La condena contra Álvaro Uribe vincula al expresidente colombiano a una larga lista de mandatarios latinoamericanos enjuiciados, ¿quiénes son?

La decisión de la jueza Sandra Heredia, del 44 penal del Circuito de Bogotá, quien halló culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, lo convierte en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en un proceso en el que incluso estuvo en detención domiciliaria preventiva, durante 67 días, en 2020.

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Y es que, si bien la decisión de este lunes no es definitiva y será seguramente apelada y pase a segunda instancia, esto vincula a Uribe a la larga lista de expresidentes latinoamericanos condenados por la justicia.

A continuación, un repaso por los casos más relevantes.

Expresidentes latinoamericanos condenados por la justicia
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Perú

Alberto Fujimori (1990-2000): Fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, incluyendo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por secuestro agravado, cometidos por un grupo paramilitar durante su gobierno. La justicia lo responsabilizó como autor mediato. Falleció en septiembre de 2024.

Ollanta Humala (2011-2016): Fue condenado el 15 de abril de 2025, junto con su esposa Nadine Heredia, a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos agravado, al probarse aportes ilícitos de Odebrecht y del gobierno de Venezuela a sus campañas presidenciales. La sentencia, dictada por un tribunal superior, tiene ejecución inmediata: Humala cumple pena en el penal de Barbadillo, mientras Heredia recibió asilo en Brasil y no ha sido extraditada.

Alejandro Toledo (2001-2006): Extraditado de EE. UU. en 2023, fue condenado en primera instancia a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos, al comprobarse que recibió sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur. Cumple condena en un penal de Lima mientras se resuelven las apelaciones para dejar la sentencia en firme.

Pedro Castillo (2021-2022): Fue destituido y condenado en febrero de 2024 a tres años de prisión efectiva por rebelión, tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Permanece recluido cumpliendo esta condena, aún en apelación, y enfrenta otros procesos judiciales por corrupción sin sentencias firmes.

Argentina

Carlos Menem (1989–1999): Fue condenado en 2018 a 4 años y 6 meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios públicos con fondos reservados. Falleció en febrero de 2021, sin cumplir la pena, ya que gozaba de fueros como senador y tenía avanzada edad.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015): Fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, al direccionar obras públicas a un empresario cercano. En junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena; actualmente cumple arresto domiciliario por su edad y fue inhabilitada a ocupar cargos políticos de por vida.

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Brasil
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Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010): Fue condenado en 2017 y 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del escándalo de corrupción conocido como la Operación Lava Jato, cumpliendo 580 días en prisión hasta su liberación en noviembre de 2019. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema de Brasil anuló todas sus condenas al determinar que el tribunal que lo juzgó no tenía jurisdicción y que el juez Sergio Moro actuó con parcialidad. Estas decisiones restauraron sus derechos políticos y le permitieron postularse y ganar la presidencia en 2022. No existe actualmente ninguna condena firme ni ejecutable contra él

Michel Temer (2016–2018): Temer asumió la presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff y fue acusado por corrupción, colusión y obstrucción de la justicia. Fue detenido brevemente en marzo de 2019, bajo sospecha de liderar una organización criminal vinculada a sobornos en el sector de puertos. Sin embargo, entre 2020 a 2021 las cortes federales absolvieron o archivaron esas acusaciones.

Cabe mencionar que otros expresidentes brasileños, como Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff, también fueron vinculados a investigaciones o juicios políticos, pero no resultaron en condenas penales firmes. 

Asimismo, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado en el que, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta 40 años de prisión.

Ecuador
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Rafael Correa (2007–2017): Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de cohecho agravado en abril de 2020 en el marco del caso “Sobornos 2012‑2016”. La Corte Nacional de Justicia lo declaró autor mediato, acusándolo de liderar una trama que recibía sobornos de contratistas a cambio de favorecer contratos estatales y financiar su partido, Alianza País. La condena incluye una inhabilitación política de 25 años.

En septiembre de 2020, el Tribunal de Casación ratificó la sentencia, confirmando tanto los ocho años de prisión como la inhabilitación política. Correa reside actualmente en Bélgica, donde recibió protección diplomática y no ha sido extraditado, por lo que la condena -aunque firme- no ha sido ejecutada. También se le negó entrada a EE. UU. debido a sanciones por corrupción.

Abdalá Bucaram (1996–1997): Destituido por “incapacidad mental”, enfrenta múltiples procesos judiciales por corrupción y delincuencia organizada. En 2020 fue vinculado a la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia; fue arrestado, pero no existe condena firme en su contra. Permanece en Ecuador bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico, mientras avanzan los juicios.

También, en 1984 fue condenado a cuatro días de prisión por criticar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, delito del cual fue absuelto posteriormente.

Otros expresidentes latinoamericanos con líos con la justicia
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Ricardo Martinelli (Panamá, 2009–2014): condenado por lavado de dinero usando contratos públicos; aunque fue absuelto en 2019, luego se le negó la apelación final y se le prohibió postular; pidió asilo político en Nicaragua

Carlos Andrés Pérez (Venezuela, segundo mandato, 1989‑1993): fue suspendido de su cargo en 1993 y luego fue condenado en 1996 por malversación de fondos públicos. Se le halló responsable de desviar dinero desde partidas secretas. Fue condenado a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario, que cumplió hasta 1998. Murió en 2010.