
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración del Gobierno Federal no podrá, por el momento, deportar a un grupo de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una organización criminal, al menos hasta que se resuelva si la ley invocada para tal propósito es aplicable. En una decisión tomada el viernes, los magistrados devolvieron el caso al tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que deberá considerar si la Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros), una ley de tiempos de guerra promulgada hace más de dos siglos, puede utilizarse para expulsar a migrantes vinculados con el Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela.
La decisión representa un revés significativo para la estrategia de deportación acelerada impulsada por el presidente Donald Trump, quien había intentado aplicar esta legislación poco usada para ejecutar expulsiones sin procedimientos judiciales ordinarios. En su orden, el tribunal también instruyó al tribunal inferior que evalúe qué tipo de aviso debe proporcionar el gobierno a los migrantes para permitirles impugnar su deportación.
Aunque la Corte Suprema ya había autorizado de manera provisional el uso de la ley en abril, condicionó su aplicación a que los migrantes tuvieran la oportunidad de presentar recursos legales. Desde entonces, varios jueces de tribunales inferiores han señalado que la administración ha excedido los límites de la legislación, la cual sólo puede utilizarse en contextos de “invasión” o “incursión predatoria”.
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