La oposición de Honduras denuncia una maniobra del Gobierno para afectar el trabajo de la prensa en las eleccionesEl aumento de la tensión electoral en Honduras ha coincidido con una escalada de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, lo que ha generado una alarma internacional sin precedentes.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, encabezadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han denunciado que el clima actual resulta incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa y pone en riesgo la integridad del proceso democrático hondureño.
En las semanas previas a las elecciones generales del treinta de noviembre, se ha consolidado un entorno hostil para el periodismo independiente.
Las recientes declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras han intensificado la preocupación: estos funcionarios han acusado públicamente a medios y periodistas de liderar supuestas “campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística” en contra de la institución militar.
Además, han insinuado la existencia de un “entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras del crimen organizado” en el contexto electoral, lo que constituye un acto de estigmatización dirigido a desacreditar la labor periodística.
A lo largo del año, se han registrado episodios que refuerzan este patrón de intimidación. En febrero, altos mandos militares anunciaron su intención de iniciar acciones judiciales contra al menos doce medios hondureños para obligarlos a revelar sus fuentes informativas. En mayo, el medio oficial de las Fuerzas Armadas calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, una expresión que, según la SIP y las organizaciones firmantes, refuerza la intimidación institucional y contradice las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión.
El medio digital Criterio.hn ha denunciado una intensificación de los ataques en su contra, que incluyen la intervención de sus cuentas en redes sociales, la descalificación pública de su labor investigativa y un proceso de hostigamiento judicial impulsado por el Ministerio Público.
Este último ha solicitado la revelación de fuentes utilizadas en reportajes sobre presuntos vínculos de figuras públicas con redes de narcotráfico y corrupción, lo que representa una amenaza directa al secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (d). EFE/José Méndez
La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19, Free Press Unlimited, IFEX-LAC, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y PEN Internacional, entre otras, ha documentado recientemente “un patrón de vigilancia, intimidación y hostigamiento desde sectores estatales y militares”, así como la “falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el marco de las elecciones”.
La SIP y las organizaciones firmantes han rechazado de manera categórica las declaraciones del general Roosevelt Hernández y cualquier intento de criminalizar, intimidar o desacreditar a la prensa independiente.
Han recordado que las Fuerzas Armadas deben actuar bajo el marco constitucional, subordinadas al poder civil, y abstenerse de emitir declaraciones políticas o descalificatorias contra periodistas o medios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había instruido al general Hernández a no pronunciarse sobre asuntos políticos o electorales, subrayando que la institución militar debe actuar bajo la coordinación del órgano electoral para evitar injerencias o interpretaciones políticas indebidas.
Las organizaciones han reiterado que “la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental”, y que el uso del discurso oficial para deslegitimar o señalar a periodistas constituye una violación directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado hondureño en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En respuesta a la gravedad de la situación, la Misión Internacional y las organizaciones firmantes han formulado una serie de recomendaciones concretas a las autoridades hondureñas.
Entre ellas, destacan la necesidad de garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información, asegurando que todos los medios puedan cubrir las elecciones y los temas de interés público sin restricciones, censura ni represalias. También han exigido el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes.
Otra recomendación clave es que los altos mandos militares se abstengan de emitir declaraciones o publicaciones que desacrediten o pongan en riesgo a periodistas, recordando su obligación de neutralidad política y respeto a la libertad de expresión, en consonancia con los principios democráticos y la Constitución.
Además, se ha solicitado iniciar investigaciones independientes y transparentes sobre los ataques verbales y digitales contra periodistas, las campañas de difamación y el acoso judicial, así como sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios o agentes responsables de amenazas, espionaje u hostigamiento.
Las organizaciones han subrayado la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, dotando al Sistema Nacional de Protección de Defensores(as) de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de recursos adecuados, autonomía y capacidad de respuesta inmediata. Han propuesto la adopción de protocolos de alerta temprana y respuesta urgente en casos de amenazas durante el proceso electoral.
La presidenta hondureña Xiomara Castro, acompañada por el ministro de Defensa, Rixi Moncada, y el general del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, saluda a las tropas. REUTERS/Fredy RodriguezEn materia de transparencia y diálogo, se ha recomendado establecer un canal formal entre el Gobierno, el CNE, el Ministerio Público y las organizaciones de prensa para abordar riesgos específicos y coordinar medidas de prevención. También se ha pedido garantizar que las instituciones públicas brinden acceso equitativo a la información, evitando bloqueos, discriminación o exclusiones arbitrarias de medios críticos.
Finalmente, las organizaciones han hecho un llamado a la comunidad internacional, exhortando a las misiones de observación electoral, a la Organización de los Estados Americanos, al Sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la comunidad diplomática a incluir en sus informes un seguimiento específico sobre la situación de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas durante y después del proceso electoral.
En vísperas de unas elecciones que pondrán a prueba la fortaleza institucional de Honduras, la libertad de prensa se presenta como la garantía esencial de la democracia en el país. La descalificación, intimidación o vigilancia de los periodistas no solo afecta a los medios, sino que representa una amenaza directa al derecho de la ciudadanía a estar informada.
La SIP y las organizaciones firmantes han anunciado que mantendrán una observación y seguimiento permanente, con el compromiso de continuar brindando apoyo y acompañamiento a los periodistas y medios hondureños que defienden el derecho a la verdad y la libertad de expresión.
Entre las entidades que suscriben este pronunciamiento se encuentran Alianza de Medios MX, ARTÍCULO 19 México y Centroamérica, Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AM), Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Bolivia, Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Chile, Associação Nacional de Jornais (ANJ), Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), C-Libre Comité por la Libre Expresión, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Free Press Unlimited (FPU), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Fundamedios, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Instituto Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), International Press Institute (IPI), PEN Internacional, Press Freedom Center en el National Press Club, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Voces del Sur.
hace 2 horas
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