Gobierno endurece medidas contra la extorsión: Minjus evalúa escuchar las llamadas de los presos para frenar las mafias carcelarias

En medio del creciente descontento ciudadano por el avance de la inseguridad, el gobierno de transición de José Jerí evalúa implementar nuevas medidas de control en los centros penitenciarios, considerados uno de los principales focos desde donde operan cabecillas de organizaciones criminales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que el Ejecutivo analiza establecer un control más estricto sobre las comunicaciones telefónicas dentro de las cárceles del país. La propuesta, que contempla escuchar y supervisar las llamadas de los internos, está siendo evaluada en el Consejo de Ministros.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

Asimismo, adelantó que continuarán los operativos en los penales, acciones que en los últimos días evidenciaron las deficiencias del sistema penitenciario.

“Estamos evaluando esa posibilidad de realizar estas escuchas (a los reos). Estamos trabajando desde el Gobierno para lograr ello sin descanso. Usted nos ve trabajando junto al presidente Jerí, participando de las requisas, supervisiones. El entusiasmo y predisposición del gabinete para ello, estamos comprometidos en esta guerra contra la criminalidad”, declaró en RPP.

Walter Martínez, nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Martínez explicó que la iniciativa forma parte del estado de emergencia vigente en Lima y Callao y que se busca reforzar con nuevas medidas de seguridad en los penales. Según adelantó, se realizarán más requisas a nivel nacional con el fin de desarticular las redes delictivas que continúan operando desde prisión.

El Ejecutivo considera que el control de llamadas podría cortar los nexos entre los internos y las organizaciones criminales dedicadas a extorsiones, secuestros y estafas. No obstante, la medida aún se encuentra en evaluación y requerirá la coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio del Interior para definir los mecanismos legales y técnicos que permitan su implementación.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

Martínez destacó que los primeros resultados de las requisas son alentadores. “Los resultados son satisfactorios. Hemos trabajado, se han dado medidas, creo yo, adecuadas en esta guerra contra la criminalidad”, afirmó.

Sin embargo, las nuevas disposiciones no fueron bien recibidas por todos. Decenas de familiares de internos llegaron hasta la sede del INPE para protestar contra las recientes medidas implementadas en el marco del estado de emergencia. Los manifestantes denunciaron que las restricciones, como el corte obligatorio de cabello, el uso forzoso de uniformes y la suspensión de visitas, afectan incluso a reclusos sin sentencia firme y con buena conducta.

“Los internos no son responsables de las extorsiones. Los internos no son responsables de la muerte de los que está pasando afuera”, expresó una de las familiares, quien exigió el fin de lo que considera un trato humillante hacia los reclusos. Denunció, además, que los traslados injustificados y la falta de atención médica agravan la situación de los adultos mayores y enfermos.

Las familias aseguran que las medidas vulneran derechos básicos. Según señalaron, los penales más afectados son Lurigancho y Ancón, donde incluso los internos que estudian o trabajan han sido sometidos a estas disposiciones. “Esto es para tapar a los policías y lo ineptos que son para luchar contra las organizaciones que están en la calle”, reclamó una mujer.