigo para siempre”. Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que el principal objetivo del acuerdo era mejorar la cooperación en materia de narcotráfico y, sobre todo, presionar al Gobierno de Lula para que relaje las restricciones carcelarias de los principales líderes de las dos facciones, Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola”, al frente del PCC y Márcio Amaro de Oliveira, apodado “Marcinho VP”, al frente del CV.

“Desde el principio, no creí que esta tregua avanzara porque tanto el PCC como el Comando Vermelho comparten intereses comunes. Estos incluyen las rutas de tráfico que se disputan especialmente en el norte de Brasil”, declaró al diario brasileño O Estado de São Paulo el fiscal Lincoln Gakiya, del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público del Estado de San Pablo. “Difícilmente alguien renunciaría a estos intereses sólo porque la cúpula de la facción así lo decidiera”, dijo. Esto es especialmente cierto en el caso del Comando Vermelho. “A diferencia del PCC, los núcleos del Comando Vermelho en los diversos estados brasileños gozan de cierta autonomía. No todas las órdenes establecidas por el comando central, es decir, el consejo de Río de Janeiro, se respetan realmente en las demás regiones del país”, afirmó el fiscal.

Así pues, las diferencias estructurales entre los dos grupos y las rivalidades locales han hecho imposible una paz duradera. Especialmente en el estado de Bahía, algunos grupos locales nunca han aceptado la tregua, como han demostrado los enfrentamientos de los dos últimos meses en ciudades como Ubatã, Jequié, Ibirataia e Ibirapitanga. Por otro lado, la alianza entre los dos grupos criminales ha resultado positiva en estados muy críticos para el narcotráfico, como el Acre amazónico, en la región noroeste del país, o el Mato Grosso do Sul. A pesar de su papel estratégico al estar en la frontera con los estados productores de cocaína, Perú y Bolivia respectivamente, la tregua en estos lugares ha disminuido la violencia y probablemente, sospecha la policía, ha aumentado aún más los beneficios. Los expertos esperan ahora a ver qué ocurrirá después, si una nueva temporada de violencia o si, por el contrario, cada uno volverá a lo suyo, sin interferencias del grupo rival y, por tanto, potenciándolos. En comparación con el Comando Vermelho, hay que recordar que el poder del PCC es mucho mayor en el mercado internacional, especialmente en la gestión de las rutas marítimas.

La droga incautada provenía desde Brasil, según la justicia portuguesa - crédito EFE

“Brasil sigue siendo estratégico a nivel mundial por al menos tres razones. Limita con países productores de cocaína, tiene una extensa red logística para almacenar y transportar drogas, y es una zona de navegación a través de buques comerciales y barcos de vela y pesca”, explica a Infobae Florian Manet, coronel de la Gendarmería francesa y uno de los mayores expertos internacionales en riesgos marítimos. En su último estudio, titulado “La talasopolítica del narcotráfico internacional” y publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GITOC), con sede en Suiza, hace una radiografía exhaustiva del nivel alcanzado por el narcotráfico mundial a través de las rutas marítimas. Brasil juega allí un papel decisivo. “Es un país enorme, con 7500 kilómetros de costa, más de 175 puertos marítimos y más de 50.000 kilómetros de rutas fluviales”, explica Manet a Infobae.

Según el experto, “toda esta infraestructura portuaria, fluvial y marítima muestra un altísimo nivel de conectividad y de relaciones comerciales entre los puertos brasileños y otros puertos del mundo. Si a esto le sumamos el dinamismo económico de Brasil, que exporta enormes cantidades de productos agrícolas o manufactureros a mercados no productores, como Europa, podemos entender cómo esto facilita la exportación de productos ilícitos”.

Además de las rutas, están las bases de apoyo, verdaderos puestos avanzados criminales dirigidos por el PCC, especialmente en África. “Sirven para rastrear las mercancías y luego entregarlas en los mercados de consumo”, explica Manet a Infobae. En Estados Unidos, el PCC ha establecido puestos avanzados en Miami, principalmente para el tráfico ilegal de armas a Brasil, pero también se han detectado miembros de la organización en los estados de Pensilvania y Massachusetts.

Por eso, David Gamble, jefe de la división de sanciones del Departamento de Estado norteamericano, llegó a Brasil la semana pasada. El objetivo era discutir con el Gobierno de Lula la posibilidad de clasificar a los principales grupos criminales del país como organizaciones terroristas. Pero el Ejecutivo brasileño se mostró contrario a la propuesta. “No consideramos a estas facciones como organizaciones terroristas. En primer lugar, porque esto no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico: nuestras facciones no actúan en defensa de una causa o ideología. Buscan lucrarse a través de los más diversos delitos”, declaró a la prensa brasileña Mário Sarrubbo, secretario nacional de Seguridad Pública, quien, sin embargo, no asistió a la reunión con Gamble, sino que se limitó a enviar a sus subordinados.

Desde su investidura, Trump baraja la idea de incluir a facciones criminales brasileñas en la lista de grupos terroristas, siguiendo el ejemplo de la reciente designación de la banda venezolana Tren de Aragua. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de políticos próximos a Bolsonaro, que critican a Lula acusándole de no ser lo suficientemente incisivo en la lucha contra el crimen organizado. La cuestión está siendo debatida no sólo en Brasil, también porque no existe una definición única de terrorismo. La clasificación, sin embargo, podría ser útil para facilitar las sanciones y la cooperación internacional y congelar activos.

El Secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Victor Santos, criticó al gobierno federal por no apoyar la clasificación del Comando Vermelho (CV) como organización terrorista. Según él, Brasilia ignora la realidad de la violencia en el estado y se niega a reconocer la gravedad de los atentados promovidos por la facción. “El CV es hoy la facción que más choca con el Estado, y seguiremos sosteniendo, sí, que es una organización criminal y terrorista transnacional”. La emergencia de violencia en Río de Janeiro es tan grave que, a finales de año, la policía militar de la ciudad será la primera de Brasil en equiparse con un célebre helicóptero de guerra estadounidense, el Black Hawk. No han faltado incidentes en todo el país comparables a la violencia de grupos terroristas como ISIS. En 2019, por ejemplo, en la prisión de Altamira, en el estado amazónico de Pará, reclusos de distintas facciones se masacraron entre sí, incluso con decapitaciones. Algunos de ellos incluso jugaron al fútbol con la cabeza de una de las víctimas. El balance final fue de 58 muertos. Después de seis años, la violencia dentro y fuera de las cárceles sigue siendo un problema, pero sin duda las facciones criminales de Brasil han evolucionado, porque el volumen del narcotráfico se ha disparado y con él los beneficios y la necesidad de centrarse más en las actividades de blanqueo de dinero.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva. REUTERS/Tingshu Wang

Las rutas marítimas han sido decisivas en este crecimiento, como demostró la última operación antidroga, Narco Vela, a finales de abril, en la que participaron la Marina estadounidense, la Guardia Civil española, la Marina francesa y, por supuesto, la Policía Federal brasileña, ya que la droga salía del gigante latinoamericano. La investigación comenzó con la detención en febrero de 2023 de Flávio Fontes Pereira, a bordo del velero Lobo IV frente al continente africano, con tres toneladas de cocaína. El hombre era célebre por haber navegado anteriormente durante nueve años con el famoso explorador antártico brasileño Amyr Klink. Las investigaciones revelaron que esta red internacional estaba dirigida por el PCC, que enviaba la droga a través de veleros y barcos desde el puerto de Santos, en el estado de San Pablo, con destino a Europa y África. Se habrían movido al menos ocho toneladas de cocaína. “Es una operación extraordinaria que ilustra bien los desafíos del envío de cargas ilícitas por organizaciones criminales. Estas buscan cada vez más ocultar sus cargas dentro del tráfico legal y a lo largo de rutas internacionales”, dice el coronel Manet a Infobae. El uso de veleros se ha convertido en una estratagema muy arraigada para el transporte de drogas porque también existen cientos de marinas privadas brasileñas, mucho menos vigiladas que los vastos puertos de carga.

“La operación Narco Vela muestra cómo se estructura un cargamento de droga en tres etapas. La primera es la integración de la carga en la cadena logística. Con pesqueros y veleros se lleva la carga ilícita hasta las aguas territoriales o hasta el límite entre éstas y alta mar. La segunda fase es la navegación en alta mar, es decir, atravesar la inmensidad oceánica. Y la última fase, muy similar en su modo operativo a la primera, se refiere al desembarco en tierra”, explica a Infobae el coronel Manet. “En esta fase se realiza un transbordo: es lo que se denomina trasbordo de buque a buque, es decir, la carga ilícita es transferida desde el buque madre, que realizó la travesía transoceánica, a embarcaciones más pequeñas, denominadas ‘hijas’, que provienen del país de destino. Por ejemplo, se utilizan buques pesqueros con bandera de Senegal o Camerún, posiblemente en África, que pueden ingresar a los puertos marítimos de manera totalmente lógica”, dice el experto.

El crimen organizado brasileño también está intentando expandirse a las cadenas logísticas portuarias. “El objetivo de las organizaciones criminales es penetrar físicamente en estos sistemas logísticos internacionales, como las zonas reservadas de los puertos y la cadena logística ascendente, por ejemplo, desde el productor de soja hasta la carga en contenedores o sacos de soja con destino a Europa. Pero también se trata de los sistemas informáticos: como quieren penetrar y controlar el flujo de los containers, eso los obliga a infiltrarse en los sistemas informáticos que regulan la gestión de esos containers”, explica a Infobae el coronel Manet, quien también alerta sobre el impacto social de ese desarrollo en una población utilizada como reservorio para reclutar mano de obra delictiva o para ser oprimida. En los últimos días, la alarma se disparó por una denuncia recibida de la policía de Río de Janeiro, según la cual en un edificio de Madureira, en la zona norte de la ciudad, se convocó a una reunión de condóminos para votar un impuesto mensual de 1.800 reales a pagar a los traficantes de la comunidad de São José, en el Complexo da Serrinha, zona bajo control de la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP), otro grupo criminal brasileño en expansión. En un documento distribuido a los bloques de apartamentos, el administrador explicaba que el llamado “impuesto de seguridad” es para evitar la invasión y el robo por parte de los traficantes, un fenómeno que ya se ha producido en edificios vecinos que no han aceptado pagarlo.