Gobierno Petro confirmó a qué productos no se les subirán los impuestos pese a necesitar mucho dinero: “No se tocarán”

Un aumento en el precio de los productos de la canasta familiar dispararía la inflación - crédito Luisa González/Reuters

Un recorte de $10 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 marcó un punto de inflexión en la política fiscal de Colombia, mientras el Gobierno se prepara para presentar una reforma tributaria que, según el ministro de Hacienda Germán Ávila, será progresiva y no afectará la canasta familiar ni a los sectores de ingresos bajos y medios. El ajuste presupuestal busca cerrar un déficit fiscal estimado en $16 billones, en un contexto donde el salario mínimo se mantiene como eje de la política redistributiva.

El Congreso de la República aprobó el 16 de octubre el presupuesto nacional tras un proceso de negociación con el Ejecutivo. La propuesta inicial ascendía a $556,9 billones, incluyendo una ley de financiamiento por $26,3 billones. Sin embargo, tras varias sesiones y la intervención del presidente Gustavo Petro, ambas cifras se redujeron en $10 billones, con lo que se dejó la ley de financiamiento en $16,3 billones.

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Ávila describió el proceso como “un ejercicio constructivo y dinámico”, en el que el Gobierno mostró flexibilidad y los congresistas reconocieron la dificultad de hacer recortes mayores.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno - crédito Colprensa

El ministro explicó a El Espectador que la reforma tributaria —denominada por el Gobierno como ley de financiamiento— será presentada a finales de este mes, con el objetivo de que el Congreso la debata y apruebe antes de fin de año. El proyecto busca cerrar el faltante de $16 billones sin afectar los artículos fundamentales de la canasta familiar.

“La ley de financiamiento no tocará los artículos fundamentales de la canasta familiar. Será progresiva y concentrará el esfuerzo en los ingresos más altos”, afirmó el funcionario.

El ajuste presupuestal responde a la necesidad de estabilizar las cuentas públicas, afectadas principalmente por la deuda acumulada del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles —que suma cerca de $79 billones— y por el crédito de USD5.300 millones (aproximadamente $20 billones) contratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia. Para evitar recortes drásticos en el gasto público, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, permitiendo un ajuste en un periodo más amplio.

En el Congreso de la República no habría el ambiente necesario para sacar adelante la reforma tributaria - crédito Europa Press/Senado

Y es que el recorte en las aspiraciones de recaudo llevó al Ejecutivo a eliminar los puntos más sensibles de la propuesta original. También se suspendió el impuesto a la cerveza, aunque se mantendrán los incrementos al IVA sobre licores de alto contenido alcohólico. Respecto al impuesto al consumo para conciertos o eventos deportivos con boletas por encima de $500.000, Ávila indicó que el nivel de recaudo sería bajo y que se está considerando no incluirlo en la reforma.

Dentro de los tributos que sí se mantendrán, el ministro mencionó el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, el gravamen al sector financiero, algunos impuestos ambientales y los tributos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza.

“El sector financiero debe aportar más a las finanzas del país, sobre todo a los programas sociales que son altamente redistributivos”, sostuvo Ávila en entrevista con el medio.

El Gobierno busca recursos para financiar el PGN de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

En materia de renta, los cambios afectarán a quienes perciban ingresos superiores a $10,2 millones mensuales, con incrementos progresivos en la tarifa. “No se tocarán los estratos bajos ni los medios”, resaltó el funcionario. El impuesto al patrimonio también sufrirá modificaciones: quienes tengan bienes por encima de $2.000 millones enfrentarán un incremento en la tarifa, que será mayor a medida que aumente el patrimonio.

Ávila defendió la progresividad de la reforma y desestimó las advertencias de algunos analistas sobre un posible retiro de capitales. “Ese es un fantasma que aparece cuando se van a hacer tributaciones progresivas. Dicen que los que tienen grandes patrimonios e ingresos los van a retirar del país, pero en la realidad eso no sucede”, argumentó el ministro. Añadió que los niveles de tributación en Colombia son comparables e, incluso, menores a los de otras economías.

De igual forma, el impacto de la reforma sobre sectores específicos también fue abordado. Ávila aseguró que el sistema financiero no experimentará cambios estructurales, sino que deberá repartir una mayor proporción de sus ganancias. En cuanto al sector minero-energético, el ministro señaló que la transición energética global reducirá la demanda de combustibles fósiles, por lo que los ajustes tributarios responden a una tendencia internacional más que a una decisión local.

El aumento del salario mínimo beneficiará a más de tres millones de trabajadores colombianos - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

El ministro reiteró su llamado al Banco de la República para reducir la tasa de interés, que se sitúa en 9,25%, frente a una inflación de 5,18%. “Si queremos que la dinámica económica del país crezca a niveles razonables, necesitamos estímulos más fuertes”, declaró. Ávila sostiene que un mayor crecimiento económico permitirá resolver el problema del déficit fiscal.

Sobre los subsidios, el Gobierno avanzó en la eliminación del que habría para el diésel para vehículos particulares, como camionetas y autos de lujo, que representan cerca del 30% del consumo. Dicho ajuste no recaerá sobre los transportadores, sino sobre los generadores de carga, y dependerá de la evolución de los precios internacionales del crudo. En cuanto al crédito con el FMI, Ávila confirmó que en diciembre se pagará la última cuota y que Colombia no renovará la línea de crédito flexible, con lo que asegurará la independencia financiera del país.

Las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre un posible deterioro de las finanzas públicas fueron respondidas por el ministro con una defensa de la flexibilidad económica. “El problema del Carf es que está amarrado a una visión rígida. Para nosotros, el factor de referencia fundamental es garantizar el crecimiento económico. Si para eso hay que tener menores rigideces con respecto a la inflación o la regla fiscal, hay que ser flexibles”, argumentó Ávila a El Espectador.

El funcionario también cuestionó la creencia de que los incrementos al salario mínimo generan inflación o desempleo, y defendió la política de aumentos como motor de crecimiento y redistribución. Ante esto, remarcó que la economía colombiana registró tres años consecutivos de incrementos al salario mínimo sin que ello haya provocado inflación ni desempleo, con lo que reafirmó la apuesta del Gobierno por fortalecer la capacidad de gasto e ingreso de la población.