La Casa Blanca anuncia que presentará recurso contra acusación de “desacato” por expulsar migrantes

WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump presentará un recurso "inmediatamente" contra las conclusiones de un juez que lo acusa de "desacato" en un caso de expulsión de migrantes bajo una ley de 1798, informó la Casa Blanca.

Prevemos "una apelación inmediatamente", escribió el director de comunicaciones Steven Cheung en la red social X. "El presidente está 100% comprometido con garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país", añade.

El juez James Boasberg dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Trump "ignoró deliberadamente" el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley de 1798, un hecho que considera un "probable desacato" judicial.

"El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden", escribió el juez federal James Boasberg.

Este magistrado, nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, que aparenta mantener una guerra contra las disposiciones de deportación de migrantes que impulsa la nueva administración, suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

"En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa. Esto es "suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal", según el juez Boasberg.

Pero el 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, que permitirá al gobierno de Trump reanudar por ahora las deportaciones bloqueadas por un juez de distrito.

Pero el máximo tribunal dictaminó que estos migrantes deben tener "la posibilidad de impugnar su expulsión". Eso significa que los migrantes detenidos y sujetos a deportación tienen derecho a ser notificados y la oportunidad de impugnar la expulsión con lo que llamaron "un tiempo razonable".

Juez da un plazo

Pese a una serie de vistas judiciales, los funcionarios de la administración Trump "no han proporcionado ninguna razón convincente para evitar la conclusión obvia a la luz de la evolución de los hechos: que desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal", insistió el magistrado.

No obstante, el juez concedió al Ejecutivo un plazo de una semana, hasta el 23 de abril, para evitar un procedimiento de "desacato" al tribunal y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.

"Prevemos inmediatamente una apelación" contra las conclusiones del juez Boasberg, reaccionó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en la red social X.

Hasta marzo, la ley de 1798 se había utilizado solo en tiempos de guerra, especialmente contra japoneses y alemanes en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre los deportados el 15 de marzo figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, pese a que en 2019 una corte le otorgó un estatus de protección temporal. El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un "error administrativo".

Trump firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarado organización "terrorista" global por Washington.

El gobierno acusa a Ábrego de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada "terrorista".

Trump acusa a jueces de "usurpar" funciones

El presidente acusa a los jueces de "usurpar" las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstruir sus planes, para los que cuenta con el respaldo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Este último ha puesto a su disposición la megacárcel de alta seguridad Cecot para recluir a los migrantes deportados. A cambio ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.

FUENTE: Con informaciòn de AFP