La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky asistió a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, este 23 de octubre de 2025 (REUTERS/Yves Herman)

La Unión Europea (UE) no ha conseguido, tras intensas negociaciones en Bruselas, dar luz verde al uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. El principal obstáculo lo marcó Bélgica, país donde se encuentra depositada la mayor parte de los fondos soberanos rusos bajo custodia de la cámara de compensación Euroclear.

El valor de estos activos asciende a unos 200.000 millones de euros (aproximadamente 225.000 millones de dólares), y el plan que se discutía pretendía utilizar unos 140.000 millones de euros de ese monto para un préstamo a Kiev, con el objetivo de cubrir sus necesidades presupuestarias y militares para los años 2026 y 2027. Los líderes europeos, con la excepción de Hungría, decidieron este jueves posponer cualquier decisión concluyente y trasladaron a la Comisión Europea la tarea de presentar nuevas “opciones de apoyo financiero” lo antes posible para la agenda del próximo Consejo Europeo, previsto para diciembre.

La propuesta planteada por Bruselas consistía en que ese apoyo adoptara la forma de un préstamo de reparación: el dinero procedente de los activos rusos congelados se entregaría a Ucrania a interés cero y solo debería ser devuelto en el caso de que Rusia pusiera fin a la guerra y abonara las reparaciones correspondientes por los daños causados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expuso que no se trata de una confiscación definitiva, ya que Rusia mantendría sus derechos sobre los activos y podría reclamarlos si cumpliera con las condiciones impuestas. Von der Leyen afirmó que este mecanismo cuenta con un “fundamento legal sólido” y recalcó que “Rusia es el agresor, ha causado el daño y debe rendir cuentas”.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para redactar garantías jurídicas y asegurar la “solidaridad y el riesgo compartido”, Bélgica se mantuvo firme en sus objeciones. El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó abiertamente sus reservas y exigió una “mutualización completa del riesgo”, es decir, que todos los Estados miembros de la UE asuman conjuntamente las posibles repercusiones legales y financieras derivadas de la movilización de esos fondos.

De Wever advirtió sobre posibles represalias del Kremlin: “Si queremos dárselos a Ucrania, tenemos que hacerlo todos juntos. Si no, las represalias rusas podrían afectar solo a Bélgica. Eso no es muy razonable”. También destacó que nunca en la historia europea —ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial— se había recurrido a la movilización de activos inmovilizados de un país tercero, subrayando así la magnitud del paso que implica esta medida.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, habló con reporteros en el edificio del Consejo Europeo, en Bruselas, el 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Francois Walschaerts)

El malestar belga no es único. Otros Estados miembros mostraron inquietudes similares, no solo en el plano legal sino también ante la posible reacción rusa contra intereses europeos, especialmente en el sistema financiero internacional. El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, insistió en la importancia de blindar la legalidad del procedimiento y celebró que, gracias al avance en las negociaciones, se haya descartado la opción de una confiscación directa de los activos, una postura coincidente con la del Banco Central Europeo.

Según diplomáticos citados por AFP, el acuerdo final de la reunión fue deliberadamente general para acomodar las reservas de Bélgica, eliminando cualquier referencia directa al uso inmediato de la liquidez generada por los activos. Sin embargo, las mismas fuentes precisaron que el acuerdo da impulso a los planes de utilizar dichos fondos y deja claro el compromiso político del bloque con las necesidades financieras de Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó en redes sociales que la UE “se ha comprometido a abordar las apremiantes necesidades financieras de Ucrania para los próximos dos años, incluido el apoyo a sus esfuerzos militares y de defensa. Rusia debe detener la guerra de inmediato”.

La Comisión Europea calculó que el denominado préstamo de reparación podría generar unos 45.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2028. Bruselas advierte que, ante el retraso en la negociación presupuestaria plurianual de la UE, no existen muchas alternativas para garantizar la asistencia necesaria a Kiev en ese periodo.

Fuentes de la UE confirmaron que el texto aprobado en la cumbre —sin el apoyo de Hungría— diluye la referencia al uso inmediato de los rendimientos de los bienes rusos y remite a diciembre una posible solución definitiva. Mientras tanto, los intereses generados por los activos congelados ya son utilizados parcialmente para programas de préstamos del G7 a Ucrania, una práctica que continuará al margen del nuevo proyecto.

El contexto internacional también se mantiene expectante. Países del G7 como Japón, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá conservan activos rusos congelados en menor volumen, pero la UE aspira a que se sumen a medidas similares si se alcanza un consenso en Bruselas.

A pesar del resultado inconcluso de la cumbre, Ucrania reiteró la urgencia de la medida. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, valoró que el acuerdo es un “mensaje importante” para Kiev, que busca mantener a flote su economía y fortalecer su capacidad bélica ante la ofensiva rusa de cara a la primavera. En las conclusiones del encuentro, los líderes enfatizaron la necesidad de acelerar el apoyo militar, con especial atención a sistemas de defensa aérea, antidrones y municiones de gran calibre, así como al desarrollo de la industria de defensa ucraniana en territorio comunitario.

(Con información de AFP, AP, EFE y EP)