La narcoviolencia en Ecuador extiende sus tentáculos en todo el país: nexos con grupos colombianos agravan crisis

El gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asestó la semana pasada un duro golpe a las organizaciones criminales con la detención de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, cabecilla de “Los Choneros”. 

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Se trata de una de las bandas más peligrosas dedicadas al narcotráfico desde suelo ecuatoriano hacia México y Estados Unidos en asociación con el Cartel de Sinaloa, según lo adjudica Insight Crime y el Centro de Investigación y Análisis del Crimen Organizado.

‘Fito’, sin embargo, es la cara visible de un mal que aqueja al país vecinos desde hace años, con grupos criminales que han tomado el control del país para traficar con droga, donde expertos aseguran que los grupos armados ya controlan 150 de 220 municipios. Además, la compleja frontera con Colombia, donde se suman otras bandas criminales, complica las acciones de las Fuerzas Armadas.

El caso de ‘Fito’, un reflejo de una crisis de seguridad más grave en Ecuador

“Fito”, considerado como la mente maestra del crimen ecuatoriano, es un objetivo de alto valor y era uno de los criminales más peligrosos y buscados del país desde enero de 2024, cuando logró fugarse de la Cárcel Regional de Guayaquil donde cumplía una sentencia de 34 años por tráfico de drogas y homicidio.

Desde prisión lideró a su banda delictiva que amplió sus tentáculos en el microtráfico, sicariatos y homicidios. La lucha por el territorio con otras organizaciones criminales llevó a espantosas masacres carcelarias donde murieron cerca de 500 privados de libertad.

Adolfo Macías es requerido por la Corte del distrito este de Nueva York para que enfrente al menos siete casos de narcotráfico y tráfico de armas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo sancionó a igual que a los miembros de “Los Choneros” para bloquear sus transacciones económicas o bienes.

Por eso el presidente Noboa espera que Estados Unidos solicite su extradición, trámite que aún no se ha iniciado por lo que el reo permanecerá en “la Roca”, la cárcel de máxima seguridad del Ecuador, que no ha estado exenta de atentados.

Las medidas que ha tomado Ecuador para enfrentar la crisis de seguridad

Así las cosas, con permanentes decretos de Estado de Excepción “por conmoción interna”, el Gobierno de Daniel Noboa ha tratado de frenar la ola de violencia y desafuero delictivo que afecta a los ecuatorianos.

El último rige desde el 10 de junio para Quito, la capital ecuatoriana y otras siete provincias acosadas diariamente por la criminalidad generada por grupos armados organizados. Con esta estrategia, el mandatario ha tratado de el desafuero delictivo que afecta a los ecuatorianos.

En enero de 2024, decretó un “conflicto armado interno” por el accionar violento de grupos de delincuencia organizada, lo que le ha permitido militarizar cárceles y zonas territoriales, principalmente en la costa ecuatoriana.

¿Han sido eficaces las medidas contra el crimen en Ecuador?

Sin embargo, las medidas no han sido tan eficaces como se anunció oficialmente. Ecuador registra 3.087 muertes violentas en el primer cuatrimestre del 2025, un incremento del 58,2 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. Un registro escabroso de 25.8 asesinatos diarios, más de uno por hora, mantiene a este país con el membrete del más violento de América Latina, con una tasa de 38 muertes por 100.000 habitantes y al menos tres secuestros por día.

Las noticias de sicariatos, extorsiones, secuestros, explosiones de bombas, cuerpos incinerados y decapitados, cadáveres colgados de puentes y desaparecidos, forman el día noticioso en este país acorralado por grupos narcodelicitvos, organizados, armados y entrenados, que ha tomado el control en barrios y zonas fronterizas del territorio.

Los grupos armados en Colombia también hacen parte de la ecuación criminal en Ecuador

Ciertos espacios geográficos, principalmente de la costa ecuatoriana, ya están tomados por la criminalidad, según la visión de analistas.

El pasado 9 de mayo, once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada atribuida a los Comandos de la Frontera. El grupo armado, que lo integran disidentes de los frentes 32 y 48 de las Farc y “la Constru”, formado por la disidencia de la Autodefensas Unidas de Colombia (ACU) y que actúa en la frontera colombo ecuatoriana. Además, según fuentes oficiales delinquen en alianza con narco delincuencia local, controlan el paso de droga y la minería ilegal en Ecuador.

Días después, el 4 de junio, una patrulla militar conformada por dos equipos de combate de 37 hombres, tuvo que replegarse al ser sorprendidos por más de 200 hombres armados con fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas. Según trascendió, los uniformados ecuatorianos evitaron el combate ante la desventaja de hombres y de armamento.

El informe “Cómo la implacable violencia de las pandillas ha puesto a prueba el enfoque militarizado del Presidente”, realizado por la organización Armed Conflict Location & Event Data’ dedicada a la recopilación de datos sobre violencia en distintas naciones destaca que los miembros de grupos de delincuencia organizada superan en número a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por separado. “Mientras Ecuador tiene 57.000 policías y un poco más de 40.000 militares, las bandas han estado expandiendo su presencia a más de 150 de los 221 municipios del país y están extendiendo su alcance a Perú, Chile y Colombia”.

“Se cree que sus filas están compuestas por no menos de 15.000 miembros, pero según algunos expertos en seguridad y estimaciones militares no oficiales, hasta 60.000 personas —no solo ecuatorianos, sino también ciudadanos colombianos, venezolanos y peruanos— pueden estar vinculadas a la actividad de las pandillas en el país”, detalla el informe de junio 2025 y publicado por el diario local La Hora.

Ante esta situación, Noboa esgrime la necesidad de una nueva legislación que le permita enfrentar la situación. En ese camino, con una Asamblea mayoritaria a su favor, se le ha facilitado el camino para aprobar dos polémicas leyes que, con el membrete de “económicas urgentes” han sido aprobadas en menos de un mes: La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia, normas que otorgan mayor poder al Ejecutivo para declarar un conflicto armado interno y adoptar medidas económicas, financieras y operativas para enfrentarlo.

Así mismo, faculta al Sistema Nacional de Investigación para responder frente al conflicto armado, como acceder a información privada, realizar allanamientos o requerir a las operadoras de telecomunicaciones la entrega de información técnica sobre conexiones, geolocalización, tráfico de datos o registros de llamadas, sin orden judicial.

“Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia: gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del Bloque de Seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos, estamos a la espera de su respuesta”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en relación a la captura de alias “Fito”.

¿Por qué hay preocupación por los efectos de las medidas de seguridad impuestas en Ecuador?

La organización Human Rights Watch, considera que en las leyes aprobadas se incluyen “disposiciones peligrosas que ponen en riesgo los derechos de los ecuatorianos”. “La nueva legislación abre la puerta al uso injustificado de la fuerza letal, debilita la rendición de cuentas por los abusos de las fuerzas de seguridad y socava las garantías que regulan la obtención de información por parte de agencias de inteligencia” señaló la organización al advertir que “Ecuador necesita con urgencia abordar la inseguridad y el crimen organizado, pero lo más probable es que estas leyes solo hagan más daño”.

Otro cuerpo legal, la Ley de Integridad Pública, aprobada esta semana por la Asamblea Nacional también entra en el ámbito de la discusión de los derechos porque endurece las penas de los menores de edad infractores. La norma establece hasta 15 años de privación de libertad para los menores responsables de homicidios o ser parte del crimen organizado, pero si delatan a sus reclutadores, podrían recibir hasta el 50 por ciento de rebaja de su sentencia.

La nueva ley, también establece un nuevo régimen de deportaciones. Un extranjero que cometa delitos en el marco de la declaratoria de conflicto interno, será expulsado del país y no podrá regresar en 40 años. De hacerlo se convertiría en objetivo militar.

Maggy Ayala Samaniego

Corresponsal de El Tiempo

Quito