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hace 1 mes
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WASHINGTON - El Ejecutivo estadounidense solicitó este viernes a la Corte Suprema que elimine las protecciones contra la deportación (TPS) de aproximadamente 300.000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos, lo que permitiría su expulsión.
En el escrito, la administración de Trump acusó a un tribunal inferior de haber incurrido en una “afrenta innecesaria” al emitir un fallo contrario.
La petición se relaciona con la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin de forma anticipada al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) concedido a los migrantes venezolanos, una medida aprobada previamente por Alejandro Mayorkas durante el gobierno de Joe Biden.
"Permanencia temporal"
La administración de Donald Trump argumentó que permitir la permanencia temporal de extranjeros resulta contrario al interés nacional y advirtió que podría generar un “efecto llamada”, incentivando la llegada de más migrantes venezolanos fuera de los actuales beneficiarios del TPS.
En la solicitud, Noem afirmó que la ampliación del estatus durante la administración anterior se basó en fundamentos “débiles e inadecuadamente desarrollados”, lo que, en su opinión, respalda el derecho de la actual administración a tomar decisiones informadas sobre las designaciones del TPS.
El documento también rechaza la decisión de instancias inferiores al considerar que “las acciones del Secretario respecto al TPS para Venezuela deben permanecer vigentes mientras se desarrolla el litigio”. En este sentido, la administración pidió al máximo tribunal restablecer la suspensión del fallo contrario, en espera de una resolución definitiva.
Argumentos
La argumentación añade que la primera orden emitida por la Corte Suprema en este caso no incluyó justificación alguna, algo que, según la administración, carece de relevancia.
“Ya sea que esas resoluciones consten de una sola línea o de varias páginas, desobedecerlas —como lo han hecho aquí los tribunales inferiores— resulta inaceptable”, señaló el equipo legal de Trump, citado por CNN.
Por su parte, jueces de tribunales inferiores han manifestado incertidumbre sobre cómo proceder en casos donde el Supremo ofrece escasa explicación en decisiones rápidas. “No nos están dando ninguna orientación”, declaró el juez federal James Wynn durante una audiencia reciente en un caso paralelo.
Un aspecto clave del litigio es determinar si Kristi Noem contaba con la autoridad legal para revocar el TPS antes de que expirara. El programa fue otorgado inicialmente en marzo de 2021 bajo la administración Biden en respuesta a la crisis venezolana y renovado en 2023. Dos semanas antes del traspaso de poder a Donald Trump, el gobierno de Biden prorrogó las protecciones por 18 meses adicionales.
Los demandantes, beneficiarios del TPS, han denunciado que la decisión de Noem vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige a las agencias seguir procesos formales al modificar políticas. También han cuestionado que la medida obedezca a motivaciones políticas y raciales.
FUENTE: Con información de Europa Press
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