Juicio por el Golpe de Estado en Brasil: el posible ocaso del bolsonarismo ante el reto de 2026

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro declara ante el Tribunal Supremo (EuropaPress)

(Desde San Pablo) Ha sido una semana decisiva en Brasil para comprender, a través de las declaraciones de los acusados del presunto golpe tras la victoria de Lula en 2022, qué sucedió según su punto de vista. El lunes y el martes, el Supremo Tribunal Federal (STF) interrogó al ex presidente Jair Bolsonaro y a su grupo de fieles, entre los que se encontraban generales y ex ministros. La acusación es, además de golpe de Estado, también de abolición violenta del Estado democrático, asociación ilícita armada, daños agravados y destrucción de la propiedad, con penas que pueden alcanzar los 40 años de cárcel.

El protagonista de los interrogatorios fue sin duda Bolsonaro, el sexto en tomar la palabra, mientras que el primero en hablar fue su ex asistente, el coronel Mauro Cid, cuyas revelaciones han sido hasta ahora la base de la acusación contra todo el grupo.

En el interrogatorio de Bolsonaro hubo varios momentos destacados, empezando por sus disculpas al juez Alexandre de Moraes, ponente del caso y, según la acusación de la Policía Federal, uno de los objetivos a eliminar en el plan golpista, junto con Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin. Bolsonaro se disculpó con Moraes y con los otros jueces Edson Fachin y Luís Roberto Barroso por las graves acusaciones vertidas en el pasado, entre ellas la afirmación de que habrían recibido entre 30 y 50 millones de dólares por amañar las elecciones.

El juez Alexandre de Moraes durante el juicio (REUTERS/Diego Herculano)

Las declaraciones incriminatorias se remontan a una reunión ministerial celebrada el 5 de julio de 2022, durante la cual Bolsonaro atacó el sistema de voto electrónico y dio a entender posibles acciones golpistas. En su intervención ante el juez, el ex presidente relativizó esas palabras calificándolas simplemente de “retórica”, admitiendo que no tenía ninguna prueba y que no había intenciones serias detrás de esas acusaciones. Declaró: “Pido disculpas. No era mi intención”. Incluso bromeó con Moraes proponiéndole que fuera su vicepresidente en las próximas elecciones, en las que, sin embargo, no podrá presentarse porque es inelegible hasta 2030 por decisión de la Justicia Electoral. Según los analistas políticos, en las más de dos horas de preguntas y respuestas se vio a un Bolsonaro más conciliador de lo habitual, teniendo en cuenta que estaba hablando con el juez contra el que más se ha enfurecido en los últimos años.

Durante su interrogatorio, el ex presidente negó haber organizado un golpe de Estado. “Nunca se habló de golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo abominable. Sería fácil de iniciar, pero lo que vendría después sería impredecible para cualquiera. Brasil no podía vivir una experiencia así”, afirmó el ex presidente.

Sin embargo, admitió haber discutido con los comandantes de las Fuerzas Armadas algunas “alternativas constitucionales” para impugnar el resultado de las elecciones de 2022. Según varios juristas, esta admisión representa una “confesión parcial” que puede agravar su situación legal, ya que confirma que hubo movimientos concretos hacia la hipótesis de subvertir el orden constitucional. “Al confirmar las discusiones estructuradas con las autoridades militares, admite los hechos. Desde esta perspectiva, reconoce los movimientos en busca de alternativas al resultado electoral”, declaró al diario O Estado de São Paulo el penalista Marcelo Crespo, coordinador del curso de Derecho en la ESPM de San Pablo.

Hasta ahora, la defensa de Bolsonaro ha sostenido que todas sus acciones ocurrieron “dentro de los límites de la Constitución” y que solo fueron actos preparatorios, no un intento real de golpe de Estado. Según el derecho penal brasileño, esto no sería punible. Sin embargo, los expertos afirman que esta línea defensiva está superada, ya que las pruebas recabadas demuestran que se fue más allá de la mera preparación. Bolsonaro también ha negado haber firmado o modificado un “borrador de golpe de Estado”, contradiciendo las declaraciones de su antiguo ayudante Mauro Cid, quien en su interrogatorio del lunes declaró que Bolsonaro intervino en el documento en el que se elaboraba el golpe de Estado. “Solo borró el texto eliminando la parte del arresto de las autoridades; solo usted habría sido arrestado”, dijo Cid, refiriéndose al juez Moraes que lo estaba interrogando.

Bolsonaro frente al juez Alexandre de Moraes (REUTERS/Diego Herculano)

Durante el interrogatorio, Bolsonaro también se distanció de los manifestantes que el 8 de enero de 2023 asaltaron los edificios del poder en Brasilia y pedían una intervención militar, calificándolos de “locos”. “Hay locos que tienen esta idea del AI-5 (el decreto más duro que en 1968 endureció aún más la represión de la última dictadura) de intervención militar de las Fuerzas Armadas”, dijo el ex presidente, añadiendo que “los jefes de las Fuerzas Armadas nunca habrían accedido a esta petición solo porque la gente lo pidiera”. Dirigiéndose luego al fiscal general, dijo: “Con todo respeto, doctor Paulo Gonet, no es cierto que yo haya colaborado con el 8 de enero. No hay nada mío allí que estimule ese lío que repudiamos”. Estas frases, sin embargo, podrían costarle políticamente y crear una fractura con esa parte del electorado que aún hoy defiende a esos manifestantes, a pesar de sus acciones vandálicas.

El interrogatorio del martes sirvió, en cualquier caso, para reavivar la atención sobre un proceso cada vez más alejado del interés e incluso de la curiosidad de la opinión pública. Según datos del centro de análisis AP Exata, en mayo representaba apenas el 5,4 % de los temas de la política brasileña que circulaban en la red, mientras que el martes la cifra alcanzó el 23,6%. Incluso el anuncio económico del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, previsto para esas mismas horas, se pospuso hasta una fecha aún por determinar.

¿Y ahora qué escenarios políticos se perfilan? Desde el punto de vista legal, una vez concluida la fase de interrogatorios, la defensa y la Fiscalía General de la República podrán solicitar nuevas investigaciones. A continuación, se abrirá la fase de “consideraciones finales”, en la que las partes expondrán sus últimos argumentos. Una vez concluida esta fase, Moraes redactará su voto, sin fecha límite fijada. Cuando el caso esté listo, se enviará a la Primera Sección del STF, cuyo presidente fijará la fecha del juicio, que debería celebrarse antes de finales de año. Según ha escrito Monica Bergamo en el diario Folha de São Paulo, en caso de condena, Bolsonaro podría ser detenido en octubre.

Según los analistas, sigue siendo una incógnita si una posible detención de Bolsonaro podría convertirse en un boomerang electoral para Lula, que ha confirmado su intención de volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. El efecto podría ser una mayor polarización en la campaña presidencial, pero al mismo tiempo también el ocaso del bolsonarismo. Bolsonaro aún no ha elegido candidato, esperando hasta el final ser él mismo el candidato, como hizo Lula en 2018, cuando finalmente solo su detención le obligó a desistir y dejar el puesto a su delfín Fernando Haddad, actual ministro de Hacienda de su Gobierno. Una decisión que favoreció precisamente el ascenso de Bolsonaro.

El centro-derecha aún no ha anunciado una alternativa posible, aunque entre los favoritos parecen estar el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y en segunda fila Michele o Eduardo, esposa e hijo de Bolsonaro, respectivamente.

Michelle Bolsonaro durante un acto en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lula no ha comentado hasta ahora lo que ha salido a la luz en los interrogatorios de estos días, aprovechando también el resultado negativo para él de una encuesta publicada estos días. Según los últimos datos de Genial Quaest, la mayoría de los brasileños, el 66% y el 65% respectivamente, no quieren ni a Lula ni a Bolsonaro como candidatos a la presidencia. En su reciente visita a París, Lula se limitó a declarar que “la extrema derecha no ganará las elecciones en Brasil el año que viene”. Y sobre la posible candidatura de Haddad para las elecciones del año que viene, incluso como vicepresidente, dijo que solo cuando llegue el año que viene comenzará a discutir las candidaturas. “No sé quién es el mejor para cada puesto. Tenemos que hacer un mapeo de Brasil, ver la realidad. Ellos quieren elegir senadores, gobernadores, diputados federales; yo también lo quiero. Es un derecho que todos quieran elegir. Cuando llegue el momento adecuado, elegiremos las opciones”, concluyó.

“Lo que está claro es que un presidente fruto de la guerra cultural que tanta gente ha elegido en los últimos años, pero que se está volviendo marginal, no surgirá en las próximas elecciones. Quienquiera que surja será capaz de responder, de manera práctica, a una de las preguntas más urgentes que los usuarios de Internet se plantean constantemente en las redes sociales: ‘¿Cómo pago mis facturas?’”, escribe Sergio Denicoli en O Estado de São Paulo. Porque la situación fiscal de Brasil es tan grave que, al menos según las encuestas, será la economía la que elegirá a los candidatos y orientará los votos, prevaleciendo sobre la ya conocida dicotomía Lula/Bolsonaro.

Ayer se presentó una medida provisional, es decir, un acto normativo con fuerza de ley que tendrá una vigencia de 60 días para sustituir parte del criticado aumento del Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF). Pero ha vuelto a desatar la polémica porque entre las nuevas medidas sustitutivas aparece un impuesto sobre el crédito inmobiliario y agrícola, las llamadas LCI y LCA (Cartas de Crédito Inmobiliario y Agrícola). Los principales bancos de Brasil, a través de su asociación Febraban, han criticado la vía económica emprendida por el Gobierno de Lula. “El equilibrio fiscal se construye recortando gastos, no aumentando los impuestos”, declaró Marcelo Noronha, presidente del Banco Bradesco, en un reciente evento de la asociación. Para el economista Felipe Salto, ex secretario de Hacienda del estado de San Pablo, la situación fiscal de Brasil “es muy grave”. “O se hace algo o el país se paralizará”, declaró en una entrevista al diario O Estado de São Paulo, refiriéndose al riesgo concreto de un cierre de la administración pública ya en 2026, es decir, el bloqueo de las actividades esenciales del Estado por falta de fondos. Es en este escenario tan crítico donde deberá moverse la política, también de cara a la campaña electoral del próximo año.