Jueza de EE.UU. falla a favor de DACO en caso contra LUMA por enseres dañados por apagones

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NUEVA YORK – LUMA Energy dijo que examina sus opciones legales tras la decisión de una jueza federal en Puerto Rico que falló en contra de la moción que presentó la empresa para paralizar la demanda presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que busca que la entidad responda por los daños que provocan los apagones en equipos y propiedad de los consumidores.

“Estamos revisando la determinación del Tribunal Federal de Quiebra para evaluar nuestras opciones legales. Como hemos reiterado anteriormente, cualquier determinación que limite o elimine el relevo de responsabilidad afectaría los mecanismos contractuales establecidos para proteger tanto a la operación del sistema como a los clientes. Esto podría traducirse en un impacto económico negativo en las facturas de los consumidores”, dijeron los encargados de LUMA en un comunicado de prensa este martes.

La empresa privada, encargada de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla, añadió que “continuará colaborando con las autoridades pertinentes y defendiendo los intereses de los clientes y del sistema eléctrico de Puerto Rico, con el fin de asegurar la estabilidad, la inversión y la transformación de la red”.

LUMA presentó un recurso para intentar que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico paralizara el proceso que se encuentra ante el Supremo.

Entre otras cosas, el consorcio argumentó que el pleito iniciado por DACO atentaba contra el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, la jueza que ve el caso por la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, determinó que el litigio puede continuar su curso en el máximo foro local.

Swain denegó la moción de LUMA que buscaba frenar la solicitud de sentencia declaratoria presentada por DACO con la que la agencia buscaba dejar sin efecto el relevo de responsabilidad que le otorgó el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) por medio de una resolución.

En una orden de 17 páginas, la jueza del distrito sur de Nueva York estableció que el Título III de la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), bajo la que se configuran los procesos de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, no puede interferir sobre el poder regulador del Estado (“police power”).

La jueza estableció además que el DACO tiene jurisdicción para encabezar pleitos de este tipo en auxilio de los consumidores con base en su ley orgánica.

Por otro lado, la decisión de la jueza da al traste con el alegato de LUMA de que la demanda busca dejar sin efecto el contrato de la empresa con el gobierno de Puerto Rico.

La decisión permite que el caso continúe su curso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, celebró la decisión.

“¿Cuál va a ser el próximo paso?, ver qué decisión va a tomar el Tribunal Supremo. Estamos en espera. Me siento confiada que el derecho nos asiste. Siempre lo he dicho, desde el día uno, esto no es para las gradas; esto no es para jugar con las emociones de nadie. Yo soy abogada, me dedico a esto, y siempre lo he visto bien claro: aquí hay un caso y lo vamos a llevar en nombre de Puerto Rico y de los consumidores”, dijo la funcionario en Noticentro por WAPA.

El mes pasado, el Gobierno, a través del DACO, acudió al Tribunal Supremo con un recurso de certificación en el que solicitó declarar nula la cláusula 4.1(g) conocida como “Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement” del contrato y una resolución del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que le impide a los abonados reclamar daños a sus equipos por las fluctuaciones en el servicio.

Inicialmente, el pleito había sido presentado ante el Tribunal Superior de San Juan.

Sin embargo, por entender que reviste un alto interés público y que es una controversia de “estricto derecho”, el DACO acudió al Supremo.

El máximo foro en Puerto Rico examinó el recurso de certificación presentado por la agencia y decidió acogerlo.

LUMA decidió elevar su reclamo hasta el foro federal.

No es la primera que el consorcio pide al tribunal federal que intervenga en disputas con el gobierno de Puerto Rico por sus servicios en la isla y sus niveles de financiamiento.

En otro pleito reciente, LUMA le solicitó a la referida jueza que ordene a la AEE la transferencia de más de $202 millones de dólares para pagar a compañías suplidoras de servicios de mantenimiento de la red eléctrica.

LUMA argumentó que la Autoridad la adeuda esa cifra y que ha fallado en su obligación de financiar las cuentas operacionales para administrar y mantener el sistema.

Este martes, LUMA insistió en su reclamo, por medio de una ponencia ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, como parte de una vista pública para indagar en las supuestas deudas de la AEE con la empresa.

Según LUMA, entre julio de 2024 y junio de 2025, la AEE transfirió solo alrededor del 30% de los fondos necesarios para las operaciones del sistema, dejando un déficit del 70%, “lo que ha creado un desfase acumulado de $800 millones desde que LUMA asumió las operaciones en 2021”.

La entidad planteó que la falta de transferencias de fondos a las cuentas de servicio que utilizan para operar la red ha retrasado proyectos esenciales, limitado la compra de materiales y equipos críticos, y generado deudas con suplidores que afectan a pequeñas y medianas empresas locales que apoyan las operaciones del sistema eléctrico.

En el documento se plantea además que la AEE no ha financiado cuentas como la de Reserva para Emergencias por Interrupciones desde 2023. Lo anterior, presuntamente, ha obligado a LUMA a redirigir más de $225 millones de su presupuesto operacional para cubrir los costos de respuesta a emergencias. Esto a su vez se ha traducido en que suplidores han comenzado a suspender servicios debido a facturas impagas que superan los $200 millones, alegó la entidad.

“La actual crisis de liquidez no se debe a una falta de ingresos, sino a la decisión deliberada de la AEE de retener fondos, en violación del contrato de transmisión y distribución (T&D OMA) y de los presupuestos aprobados”, expone Juan Saca, presidente de LUMA en el comunicado sobre la ponencia. “La continua falta de financiamiento por parte de la AEE está limitando nuestra capacidad para avanzar con trabajos críticos que benefician directamente a los clientes”, añadió el principal oficial ejecutivo de la compañía.