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hace 11 horas
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WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
En marzo, el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que superaran una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El "fraude"
El programa consistía en hacer una solicitud en línea a través del Formulario I-134A, con patrocinadores financieros en los Estados Unidos y viajar en avión por su cuenta. Más de medio millón de ciudadanos de esos países se encuentran en territorio estadounidense, muchos por la vía del fraude.
Y aunque la administración de Biden aseguró investigar a los beneficiarios y el proceso para migrar y residir en Estados Unidos por un periodo de dos años, la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), un grupo que aboga por una política migratoria a través de mecanismos legales, destapó la existencia de un informe interno que mantenía oculto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que revela una operación fraudulenta masiva que propició el ingreso de miles de inmigrantes con el uso de información falsa, que se convirtió en un lucrativo negocio de tráfico humano.
Según la organización, el DHS estaba aprobando los ingresos de miles de inmigrantes sin verificar la información proporcionada por los patrocinadores. El informe revela que muchos patrocinadores enumeraban las mismas direcciones (físicas). "Se incluyeron alrededor de 100 direcciones en más de 19.000 formularios", señala una publicación de FAIR. Muchas de las solicitudes provenían de la misma dirección IP (una designación numérica que identifica su ubicación en Internet). Uno de los ejemplos es el de una dirección IP en Tijuana, México, que se utilizó 1.328 veces.
Otro de los hallazgos del megafraude es que las solicitudes fueron llenadas con la misma información como respuestas. "En algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron las mismas respuestas" para llenar el Formulario I-134A. FAIR afirma que el informe descubrió, entre otras cosas, que 3.218 patrocinadores eran responsables de más de 100.000 solicitudes y que 24 de los 1.000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores corresponden a personas fallecidas.
La actual administración en la Casa Blanca ha utilizado el fraude como uno de los argumentos para revocar el estatus legal de los 532.000 migrantes de los cuatro países.
"Interpretación errónea"
El asesor jurídico de la administración, John Sauer, solicitó levantar una orden de un tribunal inferior que impide al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países.
La jueza de distrito Indira Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, impidió el mes pasado que el gobierno revocara el estatus legal de los migrantes.
En su orden, Talwani afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
Con la revocación de Trump, los migrantes habrían perdido su protección legal a partir del 24 de abril, es decir, 30 días después de que el departamento de Seguridad Nacional publicara la orden en el registro federal.
La situación mantiene en vilo a miles de migrantes que aún no cumplen los dos años de autorización para permanecer en Estados Unidos.
El TPS
El gobierno de Trump también solicitó la semana pasada a la Corte Suprema que respalde su propuesta de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide deportar a más de 350.000 venezolanos.
El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
Estados Unidos otorga TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".
En marzo, el juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente la decisión de revocar el TPS porque, según estima, "huele a racismo".
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y trabaja en ese objetivo.
El magnate republicano incluso invocó una ley del siglo XVIII, usada hasta entonces en tiempos de guerra, para expulsar a pandilleros de las bandas criminales del Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha a una prisión en El Salvador.
FUENTE: Con informaciòn de AFP y Redacciòn
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