
Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación del exestudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien llevaba más de tres meses detenido en un centro de inmigración en el estado de Luisiana. La detención del activista se había producido tras su participación como negociador en protestas propalestinas dentro del campus universitario. Khalil es residente permanente legal en el país y no enfrenta cargos penales.
La decisión judicial, anunciada el viernes 20 de junio en Nueva Jersey, se produjo en el contexto de un aumento de medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Estados Unidos contra estudiantes extranjeros que participaron en manifestaciones relacionadas con el conflicto en Gaza. La orden fue emitida por el juez Michael E. Farbiarz, quien ya había considerado previamente que la base legal utilizada para justificar la detención violaba derechos constitucionales.
Según informaron las agencias, Khalil fue arrestado el 8 de marzo en Manhattan por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su caso se convirtió en un ejemplo emblemático dentro de la ofensiva federal dirigida a restringir la participación política de no ciudadanos en actos considerados por el gobierno como contrarios a los intereses de la política exterior de Estados Unidos.
Mahmoud Khalil es un ciudadano egipcio y residente permanente legal en Estados Unidos desde 2024. Estudió relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Durante las protestas organizadas por estudiantes contra la ofensiva israelí en Gaza, Khalil se desempeñó como vocero y negociador del movimiento estudiantil, sin haber sido arrestado durante las manifestaciones en el campus.
De acuerdo con Reuters, fue arrestado el 8 de marzo de 2025 en su edificio de vivienda universitaria. El gobierno federal lo acusó de representar una amenaza a la política exterior estadounidense, basándose en una ley poco utilizada que otorga al secretario de Estado autoridad para solicitar la deportación de personas cuya presencia sea considerada perjudicial para esos intereses.
The New York Times informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Khalil debía ser expulsado del país por supuestamente promover discursos considerados antisemitas. No obstante, el propio Khalil rechazó públicamente tales acusaciones y afirmó en entrevistas previas con medios como CNN que condena tanto el antisemitismo como el racismo.

El juez Michael E. Farbiarz, del Tribunal de Distrito Federal en Newark, Nueva Jersey, declaró el 11 de junio que la detención de Khalil basada en motivos de política exterior era inconstitucional. Según Reuters, el magistrado consideró que la medida violaba el derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda.
A pesar de ese fallo, las autoridades federales presentó días después nuevas acusaciones alegando que Khalil había mentido en su solicitud para obtener la tarjeta de residencia (green card). Con base en esas acusaciones, se argumentó que su detención debía continuar, pero sin presentar evidencia sustancial, de acuerdo con la información publicada por AP.
El 20 de junio, Farbiarz desestimó también esas nuevas razones como base válida para mantenerlo bajo custodia y anunció su decisión de ordenar la liberación del detenido. El magistrado aún no definió si la liberación se realizará bajo fianza u otras condiciones. La información fue confirmada por AP, que cubrió la audiencia en Nueva Jersey.
Khalil fue trasladado tras su arresto a un centro de detención de ICE ubicado en la localidad de Jena, estado de Luisiana. Según The New York Times, su defensa argumentó que su ubicación complicaba la comunicación con su familia, compuesta por su esposa y un hijo recién nacido, ambos ciudadanos estadounidenses residentes en Nueva Jersey.
Los abogados del gobierno habían presentado una solicitud el 17 de junio para que la petición de liberación fuese transferida a un juez de inmigración, encargado del proceso administrativo sobre la deportación, en lugar de ser tratada por Farbiarz. No obstante, el juez mantuvo jurisdicción sobre la evaluación constitucional del arresto y resolvió ordenar la liberación.

Mahmoud Khalil continúa vinculado a un proceso administrativo que evaluará si puede ser deportado o no. La orden de liberación no implica la cancelación automática de ese procedimiento, según lo detallado por The New York Times. Su equipo legal continúa trabajando para asegurar que el proceso se lleve a cabo en condiciones que garanticen su debido proceso y respeto a sus derechos constitucionales.