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El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, preside la apertura de la fase final del juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, por un presunto complot para anular las elecciones de 2022, en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jorge Silva)El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) inició este martes el juicio contra 10 integrantes de las fuerzas de seguridad acusados de planificar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin, y el magistrado Alexandre de Moraes.
El proceso está vinculado a la investigación sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, un episodio que ya llevó a la condena del ex mandatario Jair Bolsonaro.
La causa involucra a nueve militares, entre ellos miembros del grupo de élite conocido como "kids pretos“, y a un policía federal. El tribunal encargado del caso está presidido por el mencionado De Moraes, quien figura entre las presuntas víctimas del plan.
La Fiscalía General de la República (PGR) sostiene que este grupo, identificado como el “núcleo tres” de la trama golpista, fue responsable de las “acciones más severas y violentas” dentro de la organización que buscaba desestabilizar el sistema democrático.
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; junto al mandatario, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)El juicio, que se prevé concluir el próximo 19 de noviembre, contempla cuatro sesiones en las que se expondrán los argumentos de la acusación y las defensas.
Entre los acusados destaca el general de la reserva Estevam Theophilo, de mayor rango en el grupo, quien comandaba el Comando de Operaciones Terrestres (Coter) del Ejército y está señalado por la Fiscalía como el encargado de coordinar las fuerzas terrestres para el golpe.
Otro nombre relevante es el general de la reserva Mario Fernandes, a quien la investigación de la Policía Federal atribuye el papel de autor intelectual del plan, denominado “Puñal Verde Amarillo”.
El único acusado ajeno al ámbito militar es el policía federal Wladimir Soares, sospechoso de haber filtrado información confidencial sobre la seguridad de Lula.
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (AP Foto/Eraldo Peres)La acusación formal, sustentada en registros de visitas al Palacio de la Alvorada, análisis de mensajes y datos de telefonía, describe un plan que incluía el uso de armas de guerra y la participación de los "kids pretos“.
Según la Fiscalía, los acusados llegaron a presentar sus planes al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún ejercía la Presidencia. Además del magnicidio, la PGR señala que el grupo intentó presionar al alto mando militar para que se sumara al golpe mediante acciones como la difusión de la “Carta al Comandante del Ejército Brasileño”, firmada por oficiales en activo.
El plan de asesinato, que también contemplaba el secuestro del magistrado De Moraes, habría sido activado bajo la operación “Mundial 2022”, aunque finalmente se canceló tras la suspensión de una sesión del Supremo el 15 de diciembre de 2022.
La Fiscalía sostiene que los tenientes coroneles Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira y Rodrigo Bezerra de Azevedo, junto a Soares, participaron en el monitoreo de De Moraes y en la preparación logística del operativo.
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)El ex presidente Jair Bolsonaro, ya condenado a 27 años de prisión por conspirar para impedir la investidura de Lula, figura como pieza central en la investigación. La Fiscalía afirma que “las evidencias recogidas indican que tenía pleno conocimiento del plan operacional”.
Actualmente, el ex mandatario cumple prisión domiciliaria en Brasilia. Su defensa ya anunció que solicitará la extensión de esta medida por motivos de salud, alegando su edad y las secuelas de un atentado sufrido en 2018, así como un reciente diagnóstico de cáncer de piel.
Las defensas de los acusados han rechazado todas las imputaciones. En la apertura del juicio, los abogados presentaron coartadas y negaron cualquier implicación en los hechos.
En particular, los abogados de Rodrigo Bezerra de Azevedo, señalado por la PGR como uno de los principales operadores bajo el alias “Brasil”, aseguran que el acusado no se encontraba en Brasilia el día clave, sino en Goiânia celebrando su cumpleaños.
Además, sostienen que el teléfono móvil vinculado a la investigación fue hallado posteriormente en una unidad militar y no estaba en posesión de Azevedo durante los hechos investigados.
El proceso actual se suma a una serie de condenas previas dictadas por el Supremo en el marco de la trama golpista. Hasta la fecha, la Justicia sentenció a 15 personas, incluidos ocho miembros del “núcleo crucial” —entre ellos Bolsonaro— y siete integrantes del grupo acusado de difundir desinformación.
Para diciembre, está previsto el juicio de otros seis implicados, pertenecientes al “núcleo dos”, señalado como responsable de la gestión operativa de la organización.
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