La cuarta ola del crimen transnacional: una amenaza compartida entre América Latina y Europa

Combatir las economías ilícitas que usan las redes criminales transnacionales y fortalecer al Estado como garante de las necesidades de la sociedad son dos de los grandes desafíos que enfrenta el mundo en general y América Latina y Europa en particular, según expertos en crimen organizado reunidos en una mesa de análisis que tuvo lugar en Santa Marta en paralelo a la Cumbre Celac-UE 2025 y adelantada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

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Ante la advertencia de que, contrario a los gobiernos, las estructuras criminales son flexibles y dinámicas, la penetración de regímenes autoritarios extrarregionales, en un contexto marcado por la guerra en suelo europeo y el uso creciente de tácticas híbridas y asimétricas, como los ataques con drones rusos y los ciberataques, están redefiniendo los paradigmas tradicionales de seguridad.

“Nos encontramos en una cuarta ola del crimen organizado que tiene un componente que no habíamos visto en las olas anteriores y es la capacidad disruptiva del crimen organizado para afectar las democracias de manera existencial, fomentar discursos populistas, así como respuestas autoritarias que complican la vinculación entre países para enfrentar este fenómeno entre ellos”, le señaló a EL TIEMPO Pablo Zeballos, experto chileno en crimen organizado transnacional.

Y, a diferencia de olas anteriores, centradas en la cocaína y en estructuras jerárquicas tipo cartel, la cuarta ola se caracteriza porque es descentralizada, adaptable y transnacional.

Para Zevallos, que se concentra en estudio de campo, el crimen organizado tiene una capacidad única de lavar activos provenientes de la economía ilícita, sumamente diversificadas, e inyectarlas en las economías formales. De ahí que una de sus advertencias para los gobiernos es que concentren los esfuerzos en combatir las redes ilícitas por las que mueven el dinero.

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“Esto, sumado a la penetración de las organizaciones criminales, no solo en la política, sino también en la empresa privada, pueden generar que el crimen organizado se convierta en un elemento de tanto poder que logre y pueda negociar con estados formales para lograr lo que la gente necesita: más tranquilidad, más paz, menos violencia. Y esa es la trampa de lo que estamos observando actualmente”, puntualiza el experto.

Algo en lo que coincide el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, con una larga y reconocida trayectoria en asuntos de seguridad y defensa nacional, al considerar el riesgo que representa que los delincuentes construyan tejido social. “Esto es sumamente peligroso, dado que la sociedad civil empieza a verlos como los benefactores que formulan las soluciones a sus necesidades”.

Cambio en la operación criminal en el mundo

Según el Global Organized Crime Index 2024, América Latina y el Caribe concentran 8 de los 15 países con mayor criminalidad del planeta. Venezuela, México, Colombia, Haití y Honduras encabezan el ranking regional, impulsados por economías ilícitas diversificadas que van desde el narcotráfico y la minería ilegal hasta el tráfico de migrantes, armas y cibercrimen.

Estas redes, destaca Insight Crime, ya no operan únicamente como estructuras jerárquicas o territoriales, sino que “se comportan como ecosistemas descentralizados y adaptativos que mutan ante cada acción estatal”.

“Estamos ante un fenómeno que trasciende las fronteras y los marcos jurídicos. Las economías criminales han aprendido a coexistir con los Estados, capturando territorios y legitimidad social”, advirtió el general (r) Cabrera, quien comparó esta dinámica con una “colonización silenciosa” que erosiona la confianza ciudadana en las democracias.

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A esto se suma un entorno global en el que potencias revisionistas, como Rusia, China e Irán, utilizan tácticas híbridas de influencia para proyectar poder en el hemisferio occidental. La convergencia entre estas potencias y actores criminales locales no es accidental: responde, según el Instituto de Ciencia Política (ICP), a una estrategia de largo plazo para “socavar la estabilidad institucional de las democracias occidentales y ganar posiciones estratégicas en regiones clave”.

El investigador Carlos Augusto Chacón, director del ICP, sostiene que “la cooperación entre regímenes autoritarios y redes criminales transnacionales ya no es una hipótesis: es una realidad que está transformando el mapa de riesgos globales”. Para Chacón, esta cuarta ola del crimen transnacional tiene como objetivo final “criminalizar al Estado para extraer ventajas estratégicas en el marco de las economías ilegales”.

Esa misma idea se refleja en el más reciente Informe de riesgos políticos para América Latina, que advirtió que la expansión del crimen organizado y la fragilidad institucional estaban creando “una zona gris entre poder político y poder criminal”, con implicaciones directas para la gobernabilidad y la inversión extranjera.

Europa ante un espejo latinoamericano

Aunque el impacto inmediato se percibe en América Latina, los expertos advierten que los efectos se extienden hacia Europa.

Los puertos del Atlántico y del Mediterráneo se han convertido en nuevos puntos neurálgicos del tráfico de cocaína, proveniente de América del Sur. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 72 % de la cocaína incautada en Europa en 2023 ingresó a través de España, Bélgica y los Países Bajos.

“Lo que ocurre en América Latina no se queda en América Latina”, señala el analista chileno Pablo Zeballos. “Cada vez que se consolida una economía ilícita en el sur, se amplía un canal de lavado en el norte. Es un ecosistema interdependiente”.

En esa línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó durante la Cumbre CELAC-UE 2025 la necesidad de crear una alianza multinacional contra el crimen organizado transnacional, centrada en inteligencia compartida, operaciones conjuntas y cooperación científica. “Mientras existan consumidores, existirán productores. Por eso, debemos actuar juntos, tanto en el control de la oferta como en la reducción de la demanda”, afirmó el mandatario.

Justamente, uno de los ejes principales de la declaración conjunta se concentró en abordar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”, señala el punto 10 de la Declaración de Santa Marta, del que, no obstante, se desasociaron Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago. Mientras que Venezuela y Nicaragua no firmaron el total de la declaratoria.

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Durante la cumbre se anunció además una “Alianza para la seguridad ciudadana”, destinada a fortalecer la cooperación policial y judicial entre ambos bloques en la lucha contra el narcotráfico, bajo el marco de la legalidad internacional.

Hacia una nueva arquitectura de seguridad transatlántica

Pese a la ruta de trabajo delimitada por la Cumbre, los expertos advirtieron que el fortalecimiento de la cooperación entre Europa y América Latina no puede limitarse a la asistencia técnica o al intercambio de información, sino que requiere una nueva arquitectura de seguridad transatlántica, que incorpore la lucha contra el crimen organizado como un pilar de la política exterior y de defensa.

“El crimen organizado ya no es solo un problema de seguridad pública, sino una amenaza geopolítica. Desestabiliza Estados, financia regímenes autoritarios y mina la confianza en las instituciones democráticas”, advierte Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia de Perú.

Pérez Tello considera que “la precariedad institucional es el mayor aliado del crimen organizado” y que, mientras los Estados no fortalezcan sus sistemas judiciales y mecanismos de control financiero, “las economías ilegales seguirán siendo más rápidas y eficaces que las políticas públicas”.

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Por su parte, el académico Óscar Palma, experto en defensa, complementa esta visión al señalar que las potencias emergentes han comprendido “el valor estratégico del crimen organizado como herramienta de guerra híbrida” citando el caso de Irán y la cooperación entre Hezbolá con grupos criminales de América Latina como las disidencias de las Farc o el cartel de los Zetas en operaciones de contrabando y lavado de activos: “Es un modelo de cómo la economía ilícita se usa para financiar objetivos políticos y desestabilizar regiones enteras”.

En el caso colombiano, por ejemplo, los carteles dedicados exclusivamente al narcotráfico hoy día están diversificados en su economía.

“Hacen extorsión, realizan minería ilegal, generan rutas específicas de tráfico de drogas, controlan entidades partidarias y hasta cárceles”, comenta el experto Zeballos al destacar que, para que exista crimen organizado en un país se requieren tres condiciones: economía ilícita explotable en el tiempo, estructuras criminales dispuestas a explotar dicha economía y condiciones sociales que gesten ese mercado.

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“Si uno analiza las políticas de Estado de los últimos años, siempre han ido hacia las estructuras criminales, muy pocas a la economía ilícita y ninguna a la condición social”, advierte el analista.

De ahí que el futuro de la seguridad global —como coincidieron los analistas en Santa Marta— dependerá de la capacidad de ambos continentes para actuar como socios estratégicos. “No es un tema de ayuda, sino de corresponsabilidad”, enfatizó Zeballos al advertir que, “si no se combate el crimen como un sistema global, pronto no tendremos Estados que defender, sino redes que administrar”.

STEPHANY ECHAVARRÍA - Editora Internacional – EL TIEMPO - Santa Marta

@stephechavarria

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