El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (Jesús Hellín - Europa Press)
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid y Bilbao con un requerimiento judicial buscando información sobre posibles contratos amañados en el marco del caso Ábalos-Cerdán. La orden judicial, del magistrado Leopoldo Puente, se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones. También se están registrando en San Sebastián sedes de otras empresas vinculadas con Servinabar.
El instructor del caso, el juez Leopoldo Puente, sospecha que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, cobró comisiones ilegales de la compañía de la familia Entrecanales por intervenir para dirigir concursos de infraestructuras. El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.
Acciona y otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo. Acciona pagó a la mercantil vinculada al exnúmero 3 del PSOE, Servinabar 2000 SL, más de 6 millones de euros.
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