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Treinta militares del Servicio Militar Voluntario fueron hallados realizando labores logísticas para el circo en su día libre. (La Tarumba)Un comunicado emitido por La Tarumba abordó de forma directa el incidente reportado en Arequipa: treinta soldados del Servicio Militar Voluntario fueron hallados desmontando la carpa circense.
La organización cultural afirmó de manera enfática que el proceso de contratación de este personal fue gestionado en su totalidad por la empresa Mandarina Producciones, encargada de la logística local.
La respuesta de La Tarumba remarcó desde el inicio que no mantuvo relación directa con la contratación de efectivos militares y acotó que la delegación de las labores logísticas recayó en Mandarina Producciones.
Composición: Infobae PerúEsta decisión se enmarca, de acuerdo con el comunicado, en el modelo de operación que utiliza la organización para facilitar su actividad artística en distintas ciudades.
El pronunciamiento también precisó que los militares se encontraban en su día libre y la contratación tuvo carácter voluntario. Cada acuerdo fue realizado entre los soldados y la empresa logística, con pagos individuales y la garantía de seguros correspondientes.
“El acuerdo de pago fue individual y directo a cada uno de los participantes”, indicó el texto difundido.
Durante su pronunciamiento, La Tarumba hizo hincapié en su rol como organización sin fines de lucro y afirmó que su fin principal es el desarrollo artístico y social en Perú. “Somos plenamente respetuosos de las instituciones”, concluyó la entidad.
Circos 2025- La Tarumba.La mañana del 4 de noviembre, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) detuvo a 30 miembros del Ejército Peruano por una presunta infracción relacionada con peculado.
La denuncia se originó tras comprobarse que los soldados asistían al desmontaje de la carpa, una labor ajena a sus funciones establecidas, en la avenida La Marina de Arequipa.
Los efectivos pertenecían al cuartel Mariano Bustamante, bajo la jurisdicción del distrito Mariano Melgar. Junto a los militares, las autoridades intervinieron al coronel Marco Antonio Quispe Astete y al técnico Justo Palomino Quispe, este último conductor de la unidad militar utilizada en el hecho.
La intervención derivó en la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía, que busca esclarecer el posible uso indebido de recursos estatales.
El show de la Tarumba durará hasta septiembre. Foto: La TarumbaUna particularidad observada por la policía fue que los soldados vestían polos con el logo de La Tarumba, lo que les habría permitido pasar inadvertidos como parte del personal del circo, según consignó el fiscal Manuel Aquino.
Las primeras versiones oficiales señalaban que los soldados habrían recibido permisos del cuartel Mariano Bustamante para ausentarse bajo la premisa de descanso, los cuales aprovecharon para trabajar voluntariamente en el desmontaje de la carpa del circo.
La investigación policial apunta a que la motivación principal fue económica, dadas las bajas remuneraciones en el Ejército. El pago por la labor osciló entre 60 y 90 soles diarios, con el añadido de alimentación gratuita para los participantes; sumado a la ausencia de familiares en la ciudad para algunos efectivos.
El 21 de septiembre será la última fecha en Lima de La Tarumba. Foto: La TarumbaPor otro lado, el Ministerio Público examina el uso de un vehículo militar identificado como EP-T-7, presuntamente empleado para trasladar a los soldados al lugar de trabajo, hecho que podría configurar el delito de peculado de uso. Las autoridades han solicitado la revisión de cámaras de seguridad cercanas para determinar si el transporte de los militares se efectuó con recursos estatales.
En su comunicado, La Tarumba enfatizó en que colaborará con las pesquisas abiertas tanto por el Ejército del Perú como por cualquier entidad competente. La institución reiteró que siempre ha actuado en concordancia con las normas y ha buscado el desarrollo comunitario a través de sus espectáculos y talleres.
El caso también involucra una indagación administrativa a cargo de la Inspectoría de la Tercera División de Ejército, que procesará a los soldados con base en la Ley N.º 29131. Mientras se determina la validez de los contratos y si existió formalización por parte de la empresa logística, los coordinadores de La Tarumba han reiterado su disposición a aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
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