Juez del Supremo cuestiona bloqueo de deportación de supuestos pandilleros venezolanos, ¿qué viene?

La máxima instancia judicial del país suspendió en las primeras horas del sábado la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde el estado de Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras una orden del gobierno de Trump invocando una ley del siglo XVIII utilizada únicamente en tiempos de guerra.

El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución.

La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y de los ciudadanos, interpuso un recurso para evitar la "expulsión inminente" de los presuntos delincuentes.

Mientras, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a la Corte Suprema el sábado por la tarde que rechace una solicitud de emergencia presentada por la proinmigrante organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para pausar temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a migrantes detenidos en Texas a El Salvador, según The New York Times.

Sin precedentes

"Literalmente en mitad de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (...) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda", argumentó Alito en un escrito.

"No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesaria o apropiada", agregó.

El mes pasado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno de Trump "facilitar" el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente bajo la misma ley.

Kilmar Ábrego García vivía en Maryland y había recibido un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en "peligro", en ese entonces afectado por la violencia de las pandillas.

Ábrego fue deportado a El Salvador a mediados de marzo, junto a presuntos miembros de la MS-13 y del Tren de Aragua, en medio de la ofensiva de Trump que busca acabar con el crimen transnacional mediante la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII.

El gobierno reconoció un "error administrativo" en el caso de Ábrego García, ya que gozaba de estatus de protección temporal desde 2019, lo que desencadenó una lucha judicial por su retorno a EEUU, que los demócratas buscan aprovechar.

Tras desestimar la petición del Ejecutivo de bloquear la decisión de la jueza federal Paula Xinis que ordena la repatriación del salvadoreño, el Tribunal Supremo indicó al gobierno que debía "facilitar" el regreso del inmigrante, aunque sin dictar ninguna orden concreta al respecto.

Sin embargo, Trump insiste en que Ábrego García es miembro de una banda criminal. El viernes el mandatario publicó en las redes sociales una foto en la que aparece un símbolo de una banda tatuado en sus nudillos.

Antecedentes criminales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha negado a liberar a quien considera un "criminal" y se encontraba recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) hasta que este viernes, 18 de abril, fue trasladado a otra prisión; mientras que Washington dice no tener autoridad para devolverlo a Maryland, donde residía.

Además, la administración republicana ha sacado a la luz informes policiales que sustentan su presunta vinculación con la MS-13, donde sería reconocido con el alias de "Chele". Los documentos judiciales también lo identifican como maltratador reincidente, según testimonios de su esposa.

Las autoridades federales sospechan que Ábrego García estaría involucrado en el tráfico de personas y de mano de obra en 2022, según un memorando interno al que obtuvo acceso The New York Post.

El 1 de diciembre de 2022, el salvadoreño habría sido detenido por la Patrulla de Carreteras de Tennessee tras conducir a exceso de velocidad, levantando sospechas de tráfico de personas por transportar a ocho pasajeros que viajaban de Texas a Maryland sin equipaje, de acuerdo con el informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Presunto traficante de personas

En ese momento, Ábrego García, quien "fingió hablar menos inglés del que era capaz e intentó desviar al oficial que lo encontró respondiendo preguntas con otras preguntas", dijo que el vehículo que conducía era de "su jefe" y que se dirigía a Temple Hills, en Maryland, "para realizar trabajos de construcción".

Tanto él como sus ocho pasajeros dieron la misma dirección al agente que los interrogó, levantando sospechas de que se trataba de "un incidente de trata de personas". Sin embargo, en esa oportunidad los oficiales dejaron a Abrego García sólo con una citación por conducir con una licencia vencida, reseñó The New York Post, que obtuvo también una fotografía en la que aparece Abrego García sentado en el asiento del conductor mientras el grupo era detenido por la policía estatal.

La decisión de no aprehenderlo la habrían tomado "las autoridades policiales federales y el FBI de la era Biden", indicó la Patrulla de Carreteras de Tennessee, que confirmó al medio neoyorquino haber detenido a Ábrego García por exceso de velocidad en 2022 y comunicado el caso a las autoridades competentes.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que Ábrego García no solo es un "miembro de una pandilla MS-13" y un "inmigrante ilegal", sino que también es un "presunto traficante de personas".

"Los hechos revelan que fue detenido con ocho personas en un auto en un viaje de tres días de Texas a Maryland sin equipaje (...) Los hechos hablan por sí solos y huelen a trata de personas", expresó a The New York Post.

Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión de extrema seguridad es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.

FUENTE: Con información de redes sociales / The New York Post / Fox News / Europa Press y AFP