Jueces de la Corte Suprema ponen en entredicho poderes plenarios del Congreso sobre territorios y tribus

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NUEVA YORK – Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos esta semana en el caso de un miembro de la Nación Apache Jicarilla reavivó el debate sobre los poderes plenarios del Congreso sobre territorios y tribus.

El máximo foro decidió no revisar el caso Veneno vs. Estados Unidos, en el que el acusado Quentin Veneno, Jr. impugnó la decisión de esa Corte en 1886 en el caso Estados Unidos vs. Kagama y la autoridad constitucional del Congreso para criminalizar la conducta de los indígenas en sus tierras.

El demandante objetó la constitucionalidad de la Ley de Delitos Graves de 1885, que otorga a los tribunales federales jurisdicción sobre ciertos delitos de este tipo cometidos por indígenas estadounidenses en reservas.

El Tribunal Supremo debía decidir si revocar o no la sentencia de Estados Unidos vs. Kagama “o al menos aclarar el fundamento constitucional sobre el cual el Congreso puede criminalizar dicha conducta”.

En Estados Unidos vs. Kagama, el Supremo estableció la constitucionalidad de la Ley de Delitos Graves y reafirmó que el Congreso tiene la facultad de legislar sobre los delitos cometidos por indígenas estadounidenses en reservas. En resumen, el fallo estableció que la soberanía de las tribus es limitada y que la autoridad federal va por encima.

En una opinión disidente este lunes a la decisión más reciente de la mayoría en el Supremo, los jueces conservadores Neil Gorsuch y Clarence Thomas pidieron que se reconsidere el caso Estados Unidos contra Kagama, fundamento a la doctrina de poderes plenos en el derecho federal indígena.

Los jueces entienden que los poderes plenarios exigen una reconsideración si el Supremo quiere dar coherencia al derecho y ser fiel a la Constitución.

De acuerdo con un análisis en CaseMine, “el voto particular disidente argumenta que el razonamiento de Kagama nunca tuvo fundamento constitucional; en cambio, se basó en supuestos obsoletos y perjudiciales que entran en conflicto con la estructura constitucional de poderes federales limitados y enumerados, y con la soberanía de las Naciones Nativas reconocida desde el caso Worcester contra Georgia (1832)”.

Los puntos clave en los que se basa el voto disidente son si la Constitución otorga al Congreso autoridad plena sobre los asuntos internos de las tribus nativas americanas; si la Ley de Delitos Graves se justifica bajo alguna facultad enumerada, incluyendo la Cláusula de Comercio con los Indios, la Cláusula de Territorios o doctrinas históricas como el descubrimiento de pruebas; y cómo debe la corte conciliar la tradición que afirma tanto la soberanía tribal como el control federal pleno, dos proposiciones que el voto disidente considera irreconciliables.

Aunque el caso no menciona directamente a los territorios de EE.UU., es decir, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa Americana y Puerto Rico, podría tener implicaciones en cuanto a la posición de estas jurisdicciones en el organigrama estadounidense.

A juicio de miembros de Right to Democracy, organización que batalla contra el marco colonial antidemocrático en los cinco territorios de EE.UU., es la primera vez que jueces de la Corte Suprema ponen en entredicho la idea de que el Congreso tenga poderes plenarios sobre dichas jurisdicciones.

La postura va mucho más allá de la crítica que Gorsuch realizó en 2022 en términos de los Casos Insulares.

En ese entonces, el juez indicó en una opinión, en el contexto de Estados Unidos vs. Vaello-Madero, que los casos de principios del siglo pasado eran “vergonzosos” y “racistas”, y que, por lo tanto, debían ser anulados.

Para Neil Weare, codirector de Right to Democracy, la postura reciente de los jueces es significativa.

“La idea de que el Congreso tenga un poder absoluto e irrestricto sobre los territorios estadounidenses no se fundamenta ni en el texto ni en la historia de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, la confianza del gobierno federal en este poder casi ilimitado nunca había sido cuestionada por ningún juez federal, y mucho menos por un magistrado de la Corte Suprema. Es significativo que ahora dos magistrados estén poniendo en tela de juicio esta autoridad irrestricta del Congreso sobre la población de los territorios estadounidenses”, indicó Weare mediante un comunicado de prensa.

La también codirectora de la entidad, Adi Martínez Román, catalogó como “oportuna” la posición de los juristas en el marco del aniversario 250 de la Delaración de Independencia de EE.UU.

“Los habitantes de los cinco territorios estadounidenses han rechazado sistemáticamente el ejercicio de un poder antidemocrático e ilimitado sobre nuestras comunidades por parte del gobierno federal. El repudio de este poder absoluto por parte de estos dos magistrados conservadores es oportuno, ya que nos acercamos al 250 aniversario de la Declaración de Independencia y reflexionamos sobre lo que significa el ‘consentimiento de los gobernados’ para los habitantes de los territorios estadounidenses a quienes se les ha negado la autodeterminación durante más de 125 años”, planteó la activista.

Los abogados sostienen que la opinión critica la idea de que la Cláusula de los Territorios pudiera servir de base para que el Congreso criminalizara la conducta de los indígenas en tierras tribales, al afirmar quedicha disposición solo otorga al Congreso la facultad de dictar “normas y reglamentos necesarios” para los “territorios… pertenecientes a los Estados Unidos”. Según los abogados, Gorsuch y Thomas concluyen que la Cláusula de los Territorios, “correctamente interpretada”, no “dota al gobierno federal de poder absoluto ni siquiera dentro de los propios territorios”.