La policía de Long Island fue demandada por asociarse con ICE para realizar operativos de inmigración

La demanda contra el condado de Nassau desafía el acuerdo 287(g) que permite a la policía local colaborar con ICE en tareas migratorias. (REUTERS/Brendan McDermid)

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda el martes contra el condado de Nassau, en Long Island, por un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que autoriza a la policía local a ejecutar tareas de control migratorio.

Según informó The Washington Post, este acuerdo convierte a Nassau en el primer condado de Nueva York en firmar un convenio desde el refuerzo de las políticas migratorias impuestas por el gobierno federal.

El acuerdo, conocido como 287(g) por la sección de la ley federal que lo respalda, permite que agencias policiales locales colaboren con ICE como un “multiplicador de fuerza” para realizar arrestos relacionados con inmigración.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes denuncian que el convenio fomenta el perfilamiento racial y genera temor en las comunidades afectadas. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Hasta el momento de la firma, ningún otro condado neoyorquino había formalizado una colaboración de este tipo con la agencia federal desde el inicio de la nueva administración.

The Washington Post detalla que la demanda fue presentada ante la Corte Suprema de Nueva York y nombra tanto al condado de Nassau como a su departamento de policía como demandados.

Entre los grupos que impulsan la demanda se encuentran la Diócesis Episcopal de Long Island, el Centro de Refugiados Centroamericanos y la Familia Haitiano-Americana de Long Island. Estas organizaciones argumentan que la asociación excede la autoridad de la policía de Nassau bajo la ley estatal y permite que un cuerpo policial, ya señalado por prácticas de perfilamiento racial, discrimine a la comunidad inmigrante.

En la demanda se sostiene que la policía ha comenzado a detener y a interrogar a personas sobre su estatus migratorio, lo que ha generado un clima de temor en las comunidades afectadas.

Según datos publicados por The Washington Post, existían 135 acuerdos 287(g) activos cuando el presidente Joe Biden dejó el cargo. Tras ese periodo ese número aumentó a 719 acuerdos en los meses siguientes.

Esta expansión ha tenido un impacto considerable en diversas comunidades, como lo señaló Andrew Case, abogado de LatinoJustice y representante de los demandantes: “Está afectando a un rango enorme de comunidades. Los acuerdos 287(g) son realmente la punta de la lanza de toda la agenda de deportaciones masivas”.

Chris Boyle, portavoz del ejecutivo del condado de Nassau, defendió la legalidad de las acciones tomadas. Boyle afirmó que Blakeman “está seguro de que todas las medidas tomadas para proteger a las comunidades del condado de Nassau son legales y están debidamente autorizadas”.

Por parte del gobierno federal, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó las acusaciones de discriminación. En un comunicado recogido por The Washington Post, McLaughlin declaró: “Las acusaciones de que los acuerdos 287(g) con las fuerzas del orden locales fomentan el ‘perfilamiento racial’ son repugnantes y categóricamente FALSAS”. Añadió que el programa resulta “crucial para tener la capacidad de arrestar a extranjeros ilegales criminales en todo el país”.

La demanda presentada en Nassau se suma a una serie de desafíos legales recientes contra el programa 287(g) en diferentes estados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Pensilvania interpuso en junio una demanda para frenar la colaboración entre ICE y el alguacil del condado de Bucks.

La ACLU también ha impugnado acuerdos similares en Maryland y Colorado. En 2011, una investigación del Departamento de Justicia llevó al Departamento de Seguridad Nacional a suspender un acuerdo con el condado de Maricopa, en Arizona, tras determinar que se producía perfilamiento racial contra residentes latinos.

Las autoridades locales y federales defienden la legalidad del acuerdo, mientras que defensores de inmigrantes advierten sobre riesgos de discriminación. (REUTERS/Shannon Stapleton)

En 2018, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York ganó una demanda contra el condado de Suffolk, impugnando un acuerdo, que no formaba parte del programa 287(g), para mantener a personas detenidas por orden de ICE en instalaciones carcelarias del condado.

La demanda en Nassau, la primera en desafiar un acuerdo 287(g) en el estado de Nueva York, sostiene que la policía local ha comenzado a detener y a interrogar a personas sobre su estatus migratorio.

Esta situación ha generado temor entre los inmigrantes, quienes, según la demanda y los defensores, han dejado de denunciar delitos por miedo a ser detenidos. El Centro de Refugiados Centroamericanos reporta que sus clientes temen denunciar casos de violencia doméstica y abuso infantil, mientras que miembros de la Familia Haitiano-Americana de Long Island evitan salir de sus hogares.

Melanie Creps, directora ejecutiva del Centro de Refugiados Centroamericanos, expresó: “Esto hace que todos estén menos seguros. Porque si los inmigrantes tienen miedo de llamar a la policía, eso hará que alguien que es ciudadano y vive justo al lado de ellos esté menos seguro”.