Una jueza federal bloqueó parcialmente la implementación de una política que prohíbe el uso del marcador “X” usado por personas no binarias en los pasaportes, así como el cambio de marcadores de género.
Julia Kobick, jueza federal de distrito, nombrada por el expresidente Joe Biden, falló a favor de la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de una medida cautelar, que suspende la acción mientras se resuelve la demanda.
La medida exige al Departamento de Estado (DOS) que permita a seis personas transgénero y no binarias, demandantes, obtener pasaportes con designaciones de sexo que coincidan con su identidad de género.
“La Orden Ejecutiva y la Política de Pasaportes, en esencia, clasifican a los solicitantes de pasaportes por sexo y, por lo tanto, deben someterse a un escrutinio judicial intermedio”, escribió Kobick.
“Este estándar exige que el gobierno demuestre que sus acciones están sustancialmente relacionadas con un interés gubernamental importante. El gobierno no ha cumplido con este estándar”.
Asimismo, la jueza expresó que los demandantes han demostrado que tendrían éxito en demostrar que la nueva política de pasaportes y la orden ejecutiva “se basan en prejuicios irracionales hacia los estadounidenses transgéneros y, por lo tanto, ofenden el compromiso constitucional de nuestra nación con la protección igualitaria de todos los estadounidenses”.
“Además, los demandantes han demostrado que es probable que prospere su alegación de que la Política de Pasaportes es arbitraria y caprichosa, y que no se adoptó de conformidad con los procedimientos exigidos por la Ley de Reducción de Trámites y la Ley de Procedimiento Administrativo”, agregó.
En una orden ejecutiva firmada en enero, el presidente Donald Trump usó una definición restringida de los sexos en vez de una concepción más amplia de género. La orden determina que una persona es hombre o mujer y niega la idea de que alguien pueda cambiar de sexo asignado al nacer a otro género.
Esta formulación coincide con los juicios de muchos conservadores, pero contradice las de importantes grupos médicos y las políticas de expresidente Biden.
La ACLU, que demandó al gobierno republicano de Trump, señaló que la nueva política significaría efectivamente que los estadounidenses transgénero, no binario e intersexuales no podrían obtener un pasaporte válido, informó CBS News.
“Esta decisión es una victoria crucial contra la discriminación y a favor de la igualdad ante la ley”, declaró Li Nowlin-Sohl, abogada principal del Proyecto LGBTQ y VIH de la ACLU. “Pero también es una victoria histórica en la lucha contra los esfuerzos de este gobierno por expulsar a las personas transgénero de la vida pública. La política del Departamento de Estado constituye una barrera infundada para las personas transgénero e intersexuales estadounidenses y les niega la dignidad que todos merecemos”.
Nowlin-Sohl manifestó que planea presentar una moción pidiendo que el fallo se aplique a todos los ciudadanos estadounidenses transgénero y no binarios.
En la demanda, ACLU describió cómo a una mujer le devolvieron el pasaporte con una designación masculina, mientras que otras tienen demasiado miedo de presentar sus pasaportes por miedo a que sus solicitudes sean suspendidas y que el DOS los retenga.
Otra persona envió su pasaporte por correo el 9 de enero y pidió cambio de nombre y de sexo masculino a femenino, y aún está a la espera de su documento, lo que significa que no puede salir de Canadá, donde reside, y podría perderse una boda familiar en mayo próximo y una conferencia de botánica en julio.
Antes de pedir su nuevo pasaporte, Ash Lazarus Orr fue acusado a inicios de enero por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) de emplear documentos falsos al viajar de Virginia Occidental a Nueva York, debido a que tenía una designación masculina en su licencia de conducir, pero una femenina en su pasaporte. Esto lo impulsó a pedir el pasaporte actualizado con la designación de sexo masculino, cuatro días antes de la toma de posesión de Trump.

En respuesta a la demanda, la administración republicana alegó que el cambio de política de pasaportes “no viola las garantías de igualdad de protección de la Constitución”. Además, sostuvo que el mandatario tiene amplia discreción para establecer la política de pasaportes y que los demandantes no se verían perjudicados por esa política, ya que siguen teniendo libertad para viajar fuera del país.
Algunos demandantes argumentan, además, que tener documentos de identificación inconsistentes incrementa el riesgo de que un funcionario descubra que son transgénero, señaló el Departamento de Justicia (DOJ). No obstante, el DOJ no es responsable de la decisión de los demandantes de cambiar su designación de sexo en los documentos estatales, pero no en su pasaporte.
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