Gobernadora de Puerto Rico dice que presupuesto balanceado que firmó adelanta salida de la Junta de Control Fiscal

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Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se atribuyó haber firmado este miércoles un presupuesto balanceado y que cumple con las exigencias de la Junta de Control Fiscal (FOMB), lo que no se lograba desde que el organismo inició su funcionamiento en la isla hace unos 10 años.

El presupuesto que asciende a $13,095,315,000 de dólares con cargo al Fondo General se usará para los gastos ordinarios de las agencias del gobierno estatal para el nuevo año fiscal que inicia el 1 de julio y culmina el 30 de junio de 2026.

De acuerdo con la Administración González Colón, la cifra de $13,095,315,000 es la cantidad más grande aprobada para el financiamiento del gobierno de Puerto Rico.

“Por primera vez en casi 10 años de la imposición de la Junta, Puerto Rico presenta el primer presupuesto balanceado, requisito principal para su eliminación. Este logro de nuestra administración es el paso crucial para que de una vez retomemos el control de nuestras finanzas. Este presupuesto responsable, que radicamos en conjunto con la Junta el pasado 14 de mayo, cumple con las exigencias de la Ley PROMESA y sobre todo, al pueblo, priorizando en los temas como la educación, seguridad pública, salud y así como el pago de las pensiones, entre otros”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón en un comunicado de prensa.

Con la firma de la resolución presupuestaria se cumplirá con obligaciones como el pago a los pensionados, el pago a los acreedores, las horas extras a los policías, los costos de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), partidas para los municipios, entre otras necesidades, menciónó la gobernadora.

“Mientras muchos hablan y critican, la pasada Asamblea Legislativa le quitó dinero a los municipios y no le asignó los recursos. Esta Asamblea Legislativa en conjunto con esta servidora, no solamente asignamos y aseguramos el presupuesto mayor para los municipios, sino para servicios de amas de llaves, cuidado de personas envejecientes, maltrato de menores, reclutamiento de 100 trabajadores social, al igual que el reclutamiento de 800 policías y trabajadores sociales para la Policía de Puerto Rico, entre muchas otras cosas entre muchas otras cosas que están incluidas en este presupuesto”, expuso la primera ejecutiva en un video junto a los principales líderes de Cámara y Senado.

Los $13,095,315,000 del Fondo General es la cantidad más grande aprobada para que el Gobierno pague por los servicios a ciudadanos.

A los $13,095,315 del Fondo General, se suman otras partidas que elevan el monto del presupuesto consolidado a $32,609,949.

$5,325,810 corresponden a fondos especiales estatales y $14,188,824 a fondos federales.

Junto al comunicado en el que anuncia la firma, la Administración divulgó la carta de la Junta que certifica que el presupuesto es uno que cumple con los parámetros del ente.

“La Junta de Supervisión emite por la presente esta certificación de cumplimiento para el Presupuesto Estatal Revisado para el Año Fiscal 2025 (el “Presupuesto Estatal Revisado para el Año Fiscal 2025”), elaborado conjuntamente y reflejando el consenso entre el Gobernador, la Legislatura y la Junta de Supervisión, de conformidad con la Sección 202(f) de la Ley Promesa”, lee parte de la misiva con fecha del martes.

A juicio de la gobernadora, lo logrado es un paso adelante para salir del organismo federal que lleva administrando las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 y encaminando planes de austeridad por disposición congresional.

“Coincidimos con la apreciación de la Junta Fiscal de que este presupuesto nos pone en posición de ‘pararnos sobre nuestros pies’ y poder continuar mejorando la condición de nuestro erario, para poder pronto cumplir con el otro hito que requiere PROMESA para la salida de la JSF: que Puerto Rico regrese a los mercados de bonos”, añadió la gobernadora en el comunicado.

La Ley PROMESA, aprobada de manera bipartidista en el Congreso, fue la que creó la Junta de Control Fiscal.

El estatuto establece que la Junta estaría más cerca de salir de la isla una vez se aprueben cuatro presupuestos balanceados y el territorio logre reingresar al mercado de bonos. Sin embargo, la interpretación de presupuestos balanceados varía depende quién la haga.

Aunque ha habido iniciativas legislativas a nivel congresional para adelantar la salida de la Junta como la presentada por el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, los proyectos de ley no han completado el proceso legislativo.

En específico, bajo la “Ley de Alivio Territorial bajo la Transición Sostenible para Puerto Rico” o la Ley TRUST, la Junta tendría que abandonar Puerto Rico no más tarde de 90 días después de la certificación de dos presupuestos equilibrados. La legislación ordenaba la reducción del número requerido de presupuestos equilibrados de cuatro a dos años fiscales consecutivos.

Además, eliminaba el requisito de que el gobierno debía lograr acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer sus necesidades de financiamiento.

La más reciente versión de la legislación fue reintroducida en el verano del 2023.

Antes de firmar el presupuesto, la gobernadora insistió, en una conferencia de prensa en Cataño, en que su gobierno tiene como prioridad acelerar la salida de la Junta.

“Está en la plataforma de gobierno que nosotros queremos salir de la intervención de la JSF. Por eso las acciones que estamos tomando de hacer un presupuesto balanceado. Hemos dejado las peleas del pasado de otras administraciones. Nos sentamos (y) nos pusimos de acuerdo (en la aprobación del presupuesto)”, afirmó la primera mandataria.

Argumentó que también está haciendo el reclamo a nivel del Congreso, ya que la Junta interviene en asuntos que no debería.

“Yo estoy en el récord, lo planteé en la campaña, está en el plan de gobierno. Queremos que (la Junta) salga inmediatamente, y ese reclamo lo vamos a hacer y yo lo estoy pidiendo también al Congreso“, añadió la gobernadora según citó El Nuevo Día.

¿Qué dice la Resolución del Senado 236?

En ese sentido, la gobernadora resaltó la Resolución del Senado 236.

Mediante la misma, se expresó el rechazo a la permanencia “arbitraria” de la Junta más allá de lo dispuesto en la Ley PROMESA. El documento además reclama acción inmediata del Congreso y del presidente de los Estados Unidos para la disolución del organismo.

El texto de la resolución indica que, “en un claro intento por perpetuar su existencia y confundir sobre el cumplimiento de Puerto Rico con los objetivos de la ley, la Junta ha extendido y distorsionado arbitrariamente estos requisitos”.

“La Junta ha desarrollado lo que denomina ‘50 acciones’ dentro de su Plan Fiscal, que van mucho más allá de lo estipulado en PROMESA. Por ejemplo, la Junta ha impuesto la necesidad de que Puerto Rico recupere una calificación crediticia de ‘grado de inversión’, un requisito que no figura en la Sección 209 de la ley. Esta interpretación expansiva, que se desvía de la ley PROMESA, le otorgaría a la FOMB un control considerable sobre los criterios para su propia salida, lo que podría prolongar su mandato de manera indefinida y genera la percepción de un ‘objetivo móvil’ para el gobierno de Puerto Rico”, argumenta el recurso legislativo.

La resolución plantea que, de manera “flagrante”, la Junta exige una disciplina fiscal para los gobiernos municipales, las agencias del Estado y para la Asamblea Legislativa que no se impone a sí misma y le ha costado a Puerto Rico más de lo que ha resuelto. “Tal proceder evidencia una estrategia para garantizar su permanencia en la isla, en contravención del propósito transitorio de su creación”, plantean cinco senadores del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) más el independiente Eliezer Molina que se sumó a la radicación.

El documento además indica que la Junta ha reconocido que el proceso ha sido “uno de los más caros jamás vistos, con honorarios profesionales proyectados a exceder $1,000 millones“. De hecho, los gastos legales y de asesoramiento de la Junta de Supervisión por sí solos ya superan los uno punto cinco mil millones de dólares”, especifica la resolución.

También se señala a la Junta por haber fracasado “estrepitosamente” en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) en la que se encuentra inmersa.

“La deuda de PREPA, que excede los $10,000 millones, sigue siendo un obstáculo crítico y sin resolver. La Junta de Supervisión presentó un Plan de Ajuste propuesto en diciembre de 2022, no obstante el Tribunal de Distrito de EE. UU. ha dirigido a las partes a regresar a mediación, dejando el proceso estancado. Este fracaso impacta directamente la capacidad de la Isla para reingresar plenamente a los mercados y utilizar eficazmente los fondos federales de recuperación para infraestructura esencial. Solo el 8% de los $23.4 mil millones asignados por FEMA (Administración Federal para el Manejo de Emergencias) para PREPA ha sido utilizado, una tasa significativamente más baja que en otras recuperaciones de huracanes importantes, principalmente porque el modelo de reembolso de FEMA requiere capital inicial que PREPA, en bancarrota prologada por la Junta, no puede asegurar. Es inaceptable que, a pesar de los vastos recursos y el tiempo transcurrido, la Junta no haya podido resolver esta reestructuración crucial, lo que subraya su ineficacia en este aspecto fundamental”, expusieron los senadores.

Líderes del PPD denuncian recortes

Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado y la Cámara de Representantes expresaron reservas al contenido del presupuesto el lunes, en una conferencia de prensa, antes de que fuera presentado.

Liderados por el portavoz senatorial popular, Luis Javier Hernández, plantearon que el presupuesto propuesto tenía recortes significativos en áreas críticas como seguridad, educación, salud y para los municipios.

“Nuevamente, la gobernadora Jennifer González, dice una cosa públicamente y en la ejecución hace otra”, declaró Hernández.

En referencia a los fondos para la Policía, Héctor Ferrer Santiago, portavoz del PPD en la Cámara, dijo que, durante el Mensaje de Estado, la gobernadora anunció la asignación de más dinero para el reclutamiento de cadetes.

Sin embargo, supuestamente, se le recortaron $3.6 millones para gastos de la Academia de la Policía.

“También hay menos dinero para la compra de equipo en la Policía, concretamente $2.6 millones menos que el año fiscal vigente”, alegó.

De acuerdo con Ferrer Santiago, el nuevo presupuesto además recorta $1.1 millones para horas extras a los oficiales.

En cuanto al Departamento de Bomberos, los miembros del PPD cuestionaron que la asignación para el próximo año fiscal es “exactamente igual” que el vigente.

Hernández Ortiz destacó, además, que en el nuevo presupuesto se recortan $6 millones para salarios al Programa de Servicios Educativos Integrales a Estudiantes de Educación Especial. “Esto es sin explicación ninguna. ¿A qué obedece esa disminución? ¿Cuál puede ser el efecto de dicho recorte? ¿Cómo podrían verse afectados los servicios para la población de Educación Especial?”, criticó.

Por su parte, el alcalde de Aguada y secretario de la Junta de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Christian Cortés, argumentó que, aunque la gobernadora anunció un rescate municipal de $35 millones, terminaron aprobando en la Cámara solo $30 millones, que supuestamente la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no sabe cómo los va a distribuir.